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Ministerio de Educación ejecutó RD$21,000 millones en 20 días
SD. Para poder cumplir con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), el Ministerio de Educación tuvo que ejecutar alrededor de RD$21,000 millones en apenas 20 días, incluido el feriado de Navidad.
Según copias del presupuesto de esa cartera obtenidas por DL, al 10 de diciembre se habían ejecutado RD$74,206.71 millones de los RD$99,628.12 millones que se le asignó para el año 2013. Sin embargo, al 31 de diciembre la ejecución subió a 95,434.75 millones, equivalentes al 95.79% del presupuesto general.
El 8 de enero pasado el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, anunció que habían terminado el año con una ejecución presupuestaria de 97%. También que tenían depositados en una cuenta del Banco de Reservas alrededor de RD$7,000 millones que fueron reservados para pago a los contratistas de obras escolares.
A juicio del especialista en presupuesto, José Rijo Presbot, esta ejecución es una violación a la Ley General de Presupuesto. Primero, porque se dan como ejecutadas obras que no han sido entregadas; y segundo, porque se destinan recursos para obras que antes no estaban contempladas en el presupuesto original. Otra irregularidad que cita es que -según dice- Educación no puede reservar recursos del presupuesto, pues no tiene ese dinero, sino que el Ministerio de Hacienda, a través de Tesorería, lo libera en función de los gastos realizados y justificados.
«En presupuesto, las instituciones no tienen reservas de dinero, porque las instituciones no reciben recursos. Entonces, para poder ejecutar y gastar el dinero, tiene que haberse dado el hecho de que el bien o servicio esté recibido conforme», plantea.
Rijo Presbot recuerda que la Dirección de Tesorería libera los recursos a cada entidad estatal para hacer los pagos de bienes o servicios devengados, en función del gasto proyectado en cada trimestre y que, en caso de que una partida no se ejecute en su totalidad, el sobrante tiene que ser reprogramado para el siguiente trimestre, o de lo contrario, no existe en términos presupuestales.
Según los cálculos del economista, para Educación poder terminar el año con un gasto de RD$95 mil millones tuvo que presentar como ejecutados unos RD$10,000 millones en escuelas que no han sido entregadas. «Eso el sistema no lo registra y ellos lo han registrado». ¿Cómo se hace eso? «Violación de la ley», responde Rijo Presbot.
A la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares se consignó un presupuesto inicial de RD$30, 914.77 millones para el 2013, y luego se modificó para terminar con una asignación de RD$22,741.15 millones. De este último monto se ejecutaron RD$ 21,752.10 millones, equivalentes al 95.65%, con forme el informe presupuestal al 31 de diciembre.
El informe del 10 de diciembre también tiene adicionado una «fase 2» en el renglón de construcción y ampliación de planteles escolares, que, aunque no estaba contemplada inicialmente, aparece con un presupuesto vigente de RD$4,787.43 millones y una ejecución de 3,603.72 millones, igual al 75.27%.
Esos datos muestran una variación al compararlos con la ejecución presupuestaria del 10 de diciembre, cuando el monto del presupuesto vigente era de RD$23,891.95 millones, de los que se habían ejecutado, a esa fecha, 10,180.89 millones, igual al 42.61% del presupuesto.
Modificación
La situación irregular de ejecución, según Rijo Presbot, confirma la advertencia que hiciera en enero del año pasado, alertando de que la distribución del presupuesto de Educación no permitiría su total ejecución y que tenía que ser modificado. El economista cuestiona además, que dichas modificaciones se hicieran al margen de la Ley General de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.