Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.Nacionales
Abren convocatoria a concurso para profesionales de la educación
Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.La jornada, dispuesta hasta el 20 de julio, abarca los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en todas sus modalidades. Incluye además la aplicación de psicólogos educativos y orientadores, así como también de directores de centros educativos, a ingresar el próximo año escolar 2021-2022.
Los maestros son escogidos según sus calificaciones hasta completar las plazas disponibles.
El anuncio fue dado a conocer por la comisión del concurso en rueda de prensa encabezada por el ministro de Educación Roberto Fulcar, quien sostuvo que, con el concurso procura que el sistema educativo sea conformado con los docentes más competentes.
“El concurso de oposición docente es la regla y ha debido ser la regla siempre, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación 66-97, a lo que manda el Estatuto del Docente y el Pacto por la reforma educativa. Pero, ocurre que el concurso se convirtió en la excepción y la regla pasó a ser el contrato”, dijo el ministro.
Fulcar agregó que pasó el tiempo del contrato discrecional, mientras que la institucionalidad “vuelve a ser la norma y por eso estamos recurriendo a este camino que es un proceso democrático, institucional, sumamente ético y sobre todo participativo”.
De su lado, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, valoró como positivo el anuncio.
Para cumplir las medidas de bioseguridad requeridas por las autoridades de Salud Pública a fin de evitar el contagio del Covid 19, el concurso será realizado de manera simultánea en las 18 regionales, por nivel, iniciando con el nivel Primario, siguiendo con el nivel Inicial, y luego con el nivel Secundario y los directores de Centros Educativos.
Los orientadores serán evaluados junto con los directores y los maestros del nivel secundario.
A los concursantes se les aplicará una evaluación que consta de dos exámenes: Uno de habilidades cognitivas generales y otro de Conocimientos Disciplinares y Pedagógicos.
Los concursantes que como promedio de esas dos pruebas alcancen una puntuación igual o mayor a 70 puntos, pasarán a la siguiente etapa, que es la Entrevista por Competencia, que tendrá un valor de 30 puntos.
De todos los que resulten aprobados en el concurso, se irán escogiendo los de más altas calificaciones hasta completar la cantidad de plazas disponibles. Luego de llenadas las plazas disponibles, los concursantes que superaron la calificación de 70 puntos pasarán al Banco de Elegibles.
Requisitos
Los aspirantes deben poseer título de licenciatura en Educación, certificado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, además acta de nacimiento, copia de cédula, certificación de no antecedentes penales, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de la convocatoria, currículo, certificado médico de salud física y psicológica con fecha posterior a la convocatoria en original, copia de certificados de cursos de formación continua emitidos por universidades e institutos reconocidos.
En caso de poseer un título emitido en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de Educación Superior y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Proceso
Todos los documentos deberán ser escaneados y enviados a la página oficial del Ministerio de Educación a la dirección electrónica www.ministeriodeeducacion.gob.do, en el plazo de 30 días establecido, que inician a partir de hoy con la preparación de documentos y continuarán el próximo lunes 2 de julio con el registro o inscripción de los postulantes.
La comisión de concurso, está presidida por Rafael Alcántara, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación. Tiene como función principal la organización, montaje y dirección del proceso de concurso en los tres niveles y preparar el protocolo que se aplicará durante el proceso en medio de esta pandemia de COVID19.
La comisión está compuesta, además por las viceministras Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos y Julissa Hernández de Planificación y Desarrollo Educativo, los directores del Gabinete del MINERD Paulino Ogando, de Gestión Humana, Dilia Stephany Ubiera, Jimmy Rosario, de Tecnología de la Información y una representación de la Asociación Dominicana de Profesores.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.