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Ministerio de Agricultura de Haití: la construcción del canal debe seguir
Ministerio de Agricultura de Haití: la construcción del canal debe seguir
Desde Puerto Príncipe, el Ministerio de Agricultura de Haití reafirmó este jueves que la construcción del polémico canal en el río Masacre «debe seguir adelante». En consecuencia, ese despacho sentenció su apoyo las obras, pese al conflicto surgido con República Dominicana.
«Sí, el canal debe construirse. Sí, hay que esforzarse para que el agua llegue a los canales como es debido. Es a través de la solidaridad y la unidad como puede regarse la tierra de (la llanura de) Maribahoux», afirmó este jueves en un comunicado el Ministerio haitiano de Agricultura.
La nota agrega que el ministerio de Agricultura de Haití decide «apoyar la construcción del canal. Principalmente como forma de garantizar que se cumplen las normas técnicas y que no tenga impacto en la vida de las personas y las plantaciones» de la llanura de Maribahoux.
Ministerio de Agricultura de Haití desmiente contactos con RD
El departamento gubernamental haitiano desmintió las versiones de que habría compartido un documento secreto con República Dominicana que daría la razón sobre su postura en torno a la construcción del canal sobre el río Masacre.
«El Ministerio desmiente este rumor. No tiene ningún fundamento», indica la cartera. Además, asegura que ese despacho siempre defiende «el derecho de Haití a beneficiarse de forma equilibrada de los recursos que comparte con el vecino dominicano».
El departamento de Agricultura resalta que siempre está dispuesto a sentarse «con todos los sectores implicados en la construcción del canal. Principalmente para una mejor planificación de las obras». Y añade: «La movilización es una expresión de la solidaridad y el patriotismo de una población que quiere mostrar al mundo que Haití es libre».
Las obras del canal mantienen una crisis con el gobierno dominicano, que defiende que la construcción del canal en el lado haitiano del río contraviene el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929. Asimismo, el Protocolo de Revisión de 1936, cuyo articulado señala que «ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas».
Santo Domingo, R.D.-El juicio de fondo contra los imputados del caso Antipulpo fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a una afección visual del imputado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez.
El tribunal procedió a pautar la audiencia para el miércoles, 15 de mayo, a las 10:00 de la mañana. Fecha en la que se espera sean escuchadas las declaraciones del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en calidad de primer testigo del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.- Uno de miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE),Dolores Fernández, encabezó este lunes una reunión de trabajo sobre los últimos detalles para la ejecución del Voto Penitenciario este domingo 19 de mayo.
En el encuentro participó el director de Elecciones, Mario Núñez; el jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general, Juan José Otaño Jiménez, y el procurador especializado contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Félix Vargas.
Se recuerda que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales suministró a la JCE un levantamiento de las informaciones de cantidad de internos preventivos con cédulas existentes y de los que no tienen cédula física.
Además, el órgano electoral realizó operativos de cedulación para garantizar la expedición de ese documento de identidad a los internos que carezcan del mismo.
Santo Domingo, R.D.-Fue ratificado este lunes por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el arresto domiciliario al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, quien es vinculado a hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.
Los fiscales litigantes Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitaron mantener a Torres Robiou la medida de coerción de arresto domiciliario, grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, logrando que la petición fuera acogida por los jueces del tribunal de alzada, Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y July Tamariz.
Los jueces adoptaron la decisión al desestimar un recurso de apelación incoado por el acusado por intermedio de su defensa a la resolución No. 249-02-2024-SERIS-0014, de fecha 30 del mes de enero del año 2024, dictado por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al establecer que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.
El fiscal Jonathan Pérez dijo que el tribunal mantuvo la medida de coerción en contra de Torres Robiou porque no hay circunstancias nuevas ni presupuestos nuevos que pudieran hacer variar la medida de coerción impuesta.
Al valorar la decisión del tribunal, Pérez expresó “el Ministerio Público entiende que fue coherente con las decisiones que ha dado previamente esta Sala. Entendemos que fue una buena decisión”.
Al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, se le atribuye formar parte del entramado corrupto militar que operó en varias instituciones del Estado y que fue desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.
Otros vinculados por el Ministerio Público a hechos de corrupción en este proceso judicial, son: Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también cumplen las mismas medidas de coerción.
El acusado Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.