Internacionales
Miles de ciudadanos dan el último adiós a Isabel II por las calles de Londres
Mandatarios de todo el mundo acompañan a la familia real británica en el funeral de Estado de la Reina
Londres.-Representantes de repúblicas y monarquías de todo el mundo se han congregado este lunes en la abadía de Westminster para despedir a quien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, definió certeramente como “la Reina”. La muerte de la monarca más respetada y conocida, Isabel II, ha concentrado durante 11 días la atención de medio planeta en el Reino Unido, en Londres, en el nuevo rey, Carlos III, y en el periodo de incertidumbre que se abre en ese país después de cerrar la puerta a 70 años de era isabelina.
El funeral de Estado ha reunido en la abadía al presidente de Estados Unidos, Joe Biden; al de Francia, Macron; al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; a la de Nueva Zelanda, Jacinta Arden; el presidente de Italia, Sergio Mattarella, el de Alemania, Frank Walter Steinmeier, o el de Brasil, Jair Bolsonaro. Y a miembros de familias reales europeas como Harald V de Noruega, Margarita II de Dinamarca o Felipe VI. El Rey, acompañado de doña Letizia, ha compartido finalmente asiento, frente al féretro de Isabel II, junto al emérito Juan Carlos I y su esposa doña Sofía.
A las 10:44 hora local (11:44, hora peninsular española), Carlos III y sus hijos, Guillermo y Enrique, llegaban a Westminster Hall. Allí se había instalado la capilla ardiente de la monarca fallecida, y durante cuatro días, casi un millón de ciudadanos habían desfilado en su interior para despedirse de Isabel II. El féretro era transportado hasta el armón militar que lo conduciría a la abadía, a apenas 200 metros de allí. Un total de 142 miembros de la Marina Real se han encargado de arrastrar un carro de más de tres toneladas de peso.
Ya aguardaban dentro de la iglesia los 2.000 invitados, que, además de dignatarios internacionales, incluían a miembros y exmiembros del Gobierno británico, a la primera ministra, Liz Truss, y a ex primeros ministros como Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Tony Blair, Gordon Brown o John Major, así como a parlamentarios, miembros del poder judicial y representantes de las instituciones civiles.
“Su Majestad declaró, en unas palabras ya famosas, cuando cumplió 21 años, que dedicaría toda su vida al servicio de la nación y de la Commonwealth [Comunidad de Naciones]. Pocas veces una promesa se ha cumplido tan bien”, ha dicho el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en el sermón principal de un servicio religioso de una hora de duración, en el que se han sucedido las lecturas del Nuevo y Viejo Testamento (la primera ministra ha leído una de ellas) e himnos religiosos interpretados por el coro de la capilla. Alguno de ellos, como el Salmo 34, compuesto en 1953 para la ceremonia de coronación de Isabel II, que tuvo lugar en la misma abadía de Westminster. Otros, compuestos para el funeral, como la pieza escrita por el músico escocés James Macmillan, basada en la carta de San Pablo a los romanos.
A las 11:58 (12:58, horario peninsular español), todo ha quedado en silencio. Dos minutos de respeto para la fallecida monarca, dentro de la abadía y por todo el Reino Unido. Hasta que ha sonado el himno nacional, seguido de las notas del gaitero privado de Isabel II, desde un balcón en la nave central.
Cortejo fúnebre
Comenzaba a partir de ahí el cortejo fúnebre que llevaría el féretro de la monarca hasta el Arco de Wellington, un largo recorrido por el centro de Londres, plagado por las decenas de miles de ciudadanos que esperaban desde muchas horas antes para preservar su sitio, y poder también ellos despedirse de Isabel II. Sobre el ataúd, transportado por el armón militar, reposaban la Corona de Estado, el Orbe y el Cetro Imperial, y una corona de flores, parte de cuyo follaje correspondía al de las flores del buqué de novia de Isabel II, de 1947. Algunas de ellas fueron trasplantadas después de la ceremonia. Sobre la corona de flores, una nota personal del rey Carlos III. “In loving and devoted memory. Charles R.” (En recuerdo amoroso y devoto. Carlos Rey).
Más de 3.000 militares han participado en un funeral de Estado solo comparable en magnitud al de Jorge VI, en 1952. Con uniforme de gala (excepto el príncipe Andrés, despojado de su representatividad pública por su vinculación con el escándalo Epstein), Carlos III y sus hermanos (Ana y Eduardo), han desfilado detrás del armón militar y el féretro, mientras recorría las calles de Londres.
La reina consorte, Camila, junto a Catalina, la princesa de Gales, ha seguido al cortejo a bordo de un Rolls Royce de la casa real.
Entre todos los cuerpos militares que han formado parte del cortejo destacaban miembros de la Policía Montada del Canadá, uno de los países más relevantes de la Commonwealth, cuya Jefa de Estado fue Isabel II y ahora lo es Carlos III. Detrás de ellos, miembros del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), una de las instituciones más veneradas por la ciudadanía británica.
A lo largo de la mañana, no ha dejado de sonar el Big Ben, el legendario reloj que corona la Torre Isabel, en el Palacio de Westminster, y es el icono de la ciudad de Londres. 96 campanadas, una por cada uno de los años de Isabel II.
El cortejo ha tardado algo más de una hora, al ritmo constante de marchas fúnebres interpretadas por las bandas militares, en recorrer la distancia entre la abadía de Westminster y el Arco de Wellington. Allí, el féretro ha sido transportado a un coche fúnebre, para viajar hasta el castillo de Windsor, el lugar de residencia de Isabel II durante los largos meses de la pandemia. El himno nacional despedía de Londres a la monarca, mientras el rey y sus hermanos lo despedían con un saludo militar.
A primera hora de la tarde, después de una última procesión fúnebre de unos cinco kilómetros, hasta la capilla de San Jorge, se celebraba un servicio religioso público definitivo, al que Carlos III había invitado a los reyes de España. Doña Letizia no pudo estar presente, porque tenía programado a esa hora un vuelo a Nueva York desde Londres, para asistir a eventos en torno a la Asamblea General de la ONU. Sí ha asistido, acompañando a su hijo, doña Sofía. Ambos han compartido el servicio religioso en uno de los bancos del coro. El rey emérito ha declinado la invitación.
A última hora de la tarde, la familia real británica celebraba su propia ceremonia de despedida a la reina, la madre, la abuela y la bisabuela de todos ellos. Carlos III era el encargado de esparcir sobre el ataúd el primer puñado de tierra, antes de que Isabel II reposara finalmente junto a su esposo, Felipe de Edimburgo.
elpais.com
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.