Editorial
Miguel Vargas Maldonado en conflicto con su conciencia y con el país.
Cada día que pasa queda demostrado que en la República Dominicana hay toda una cadena de corrupción y complicidad que comienza en el Palacio Nacional y que penetra a la Justicia, el Congreso Nacional, los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, los partidos políticos, los empresarios, los medios de comunicación y que luego se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.
La revelación de la convicta Sobeida Félix Morel, no sólo constituye una demostración de la existencia de esa cadena de complicidad, sino también de que la misma se maneja con un código del silencio, mediante el cual sólo se sabe lo que a la propia instancia superior de la organización mafiosa le interesa que salga a la luz pública por la razón que sea.
De la revelación de Sobeida Félix Morel se deducen varias cosas, primero que los partidos políticos reciben regularmente dinero del bajo mundo, de organizaciones de narcotraficantes y segundo que el sistema judicial está contaminado de arriba hasta abajo e incluso con jueces de la Suprema Corte de Justicia que han llegado a esas posiciones sobre la base de acuerdos políticos y con poderosos narcotraficantes que controlan el mercado de las drogas en la República Dominicana.
El ex-fiscal Alejandro Moscoso Segarra y ahora juez de la Suprema Corte de Justicia debe ser investigado porque evidentemente que responde a esa cadena de complicidad de que hablamos, que además involucra a líderes políticos de la oposición y a personajes importantes del Gobierno, porque sólo así se podría entender que ese representante del ministerio público llegara a ese acuerdo con los procesados por sus vínculos con Figueroa Agosto y que el mismo se manejara hasta ahora como todo un secreto de Estado, porque ni siquiera se interrogó a los implicados por Sobeida Félix Moral, parece que por órdenes superiores y por razones políticas.
La complicidad de este ex-fiscal e incluso la forma como llegó a la Suprema Corte de Justicia, sobre la base del apoyo de uno de los señalados como beneficiarios de donaciones del narcotraficante puertorriqueño, y nos referimos muy concretamente al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien, según Sobeida Félix, recibió alrededor de 300 mil dólares y una yipeta de su compañero sentimental, ahora recluido en una cárcel federal de los Estados Unidos, nos dice hasta dónde las llamadas altas cortes están seriamente contaminadas.
Miguel Vargas Maldonado ya debe darle un respiro a la sociedad dominicana, dado que toda su bellaquería lo que hace es enlodar más a un partido como el Revolucionario Dominicano, que ha dado demostraciones suficientes de que carece de moral y de escrúpulo para manejar el patrimonio público, lo cual también es propio del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano.
Los tres operan como instancias mafiosas que con sus acciones y su forma de hacer política dañan a todos y cada uno de los dominicanos, a la Nación en el sentido más amplio de la palabra.
Este reclamo se inscribe en el marco de lo que debía ser, pero que jamás será en el contexto de la falta de institucionalidad y la impunidad que prevalece en el país, por lo que todo se queda en una simple aspiración.
Miguel Vargas Maldonado debe abandonar la política y concomitantemente ponerse a disposición de los tribunales competentes de la República Dominicana para que demuestre su inocencia o se compruebe su culpabilidad.
Ese es su deber por lo menos con sus propios compañeros, no lo que militan en una corriente distinta a la de él, sino a los que hacen causa común con su quehacer político ante tan grave imputación.
Y tiene que ser así porque este rufián de la política, no sólo recibió el dinero de Figueroa Agosto, sino también que se apropió de él, lo que implica la comisión de otro delito que tiene que ver con el manejo de fondos a través de donaciones ilegales que no reportó a su partido.
En tales circunstancias es importante apelar al método del Estado norteamericano, consistente en que si una persona se robó un peso perteneciente al patrimonio público, se asume que ese proceder es una norma en ese ciudadano y en consecuencia se le atribuyen otros delitos del mismo carácter para que sea el imputado quien demuestre lo contrario.
Esto así, porque entonces habría que determinar a cuántos narcotraficantes y delincuentes del bajo mundo Vargas Maldonado le aceptó donaciones que nunca reportó a sus propios compañeros y cuáles otras transacciones ilegales habría consumado el presidente del Partido Revolucionario Dominica no?
Toda la sociedad dominicana, incluyendo las organizaciones de profesionales, empresariales y sociales en sentido general, deben iniciar desde ya una cruzada para que no sólo Miguel Vargas Maldonado, sino también otros involucrados sean investigados y luego de comprobada su responsabilidad con los hechos imputados, someterlos a los tribunales ordinarios para dar un ejemplo, para sentar por lo menos un precedente de castigo a los que usan los partidos para delinquir.
Por lo menos esa sería la respuesta de una sociedad civilizada y con algún nivel de institucionalidad.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo