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Acusados en caso Odebrecht deben recibir condena ejemplar, según el Ministerio Público.
Los sobornos recibidos por los imputados en el caso Odebrecht son una razón mas que suficiente para que reciban una condena ejemplar, según lo expresó el Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional penas de entre 5 y 10 años y el pago de 200 salarios mínimos contra los acusados. También que se ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el MP espera la condena en base a las pruebas que ha aportado en el proceso judicial y calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, señaló la fiscal conforme a una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República la noche de este jueves.
Por el caso están acusados el empresario Ángel Rondón Rijo, como supuesto cabecilla de la red de sobornos; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el abogado Conrado Pittaluga; los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista y el extitular del Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández.
La fiscal Ortiz señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y que “seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.
Se refirió al proceso en su etapa final al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
“El juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sigue avanzando en la última etapa, al concluir las contrarréplicas de las defensas de los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas”, indicó el MP en una nota de prensa.
Argumentos
Según la fiscal, el delito del soborno “quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores”.
La nota subrayó que el pasado martes, durante las réplicas sobre los discursos de la defensa técnica de los encartados, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, resaltó que en el proceso el Ministerio Público demostró las imputaciones por los sobornos con diferentes pruebas documentales y testimoniales, destacando que el testigo Mauricio Dantas Bezerra trazó la ruta del dinero.
Afirmó, además, que “el Ministerio Público demostró cómo el dinero se recibió a través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas, incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado invirtió ese dinero”.
Camacho resaltó que “hay evidencias suficientes para que el tribunal dicte sentencia condenatoria”, al tiempo que dijo confiar en que cuando el tribunal se retire a deliberar y a valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.
Al dirigirse a las juezas en ese momento, manifestó “Si es mala la corrupción, peor es la impunidad; los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”.
Condenas pedidas
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado Pittaluga pidió 7 años, y de 5 años de reclusión para Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Además solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.