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Ministerio Público arresta dueños edificio Multi Muebles en La Vega
LA VEGA (República Dominicana).- El Ministerio Público informó que arrestó la tarde de este martes a los propietarios del edificio de Multi Muebles que colapsó el pasado enero, resultando muerta una empleada y otras tres heridas al quedar atrapadas entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo.
Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte fueron arrestados mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizadas en la avenida Pedro A. Rivera.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, detalló que en las próximas 48 horas serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por el tipo penal de homicidio involuntario y que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción.
Informó que también solicitarán medidas de coerción contra la empresa.
El colapso del edificio que albergaba la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L. se produjo en fecha 18 de enero del año 2023, en la calle Las Carreras, esquina Sánchez del municipio La Vega, provincia La Vega, aproximadamente a las 12:05 de la tarde.
Tras el colapso del edificio resultó muerta Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas.
Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.
Explican que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Precisan que los imputados inobservaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución correspondientes, cometiendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con intención dolosa de por medio, pero por el descuido e inaplicación de las normas, su conducta se enmarca en un delito culposo sancionado por el Código Penal.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público a la conducta cometida por los investigados Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte es de violación al Código Penal Dominicano que tipifica el homicidio involuntario y los golpes o heridas involuntarios.
También al Decreto 670-2010, Reglamento R-021, Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), Ley 687-82, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos, técnicas para preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines, así como la Ley 62-00 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.