Nacionales
Miles de dominicanos visitan piscinas temporales frente al mar
AP. Miles de habitantes de barrios pobres de la capital dominicana comenzaron el jueves a disfrutar de una playa artificial instalada temporalmente en el malecón de Santo Domingo, frente al mar, donde 12 piscinas sustituyen el acceso al océano mientras continúa una polémica porque la ciudad está afectada por el racionamiento de agua potable.
“Estoy encantada”, dijo a The Associated Press Giralda López, una empleada doméstica de 43 años, mientras observaba a su hija, de 10, jugar en una de las piscinas para niños.
López llegó a la playa artificial al mediodía, luego de cumplir su jornada laboral, y se disponía a disfrutar del sol y la arena llevada de otras playas antes de volver por la tarde a su casa, en el barrio Los Tres Ríos, que como gran parte de la capital y municipios aledaños ha estado afectado por continuos cortes en el suministro de agua potable.
Alejando Montás, director de la institución que suministra el agua, cuestionó esta semana la instalación de las piscinas, al insistir que debido a un periodo de sequía, los ríos y embalses están en sus niveles más bajo de los últimos años.
La oficina nacional de meteorología recomendó el jueves en un boletín “hacer uso racional del agua” debido al “déficit de lluvias” de los últimos meses, especialmente en el litoral sur, donde se ubica la capital.
Como consecuencia a la sequía, el suministro de agua potable fue reducido en 20% en las dos últimas semanas, provocando que en algunos barrios populares el líquido sólo sea distribuido con camiones cisterna.
Pese a la sequía, la alcaldía de la capital instaló en el malecón por tercer año consecutivo una playa artificial de 300 metros de largo con 12 piscinas a fin de que los habitantes de los barrios pobres que no pueden viajar a los balnearios de renombre internacional, como Punta Cana, Bávaro o Caberete, puedan darse un chapuzón durante el feriado de Semana Santa.
La capital y el municipio vecino Santo Domingo Este tienen 30 kilómetros de litoral, pero su única playa natural, Güibia, fue cerrada durante el asueto de Semana Santa porque los grupos de socorro la consideran peligrosa para los bañistas.
Frente a Güibia, la alcaldía esparció 1.200 metros cúbicos de arena sobre el pavimento de la avenida del malecón y sobre ella colocó las 12 piscinas circulares, palmas y camastros.
Isamal Báez llevó a sus dos hijas, de cinco años y de ochos meses, a la playa artificial junto con sus primas, cuñadas y vecinas. Aunque tiene previsto ir con su esposo y sus hijas el sábado a la playa de Juan Dolio, 65 kilómetros al este de la capital, quería disfrutar el jueves de un chapuzón ya que en el barrio donde vive, en Villa Mella, no hay piscinas públicas.
Báez, de 22 años, llevó espagueti y pollo frito para el almuerzo y explicó que además de Boca Chica y Juan Dolio, los dos balnearios más cercanos de la capital, no conoce ninguna otra playa turística de este país insular. Sólo ha visto fotos y ha escuchado de Punta Cana, que cada año recibe a más de 2,5 millones de viajeros extranjeros.
Roberto Salcedo, alcalde de la capital y cuya fotografía adorna todas las piscinas de la playa artificial, había criticado el miércoles que la escasez de agua sólo afecte a los más pobres, mientras que los habitantes de las zonas residenciales mantienen el uso de sus piscinas y jacuzzis, pese a la sequía.
“Debe haber más de 50.000 jacuzzis (en la capital) y nadie toma eso en cuenta”, insistió el miércoles Salcedo al justificar su proyecto.
Explico que las piscinas, con capacidad en conjunto de 272.500 litros de agua (72.000 galones), no fueron llenadas con el servicio de agua potable, sino con los pozos subterráneos que tiene la alcaldía en sus instalaciones.
Según las estimaciones del ayuntamiento, unas 500.000 personas visitarán la playa artificial, donde además de las piscinas hay un gimnasio al aire libre, actividades deportivas y culturales.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.