Nacionales
Arresto de dueños del Jet Set es para que paguen por la tragedia ocurrida allí.
Santo Domingo, R.D. – Como parte de la investigación sobre la tragedia en el Jet Set el Ministerio Público arrestó este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 234 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Espaillat y su hermana llegaron la tarde de este jueves a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Miguel Valerio y un seguridad. Según el abogado, la familia Espaillat está abierta a cooperar en la investigación.
La visita de Espaillat ante el Ministerio Público ocurrió luego de que se entregara el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre las causas del desplome de techo del Jet Set, que ha dejado más de 230 fallecidos.
El informe de ONESVIE está en manos del director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.
Una fuente reveló a Noticias SIN que los hallazgos de la investigación son comprometedores y desfavorables para los propietarios del establecimiento.
Espaillat fue interrogado este miércoles en la sede de la Procuraduría General de la República por unas cuatro horas, en el marco de la investigación por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el pasado 8 de abril.
El Ministerio Público había solicitado una orden de arresto en su contra, la cual fue emitida por un juez de instrucción, como parte del proceso judicial que busca establecer responsabilidades penales y civiles por el fatídico evento.
La acción judicial se produce en el marco de las múltiples querellas presentadas por familiares de las víctimas, así como por los informes técnicos preliminares que apuntan a fallos estructurales y presuntas negligencias administrativas.
Además de la orden de arresto, el Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a Espaillat y a la razón social Inversiones E y L, S.R.L., bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, con el objetivo de evitar el traspaso de activos que puedan comprometer el cumplimiento de futuras sentencias o indemnizaciones.
Las autoridades también han dispuesto medidas cautelares sobre el inmueble donde operaba el centro nocturno, mientras continúan las investigaciones estructurales, administrativas y penales del caso.
Espaillat había manifestado previamente su disposición de colaborar con las autoridades. Sin embargo, el avance de las diligencias judiciales y la magnitud de las consecuencias del colapso llevaron al Ministerio Público a ejecutar la orden de arresto en las últimas horas.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de medida de coerción ante un tribunal competente.
Empleado habría advertido a Espaillat sobre desplome
El empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
La fuente explicó a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto. El pedido no fue escuchado
Adames fue a trabajar y por poco se salvó de ser una de las más de 230 víctimas fallecidas en el siniestro.
Según confirmó la fuente a Noticias SIN, el joven llamó por teléfono a Antonio Espaillat inmediatamente después del desplome para informarle de la tragedia.
«Te lo dije Antonio, que esto se iba a derrumbar», fueron las palabras del empleado del centro nocturno, quien salió ensangrentado de los escombros tras recibir un golpe en la cabeza de un pedazo de concreto.
El Ministerio Público interrogó a Adames como un testigo clave. Según sus abogados, el empleado entregó pruebas en las que advertía a Antonio Espaillat sobre el deterioro de la infraestructura de la discoteca Jet Set.
El jurista Plinio Pina explicó que su cliente entregó pruebas en la que le advertía al empresario sobre lo deteriorada que estaba la infraestructura.
Abogados de las víctimas
De acuerdo con algunos abogados de las familias de las víctimas del Jet Set, el informe preliminar depositado por ONESVIE, tiene buenas expectativas.
Los juristas coinciden en que este informe técnico debe ser determinante para establecer responsabilidades claras. Asimismo, aseguran que, si se confirma una falla estructural como origen del colapso, el Estado está obligado a dar una respuesta firme, rápida y sin privilegios.
Desde el punto de vista legal, algunos de los abogados reiteran que no se trata de homicidio involuntario, sino de una responsabilidad civil.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.