Nacionales
El PRM elegió en el 2020 el primer diputado condenado por narco.
Santo Domingo.-La condena por narcotráfico contra el diputado del PRM Miguel Gutiérrez lo convierte en el primer diputado dominicano que recibe una condena de este tipo.
La decisión del juez Roy Altman, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, condena a Gutiérrez Díaz a 192 meses de prisión, unos 16 años, por encontrarlo culpable de dos cargos. El primero, conspirar para distribuir sustancia controladas (cocaína) «sabiendo, con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada a los Estados Unidos». Y el segundo: conspiración para cometer lavado de dinero.
La pena conlleva 192 meses por cada delito, aunque se cumplen de manera concurrente, según lo especificado en la sentencia, dictada el pasado 3 de abril de este 2024.
Gutiérrez Díaz fue detenido en mayo de 2021, apenas un año de ser electo diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La información que sirvió entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indicaba que la detención, producida en el aeropuerto de Miami, se hacía con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. También que el operativo había sido realizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con la DNCD y la Procuraduría General de la República.
Admitió entonces haber distribuido más de 5,000 kilogramos de «una mezcla que contenía cocaína» pese a saber que era una sustancia controlada y que violaría las leyes de Estados Unidos.
Tras el arresto, seguido de la detención de otras tres personas en Estados Unidos, incluido un hermano del legislador, la Cámara de Diputados mantuvo por más de dos años vacía esa curul, pero en septiembre del año pasado acogió la renuncia que un mes antes le presentó el exdiputado.
Un empresario
Mientras en Estados Unidos le investigaban por narcotráfico, en Santiago al hombre se le reconocía como un destacado empresario del área inmobiliaria y de la construcción. Figuraba como propietario de las empresas Constructora Gutiérrez Díaz SRL, Inmobiliaria La Hacienda, Migudi Inversiones SRL y de MAGD Corp, todas con oficinas en la plaza Haché, de esa ciudad. También dirigía la fundación Red de Servicio Social, mediante la cual patrocinaba actividades deportivas, culturales, de salud y medioambiente.
De dólares le serán decomisados al exlegislador condenado en Estados Unidos.
Kilogramos de droga habría distribuido Miguel Gutiérrez .
Con la sentencia del jueves pasado, Gutiérrez Díaz queda ahora bajo la custodia de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, a la que el juez Altman ha recomendado recluirlo en una instalación lo más cerca posible del sur de Florida o en la misma instalación que su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en Yazoo City Medium FCI, en el Distrito Sur de Mississippi.
Decomiso
El juez también ordenó el decomiso de bienes al exdiputado por valor de 2,171,000 dólares, que serían un pendiente de los 13.5 millones que el exlegislador aceptó entregar al gobierno de Estados Unidos por la comisión de los hechos imputados.
Según el acuerdo al que arribó con la fiscalía, el decomiso de dinero abarca 7.5 millones de dólares por el cargo de narcotráfico y otros 6.0 millones por lavado de activos.
Al exlegislador también le serán decomisados un Rolex Cellini Moonphace (valorado en 1.7 millones de pesos), un Pink Rolex Sky Dweller (que puede costar hasta 2.4 millones de pesos), una cadena de eslabones en oro de 14 quilates.
También incautarán unos 369,965.52 dólares mantenidos en la Cuenta Fiduciaria de Akrivis Law por el demandado representando los fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de bienes de una propiedad ubicada en 9443 SW 123rd Terrace, Miami, Florida 33176.
En cajas para contenedores
Como parte de la acusación contra Miguel Gutiérrez Díaz, la fiscalía indicó que la droga que distribuyó era escondida en cajas de cartón que luego se utilizaban para transportar productos en contenedores con destino a Miami.»A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de las cajas», agrega el documento sobre el método de ocultación para el envío de la sustancia desde la República Dominicana.Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era «obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos».
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Tres millones de pesos habría pagado Daneri Antonia Pérez Espinal habría para que le dieran muerte a su esposo, según lo informo el Ministerio Publico.
Así lo establece el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público en contra de la señora, imputada por la muerte a tiros de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años de edad, durante un hecho ocurrido el 18 de septiembre del año 2020. La mujer pasó de víctima a cómplice del crimen el mes pasado cuando apresada en el Palacio de Justicia de Santiago donde se conoce el caso, luego de que el Minsterio Público, durante la investigación, descubriera que la presunta implicación de la señora en la muerte de su esposo.
El dispositivo indica que la señora, de 68 años, descubrió el adulterio luego de darle seguimiento a su esposo durante varios días.
Relata que, tras comprobar la relación extramarital de su pareja sentimental, la imputada Daneri Antonia Pérez Espinal instruyó a su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, para darle muerte a Rodríguez Paula.
El expediente indica que la señora le proporcionó a su pariente los medios económicos para materializar la acción criminal.
Depositó tres millones de pesos
El Ministerio Público señala que Pérez Espinal depositó en una cuenta de banco de su familiar tres millones doscientos treinta mil pesos.
De dicho monto, Fabricio le habría pagado RD$250 mil a Joan Giancarlos Acosta, conocido como «Café», para cometer el hecho.
Las autoridades identificaron al presunto pistolero al darle seguimiento, mediante las cámaras de seguridad que están instaladas en los alrededores de la escena del crimen, en Tamboril, hasta la zona Sur de Santiago, lugar donde se dirigió después del ataque a tiros.
Apresamiento de la acusada
El arresto de Daneri Antonia Pérez Espinal se produjo el 11 de abril pasado al salir del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, donde era presentado el presunto sicario que mató a su esposo. Varios días después, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso en su contra arresto domiciliario.
Mientras que Fabricio Antonio Pérez cumple prisión preventiva por el caso.
Pruebas del Ministerio Público
El Ministerio Público asegura que cuenta con suficientes pruebas documentales y testimoniales que comprometen penalmente a los tres imputados.
En el documento acusatorio señala que tienen el comprobante del depósito millonario que hizo Daneri Antonia Pérez Espinal a su familiar.
Además, cuenta con las declaraciones del sobrino en que supuestamente confiesa la participación de cada uno de los tres procesados.
A «Café» le ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG-200, chasis LRPRPLV04KA201035, color rojo, la cual utilizó para desplazarse cuando alegadamente ejecutó el acto.
Calificación jurídicaEl Ministerio Publico otorgó la calificación jurídica provisional por violación de los tipos penales descritos en los artículos 265, 266,295, 296, 297 y 302 del Código Penal, consistente en asociación de malhechores y asesinato en perjuicio de la víctima Julio César Rodríguez Paula.
El hecho
El hoy fallecido Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros por un hombre desde una motocicleta, cuando la pareja viajaba a bordo de una yipeta Honda CRV, blanca, por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago. La hoy imputada resultó herida de bala durante el ataque.
Santo Domingo, R.D.-Una supuesta red criminal que se dedicaba a ingresar al país a través de la franja norte de la frontera a haitianos que pagaban entre 8 y 17 mil pesos para esos fines fue desmantelada en Santiago por las autoridades.
Así lo establece la acusación presentada en contra de nueve personas vinculadas a la alegada estructura, integrada por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Contra el grupo la fiscalía y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso.
El órgano acusador establece que esta organización transnacional traficaba, especialmente con ciudadanos haitianos, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera Norte del país con la vecina nación.
Apresan en República Dominicana a miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití
Indica que asentaban a los indocumentados en diferentes puntos de la provincia Santiago.
Durante la investigación las autoridades identificaron la ruta que la red utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.
Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la organización empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros en condición migratoria irregular, por la estructura, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».
Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.