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Ministerio Público arresta dueños edificio Multi Muebles en La Vega
LA VEGA (República Dominicana).- El Ministerio Público informó que arrestó la tarde de este martes a los propietarios del edificio de Multi Muebles que colapsó el pasado enero, resultando muerta una empleada y otras tres heridas al quedar atrapadas entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo.
Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte fueron arrestados mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizadas en la avenida Pedro A. Rivera.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, detalló que en las próximas 48 horas serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por el tipo penal de homicidio involuntario y que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción.
Informó que también solicitarán medidas de coerción contra la empresa.
El colapso del edificio que albergaba la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L. se produjo en fecha 18 de enero del año 2023, en la calle Las Carreras, esquina Sánchez del municipio La Vega, provincia La Vega, aproximadamente a las 12:05 de la tarde.
Tras el colapso del edificio resultó muerta Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas.
Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.
Explican que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Precisan que los imputados inobservaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución correspondientes, cometiendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con intención dolosa de por medio, pero por el descuido e inaplicación de las normas, su conducta se enmarca en un delito culposo sancionado por el Código Penal.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público a la conducta cometida por los investigados Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte es de violación al Código Penal Dominicano que tipifica el homicidio involuntario y los golpes o heridas involuntarios.
También al Decreto 670-2010, Reglamento R-021, Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), Ley 687-82, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos, técnicas para preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines, así como la Ley 62-00 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.