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Imputado manejó más de RD$150 millones de sobornos Odebrecht
Santo Domingo, RD.-Wilson Caamaño, procurador adjunto, destacó este martes que el Ministerio Público pudo demostrar que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arseno recibió pagos de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que por más que la defensa intente desvirtuar la verdad o tergiversar, no tiene la forma de desvincularse de las pruebas que posee el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Son afirmaciones irrefutables, como el hecho de que los sobornos que pagó Odebrecht llegaron a República Dominicana a través de Ángel Rondón y sus empresas Conansa y Lashan, y a través de Conrado Pittaluga y su empresa Newport Consulting”, dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal, luego de la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves.
Insistió en que la defensa no ha podido negar en el tribunal que Conrado Pittaluga recibió dinero desde el Departamento de Operaciones Estructuradas y a través del sistema Drousys y dijo que “han querido tergiversar sobre la base de que en ese sistema no solo se pagaba soborno; y es cierto, se pagaba soborno y financiamiento ilícito de campaña”.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público, quien encabeza el equipo litigante, manifestó “hasta donde nosotros sabemos, Conrado Pittaluga no ha sido candidato a nada, evidentemente los pagos que recibió desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, fueron pagos de sobornos”.
En la etapa final del proceso judicial en la que se desarrolla la discusión final, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y conclusiones de las partes.
En la audiencia de este martes correspondió el turno a la defensa de Pittaluga Arzeno, quien es vinculado a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht con el propósito de obtener la adjudicación de obras en el país. Enfrenta cargos por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Los acusadores han establecido en el transcurso del juicio que manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas a la entrega de sobornos.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, específicamente por la obra Autopista del Coral, una de las 16 adjudicada a la empresa mediante el tráfico de influencia y el soborno.
En audiencias anteriores, después de escuchar al Ministerio Público, correspondió el turno a los representantes legales de los encartados, siendo la defensa de Pittaluga la última en presentar sus alegatos.
Además de Pittaluga Arzeno, son acusados por los sobornos de Odebrecht, los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El Ministerio Público hizo constar en la acusación que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios.
En la etapa final del proceso, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que la defensa de Pittaluga continuará con su discurso de cierre.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.