Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.Nacionales
Abren convocatoria a concurso para profesionales de la educación
Santo Domingo, RD.-Un concurso de oposición docente dirigida a profesionales de la educación para que cubran las vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional, abrió este lunes el Ministerio de Educación, el cual busca escoger el personal requerido durante 2021-2022.La jornada, dispuesta hasta el 20 de julio, abarca los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en todas sus modalidades. Incluye además la aplicación de psicólogos educativos y orientadores, así como también de directores de centros educativos, a ingresar el próximo año escolar 2021-2022.
Los maestros son escogidos según sus calificaciones hasta completar las plazas disponibles.
El anuncio fue dado a conocer por la comisión del concurso en rueda de prensa encabezada por el ministro de Educación Roberto Fulcar, quien sostuvo que, con el concurso procura que el sistema educativo sea conformado con los docentes más competentes.
“El concurso de oposición docente es la regla y ha debido ser la regla siempre, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación 66-97, a lo que manda el Estatuto del Docente y el Pacto por la reforma educativa. Pero, ocurre que el concurso se convirtió en la excepción y la regla pasó a ser el contrato”, dijo el ministro.
Fulcar agregó que pasó el tiempo del contrato discrecional, mientras que la institucionalidad “vuelve a ser la norma y por eso estamos recurriendo a este camino que es un proceso democrático, institucional, sumamente ético y sobre todo participativo”.
De su lado, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, valoró como positivo el anuncio.
Para cumplir las medidas de bioseguridad requeridas por las autoridades de Salud Pública a fin de evitar el contagio del Covid 19, el concurso será realizado de manera simultánea en las 18 regionales, por nivel, iniciando con el nivel Primario, siguiendo con el nivel Inicial, y luego con el nivel Secundario y los directores de Centros Educativos.
Los orientadores serán evaluados junto con los directores y los maestros del nivel secundario.
A los concursantes se les aplicará una evaluación que consta de dos exámenes: Uno de habilidades cognitivas generales y otro de Conocimientos Disciplinares y Pedagógicos.
Los concursantes que como promedio de esas dos pruebas alcancen una puntuación igual o mayor a 70 puntos, pasarán a la siguiente etapa, que es la Entrevista por Competencia, que tendrá un valor de 30 puntos.
De todos los que resulten aprobados en el concurso, se irán escogiendo los de más altas calificaciones hasta completar la cantidad de plazas disponibles. Luego de llenadas las plazas disponibles, los concursantes que superaron la calificación de 70 puntos pasarán al Banco de Elegibles.
Requisitos
Los aspirantes deben poseer título de licenciatura en Educación, certificado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, además acta de nacimiento, copia de cédula, certificación de no antecedentes penales, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de la convocatoria, currículo, certificado médico de salud física y psicológica con fecha posterior a la convocatoria en original, copia de certificados de cursos de formación continua emitidos por universidades e institutos reconocidos.
En caso de poseer un título emitido en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de Educación Superior y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Proceso
Todos los documentos deberán ser escaneados y enviados a la página oficial del Ministerio de Educación a la dirección electrónica www.ministeriodeeducacion.gob.do, en el plazo de 30 días establecido, que inician a partir de hoy con la preparación de documentos y continuarán el próximo lunes 2 de julio con el registro o inscripción de los postulantes.
La comisión de concurso, está presidida por Rafael Alcántara, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación. Tiene como función principal la organización, montaje y dirección del proceso de concurso en los tres niveles y preparar el protocolo que se aplicará durante el proceso en medio de esta pandemia de COVID19.
La comisión está compuesta, además por las viceministras Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos y Julissa Hernández de Planificación y Desarrollo Educativo, los directores del Gabinete del MINERD Paulino Ogando, de Gestión Humana, Dilia Stephany Ubiera, Jimmy Rosario, de Tecnología de la Información y una representación de la Asociación Dominicana de Profesores.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.