Latinoamericanas
Gobierno Chileno decreta estado de emergencia en Santiago por violentas protestas
Efe
Santiago de Chile. El Gobierno chileno decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago que este viernes fueron escenario de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.
La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.
Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.
Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.
En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM. “Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia.
El objetivo es muy simple pero muy profundo- asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos”, señaló el presidente por medio de una cadena nacional. Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.
He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad”, dijo Ituarriaga en rueda de prensa.
“Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, agregó. Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.
Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.
Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.
En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano. Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas. El Metro de Santiago es una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno.
El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.
Latinoamericanas
El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios
Latinoamericanas
Brasil irá a segunda vuelta: Bolsonaro aventaja a Lula en una cerrada elección presidencial
Agencia EFE
BRASILIA.– Brasil tendrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República, luego de que ninguno de los principales candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo.
El senador Flávio Bolsonaro se mantenía al frente del escrutinio sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia entre ambos comenzó a reducirse a medida que avanzaba el conteo de los votos.
Con aproximadamente el 85 % de los sufragios contabilizados, Bolsonaro registraba un 48.47 %, frente al 43.49 % obtenido por Lula, resultados que dejaban a ambos por debajo del porcentaje requerido para ganar directamente la Presidencia.
Posteriormente, con más del 90 % del escrutinio procesado, la ventaja del senador se había estrechado todavía más, colocándose en torno al 47.8 %, mientras Lula superaba el 44 %, confirmando el escenario de una segunda ronda electoral.
De acuerdo con las normas electorales brasileñas, cuando ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados deben enfrentarse nuevamente. El Tribunal Superior Electoral establece que la segunda ronda de las elecciones de 2026 será celebrada el domingo 25 de octubre.
Una elección marcada por la polarización
La contienda enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados.
Lula da Silva busca permanecer en el Palacio del Planalto y alcanzar un nuevo mandato presidencial, mientras Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez encabezado por una nueva generación de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
La elección ha mostrado nuevamente la profunda división política de Brasil, con temas como la economía, el costo de vida, la seguridad ciudadana, la corrupción y las relaciones internacionales ocupando buena parte del debate electoral.
Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo, en las que también fueron escogidos gobernadores, senadores y representantes legislativos.
Bolsonaro conserva la delantera, pero Lula acorta distancia
Durante las primeras horas del escrutinio, Bolsonaro llegó a mantener una ventaja considerable sobre Lula. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse conforme fueron incorporándose los resultados procedentes de distintas regiones del país.
El comportamiento del conteo convirtió la noche electoral en una jornada de expectativa, mientras las campañas de ambos candidatos seguían atentamente la actualización de los datos oficiales.
La Justicia Electoral brasileña inició la divulgación de los resultados después de las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, procesando progresivamente los boletines enviados desde los centros de votación del país y del exterior.
Brasil decidirá el 25 de octubre
Con la segunda vuelta confirmada, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrán ahora aproximadamente tres semanas para buscar el respaldo de los electores que apoyaron a otras candidaturas y de quienes todavía no tienen una decisión definitiva.
El resultado convierte el 25 de octubre de 2026 en una fecha decisiva para Brasil y para América Latina, debido al peso económico, político y geopolítico que posee la mayor nación de la región.
La primera vuelta deja a Bolsonaro en ventaja, pero también evidencia una competencia más cerrada de cara al balotaje.
Brasil entra así en una nueva etapa de campaña electoral en la que cada voto podría resultar determinante para definir quién gobernará el país durante el próximo período presidencial.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.