Nacionales
Arresto de dueños del Jet Set es para que paguen por la tragedia ocurrida allí.
Santo Domingo, R.D. – Como parte de la investigación sobre la tragedia en el Jet Set el Ministerio Público arrestó este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 234 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Espaillat y su hermana llegaron la tarde de este jueves a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Miguel Valerio y un seguridad. Según el abogado, la familia Espaillat está abierta a cooperar en la investigación.
La visita de Espaillat ante el Ministerio Público ocurrió luego de que se entregara el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre las causas del desplome de techo del Jet Set, que ha dejado más de 230 fallecidos.
El informe de ONESVIE está en manos del director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.
Una fuente reveló a Noticias SIN que los hallazgos de la investigación son comprometedores y desfavorables para los propietarios del establecimiento.
Espaillat fue interrogado este miércoles en la sede de la Procuraduría General de la República por unas cuatro horas, en el marco de la investigación por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el pasado 8 de abril.
El Ministerio Público había solicitado una orden de arresto en su contra, la cual fue emitida por un juez de instrucción, como parte del proceso judicial que busca establecer responsabilidades penales y civiles por el fatídico evento.
La acción judicial se produce en el marco de las múltiples querellas presentadas por familiares de las víctimas, así como por los informes técnicos preliminares que apuntan a fallos estructurales y presuntas negligencias administrativas.
Además de la orden de arresto, el Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a Espaillat y a la razón social Inversiones E y L, S.R.L., bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, con el objetivo de evitar el traspaso de activos que puedan comprometer el cumplimiento de futuras sentencias o indemnizaciones.
Las autoridades también han dispuesto medidas cautelares sobre el inmueble donde operaba el centro nocturno, mientras continúan las investigaciones estructurales, administrativas y penales del caso.
Espaillat había manifestado previamente su disposición de colaborar con las autoridades. Sin embargo, el avance de las diligencias judiciales y la magnitud de las consecuencias del colapso llevaron al Ministerio Público a ejecutar la orden de arresto en las últimas horas.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de medida de coerción ante un tribunal competente.
Empleado habría advertido a Espaillat sobre desplome
El empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
La fuente explicó a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto. El pedido no fue escuchado
Adames fue a trabajar y por poco se salvó de ser una de las más de 230 víctimas fallecidas en el siniestro.
Según confirmó la fuente a Noticias SIN, el joven llamó por teléfono a Antonio Espaillat inmediatamente después del desplome para informarle de la tragedia.
«Te lo dije Antonio, que esto se iba a derrumbar», fueron las palabras del empleado del centro nocturno, quien salió ensangrentado de los escombros tras recibir un golpe en la cabeza de un pedazo de concreto.
El Ministerio Público interrogó a Adames como un testigo clave. Según sus abogados, el empleado entregó pruebas en las que advertía a Antonio Espaillat sobre el deterioro de la infraestructura de la discoteca Jet Set.
El jurista Plinio Pina explicó que su cliente entregó pruebas en la que le advertía al empresario sobre lo deteriorada que estaba la infraestructura.
Abogados de las víctimas
De acuerdo con algunos abogados de las familias de las víctimas del Jet Set, el informe preliminar depositado por ONESVIE, tiene buenas expectativas.
Los juristas coinciden en que este informe técnico debe ser determinante para establecer responsabilidades claras. Asimismo, aseguran que, si se confirma una falla estructural como origen del colapso, el Estado está obligado a dar una respuesta firme, rápida y sin privilegios.
Desde el punto de vista legal, algunos de los abogados reiteran que no se trata de homicidio involuntario, sino de una responsabilidad civil.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.