Internacionales
Millones de estadounidenses podrían perder sus seguros de salud
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-Unos 11.8 millones de adultos y niños estarán en riesgo de perder su seguro de salud si el paquete de política interna de los republicanos se convierte en ley.
Es probable que el proyecto de ley revierta años de aumento en las tasas de seguro de salud en Estados Unidos, logros que también han estado marcados por un gasto récord en cobertura sanitaria financiada por el gobierno federal. Cerca de 78 millones de adultos y niños están inscritos en los programas de Medicaid, mientras que 24 millones de personas lo están en los mercados de la ACA.
Medicaid es una empresa conjunta federal-estatal administrada por los estados. El programa tiene otro nombre en algunos estados, como Medi-Cal en California, BadgerCare en Wisconsin o MassHealth en Massachusetts.
Este es un vistazo a algunas de las formas en que las personas podrían perder la cobertura de atención médica según el plan del Partido Republicano:
¿Estás inscrito en Medicaid o en Obamacare? Se revisarán tus ingresos y elegibilidad de manera más cercana y frecuente
Según el plan del Partido Republicano, los estados deberán verificar cada seis meses los ingresos de una persona para comprobar su elegibilidad para Medicaid.
Las personas sin hogar o en tránsito podrían no recibir los avisos del gobierno para completar el papeleo con más frecuencia, dijo Martha Santana-Chin, directora ejecutiva de L.A. Care Health Plan, que proporciona Medicaid a millones de angelinos. Perderán su cobertura si no responden.
“Dada la experiencia de vida de estas personas, no necesariamente pueden darse el lujo de tener que lidiar con un papeleo oneroso”, expresó Santana-Chin.
Cuando Texas aumentó las verificaciones de elegibilidad de ingresos entre 2014 y 2019, por ejemplo, miles de niños perdieron su cobertura en el estado. Los críticos también culparon a las verificaciones frecuentes por el hecho de que el estado tuviera, en aquel momento, la tasa más alta de niños sin seguro de la nación.
Los estados también estarán obligados a verificar con más frecuencia las direcciones y los registros de defunción de los inscritos.
Las personas inscritas en la cobertura del mercado de la ACA también estarán sujetas a un mayor escrutinio sobre sus ingresos reportados y enfrentarán sanciones si terminan ganando más de lo que esperaban al inscribirse en la cobertura. También tendrán que esperar a que el gobierno verifique su información antes de obtener cobertura.
Será un marcado contraste con la cobertura basada en el empleador, donde las personas se reinscriben cada año a menos que opten por no hacerlo.
¿Está tu hijo inscrito en la cobertura?
Los estados podrán retrasar la inscripción de menores en el Programa de Seguro Médico para Niños en algunos casos.
Se les permitirá impedir temporalmente que los padres inscriban a sus hijos si están atrasados en el pago de las primas de cobertura. Esas primas para la cobertura infantil pueden llegar a ser de hasta 100 dólares al mes en algunos estados, según la firma de investigación de políticas de salud KFF. Los estados también podrán introducir un período de espera para los niños que están siendo trasladados de planes privados de seguro médico a Medicaid.
El gobierno del expresidente Joe Biden prohibió que los estados impidieran que los padres inscribieran a sus hijos en la cobertura por pagos atrasados o un período de espera al pasar de un seguro de salud privado.
¿Eres inmigrante? Obtener cobertura podría volverse más difícil
El proyecto de ley reduce la definición de quién califica para un Obamacare más económico, restringiendo el acceso para miles de refugiados y solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos cada año.
Los estados que ofrecen cobertura de Medicaid para atender a inmigrantes que podrían no estar legalmente en el país también recibirán menos dinero del gobierno federal. Varios estados permiten que los inmigrantes se inscriban en Medicaid, pagado solo con dinero proveniente de los impuestos estatales. Pero el proyecto de ley amenaza esa cobertura al reducir del 90% al 80% la tasa que el gobierno federal paga por todos los residentes legales.
Eso llevará a algunos estados a eliminar por completo su programa para inmigrantes en lugar de perder fondos federales. California ha anunciado una congelación en cualquier nueva inscripción al Medi-Cal financiado por el estado para todos los inmigrantes. Illinois, por su parte, detuvo su programa este mes.
¿Puedes trabajar? Tendrás que hacerlo, ser voluntario o ir a la escuela
Se espera que la mayoría de las pérdidas de cobertura provengan del requisito de trabajo propuesto por el Partido Republicano. De acuerdo con la nueva ley, las personas de entre 19 y 64 años deberán trabajar, ser voluntarias o ir a la escuela durante 80 horas al mes para hacerse acreedoras a Medicaid. Estarán exentas si tienen una discapacidad, están embarazadas o son progenitores de un niño de 14 años o menos.
En última instancia, algunas personas decidirán que no quieren trabajar y no necesitan la cobertura, dijo Michael F. Cannon, director de estudios de políticas de salud del Cato Institute, un grupo libertario de expertos.
“Puede alentar a las personas que no valoran la cobertura de Medicaid a no inscribirse en ella”, manifestó Cannon. “Y eso ahorra dinero al gobierno”.
La mayoría de los inscritos en Medicaid ya trabajan, asisten a la escuela, tienen una discapacidad o son cuidadores, lo que debería eximirlos del requisito. Solo alrededor del 8% de los inscritos dicen no trabajar o no poder encontrar trabajo.
En algunos casos, las personas perderán la cobertura aun si trabajan. Serán víctimas de errores burocráticos, formularios omitidos o problemas para reunir todos los documentos, como pruebas de empleo y formularios de impuestos, para demostrarle al gobierno que están trabajando. Verificar que trabajan será especialmente difícil para las personas que no tienen acceso a internet, una computadora o teléfonos.
Así es como algunas personas perdieron cobertura en Arkansas, que intentó implementar requisitos de trabajo en 2018. Unas 18.000 personas fueron eliminadas de Medicaid en un plazo de siete meses. Un juez federal bloqueó posteriormente el requisito.
¿Inscrito en Medicare y Medicaid? Será más difícil registrarse
Millones de personas pueden recibir los servicios combinados de Medicare y Medicaid, a menudo debido a una discapacidad.
El proyecto de ley del Partido Republicano revertirá los requisitos de las formas en que el gobierno de Biden simplificó la inscripción para esas personas, incluida una norma que exigía que los estados inscribieran automáticamente a las personas en la cobertura si califican para recibir ingresos suplementarios debido a una discapacidad.
“Al rescindir estas reglas y ya no exigir que los estados realicen algunas de estas simplificaciones, es probable que algunas personas pierdan la cobertura porque se ven atrapadas en estas cargas de papeleo”, dijo Jennifer Tolbert, directora de políticas de salud estatal en KFF.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.