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Acusados en caso Odebrecht deben recibir condena ejemplar, según el Ministerio Público.
Los sobornos recibidos por los imputados en el caso Odebrecht son una razón mas que suficiente para que reciban una condena ejemplar, según lo expresó el Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional penas de entre 5 y 10 años y el pago de 200 salarios mínimos contra los acusados. También que se ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el MP espera la condena en base a las pruebas que ha aportado en el proceso judicial y calificó de “totalmente vacías” las contrarréplicas de las defensas.
“Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune, y que le demuestre a los que vean este proceso que, si tienen conductas similares, tendrán consecuencias similares”, señaló la fiscal conforme a una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República la noche de este jueves.
Por el caso están acusados el empresario Ángel Rondón Rijo, como supuesto cabecilla de la red de sobornos; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el abogado Conrado Pittaluga; los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista y el extitular del Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández.
La fiscal Ortiz señaló que los argumentos de los abogados “en nada han afectado el caso del Ministerio Público, y que “seguimos igual que como siempre, firmes y en espera de una condena justa que es lo que el Ministerio Público le ha pedido al tribunal”.
Se refirió al proceso en su etapa final al responder preguntas de los periodistas a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
“El juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sigue avanzando en la última etapa, al concluir las contrarréplicas de las defensas de los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de diferentes obras públicas”, indicó el MP en una nota de prensa.
Argumentos
Según la fiscal, el delito del soborno “quedó claramente demostrado con las pruebas testimoniales y, también, con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción y llegó a las cuentas del imputado Víctor Díaz Rúa, a través del abogado Conrado Pittaluga, así como a las de Ángel Rondón y de los legisladores”.
La nota subrayó que el pasado martes, durante las réplicas sobre los discursos de la defensa técnica de los encartados, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, resaltó que en el proceso el Ministerio Público demostró las imputaciones por los sobornos con diferentes pruebas documentales y testimoniales, destacando que el testigo Mauricio Dantas Bezerra trazó la ruta del dinero.
Afirmó, además, que “el Ministerio Público demostró cómo el dinero se recibió a través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas, incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado invirtió ese dinero”.
Camacho resaltó que “hay evidencias suficientes para que el tribunal dicte sentencia condenatoria”, al tiempo que dijo confiar en que cuando el tribunal se retire a deliberar y a valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.
Al dirigirse a las juezas en ese momento, manifestó “Si es mala la corrupción, peor es la impunidad; los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”.
Condenas pedidas
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
Para el abogado Conrado Pittaluga pidió 7 años, y de 5 años de reclusión para Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Además solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de sus bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.
Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.
Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.
Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.
El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.
La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.
“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.
Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían
Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.
Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.
Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.
Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.
Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.
También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.
Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.