Latinoamericanas
Miles de trabajadores juciales de Colombia cumplen 23 días en paro
Funcionarios colombianos de la rama judicial encabezan este viernes movilizaciones en distintos puntos del país y como medida de presión mantienen cerrados edificios públicos. Afirman que el Gobierno no ha mostrado verdadera voluntad para solucionar el conflicto.
Los trabajadores judiciales de Colombia iniciaron un ‘plan tortuga’. (Foto: eluniversal.com.co)
Unos 42 mil trabajadores de la rama judicial colombiana cumplen este viernes 23 días de huelga indefinida en reclamo por una nivelación salarial, amparada por la Ley número 4 de 1992, que busca cerrar la brecha entre los magistrados y jueces de las altas cortes y tribunales.
Los funcionarios judiciales encabezan algunas movilizaciones en distintos puntos de la nación y como medida de presión mantienen cerrados todos los edificios públicos en Bogotá (la capital), incluida la Fiscalía y los tribunales.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, reportó que los cerca de 42 mil trabajadores realizan asambleas informativas en donde los representantes sindicales comentan las últimas incidencias.
“En este momento se está adelantando un ‘plan tortuga’ en la unidades de reacción inmediata de la Fiscalía y despachos encargados de recibir las diferentes denuncias. Hay plan tortuga y se recrudecen las acciones”, agregó.
El periodista recordó que están rotas las conversaciones con el Gobierno, porque los huelguistas aseguran que desde el Ejecutivo no se está mostrando una verdadera voluntad para que el conflicto se pueda solucionar.
Por ello, los trabajadores judiciales están agendando las acciones que van a realizar la próxima semana. Se estima que van a haber movilizaciones en la capital y otras regiones colombianas.
Por otra parte, Vladimir Carrillo indicó que en horas de la mañana la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que está haciendo todo lo posible para que se decrete ilegal el paro y para que los salarios de las personas que participan en la movilización laboral no sean cancelados.
En la víspera, la contralora general de la República, Sandra Morelli, solicitó ante la Sala laboral del Tribunal Superior del departamento de Barranquilla (norte) declarar ilegal la huelga judicial, por afectar a un servicio público esencial.
Morelli hizo la petición bajo el criterio de que “la ley establece su competencia para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, a particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la nación”.
Añadió que el paro judicial ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.
En tanto, los trabajadores judiciales han rechazado enérgicamente la afirmación tanto de Morelli como de Correa y en cuanto a la contralora dicen que “no es la funcionaria encargada por Constitución de presentar una demanda para que el cese de actividades se declare ilegal”.
Los reclamos de los trabajadores comenzaron desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la Ley número 4 de 1992 que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, quedó en el olvido.
Por este motivo, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos (819 millones 403 mil 520 dólares) para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.