Nacionales
En caso Medusa Ministerio Público hace acuerdos con implicados por 160 millones.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo del conocimiento de juicio de fondo del caso Medusa, ha realizado acuerdos con los imputados por RD $167,563,370.44 en beneficio del Estado dominicano y del referido órgano persecutor del crimen y el delito.
En el expediente que supera las 12,000 páginas, el MP indicó que el señor Francesco Cardi, quien habría recibido la suma de 2, 000,000.00 de pesos, por haber conseguido adjudicación de unas obras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de esa misma cantidad, a través de un cheque de administración no. 545783, del banco Scotiabank, estableciendo que no presenta oposición al decomiso de este.
El dinero con el que se adquirió el inmueble, estaba destinado para la construcción de parqueos de la Fiscalía del Distrito Nacional, según el expediente acusatorio.
El apartamento no fue traspasado a nombre de la persona que realizó la compra, teniendo el vendedor Luca Giannattasio, de nacionalidad italiana, el título de propiedad bajo su tutela, quien luego realizó una entrega de forma voluntaria al MP para el decomiso del bien.
Hasta la fecha, al menos 24, personas físicas y jurídicas (acusados y sus empresas) han aceptado su culpabilidad ante el juez y arribado a acuerdos con el Ministerio Público, en los que si el juez así lo ordena, tendrían un menor tiempo de condena, gracias a su aceptación de los hechos y aportación de información para continuar el curso de la investigación y aceptación de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.
Además de obtener sentencias abreviadas, algunos de los acusados se verán en la obligación de pagar multas estipuladas por el órgano acusador, en algunos casos ascendentes al monto recibido por sobornos.
Lisandro José Macarrulla Martínez es uno de los primeros acusados en aceptar su implicación en la estructura de corrupción y quien tras haber manifestado mediante su defensa técnica la existencia de un acuerdo, deberá pagar RD $77, 039, 816.12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos, en virtud del contrato de ejecución de obra de construcción de la Nueva Victoria.
Además de esto, RD $57, 389,577.65 que será entregado a nombre de la Procuraduría General de la República y la incautación de un apartamento en el Ensanche Naco Valorado en RD $20,243,000.
José Antonio Santana Julián aceptó ser culpable de asociación de malhechores y sobornos, tras haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa S.A.S. y Constructora Integrada, S.A.S.
Santana Julián deberá pagar 3,900,000, que es el monto total al que ascendieron los sobornos.
En el caso de la asociación comercial Constructora Integrada, S.A.S. deberá pagar una multa de un millón de pesos. De indemnización, por los daños causados por él y la empresa, deberá pagar otro millón de pesos.
Otro que se declaró culpable de las implicaciones fue Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien a través de la empresa Constructora Carrasquero S.R.L., de la que es propietario y gerente, realizó varios pagos de sobornos de RD$ 700,000 pesos para obtener la adjudicación de obras.
En virtud de esto y tras asumir su culpabilidad, deberá pagar RD$ 700,000 pesos en favor del Ministerio Público y la razón social Constructora Carrasquero S.R.L., una multa de RD$ 100,000 pesos, así como le será cancelado el registro mercantil.
Jenny Marte también asumió su culpabilidad, arribando así a un acuerdo pleno con el Ministerio Público en el que entre otras cosas deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, siendo este de RD$10,000 pesos, por lo que la multa asciende a un total de RD$ 3,300,000 millones de pesos.
RAZÓN SOCIAL
22 razones sociales están implicadas por el MP en el expediente, acusadas junto a las 41 personas físicas del manejo irregular de millones de pesos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, de las cuales, tras personas físicas por las que estaban representadas llegaron a acuerdos con el órgano acusador, se verán en la obligación de pagar una multa.
La razón social Divamor Group S.R.L., tendrá que pagar en beneficio del Estado dominicano, la suma de RD$ 722,744.12, así como el decomiso de sus acciones comerciales, el RNC que consta y el retiro del registro mercantil de la entidad comercial.
Esta empresa estaba representada por los hermanos Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, quienes tras llegar a acuerdos tendrán penas abreviadas.
La empresa Herrajes Rachel S.R.L., deberá pagar RD$ 722,744.12 pesos, luego de que su representante Carlos Augusto Guzmán Oliver concretara un acuerdo pleno con el MP, si el juez acepta el pedido de solicitud del órgano acusador.
La entidad comercial Rogama S.R.L., deberá pagar una multa consistente en RD$722,744.31, así como el decomiso en favor del Estado dominicano, de las acciones, cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de la entidad comercial.
Una última entidad que hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con el órgano acusador y se solicitó una multa es Inversiones Suacilan, quien deberá pagar RD$722,744.12 así como la cancelación de su registro mercantil.
Nacionales
Un modelo plenamente digital prevalecerá en el Poder Judicial con cierre de edificio de Cortes del DN.
Santo Domingo, R.D.-Sin incluir el área penal, el Poder Judicial se enfoca en estos momentos en dejar atrás la centralidad de lo físico para entrar a un modelo de justicia plenamente digital«, con el cierre del edificio que alberga las Cortes y las Salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional, informó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Los jueces de las Cortes y de las Salas del TSA, ubicados en el viejo edificio son trasladados al de Registro Inmobiliario y el personal de las secretarías de los tribunales son movidos al de la Suprema Corte de Justicia, los dos también ubicado en el Centro de los Héroes, en La Feria.
La mudanza, que se inició el pasado lunes, se realiza luego de que un estudio en el 2021 detectara riesgos de colapso en un posible sismo. Se programa clausurar completamente el viejo edificio antes del 30 de mayo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina informó que el «modelo de justicia plenamente digital» ya se han habilitado «más de 180 salas» para operar en línea, en un trabajo gradual que se ha venido realizando desde que se empezó a implementar la Ley 339-22.
No obstante, esa normativa, que regula el uso de medios digitales excluye las audiencias penales para esta modalidad, aunque los asuntos administrativos de esa área serán también de manera digital.
Durante una audiencia solemne de juramentación de casi 1,700 abogados, Molina expresó que esa medida implica el inicio una nueva etapa en su historia institucional y se reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable.
Las 180 salas hacen posible que la ciudadanía pueda presentar actos jurídicos, participar en una audiencia o recibir una decisión judicial sin necesidad de desplazarse ni esperar largas horas.
Asimismo, puntualizó que, gracias a herramientas como la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, se han reducido barreras, acercado los tribunales a la ciudadanía, fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas mediante sistemas trazables y auditables en tiempo real.
Medidas para el cierre del edificio
Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, la continuidad del servicio es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales y las herramientas que ofrece el portal de Acceso Digital, el uso del Sistema de Gestión de Casos y las Política de Teletrabajo de este poder del Estado, que permite modelos de trabajo remoto e híbrido.
Migración a lo digital
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en su sesión extraordinaria núm. 02-2025 de 11 de abril de 2025, adoptó una serie de medidas que permitirán finalizar el proceso de migrar de lo presencial a lo digital en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional.
Juramentación de 1,698 abogados
La Suprema Corte de Justicia juramentó 1,698 abogados a los que llamó a no sólo comprender los códigos y las jurisprudencias sino también a que sean instrumentos de construcción social que ponga a las personas en primer lugar.
En una audiencia solemne, el presidente de la alta corte también dejó posesionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Muy enfurecidos los familiares del menor Ángel José Mercedes (9 años) reaccionaron contra Jesús Alberto Camacho Decena, acusado del rapto, violación y asesinato del niño el pasado viernes 18 de abril y trataron de emprenderla a golpes contra el agresor.
Los familiares lanzaron objetos y golpes e intentaron detener el vehículo en el que los agentes policiales trasladaban al hombre al que se le otorgó medida de coerción consistente en tres meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción los familiares se manifestaron en el edificio judicial de San Cristóbal. Cuando concluyó el conocimiento, persiguieron el vehículo del confeso asesino por las calles.
El pasado Viernes Santo 18 de abril, Ángel fue reportado desaparecido por su familia en el sector Villa Fundación de esta demarcación.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la madre del menor presentó formal denuncia luego de que el niño saliera de su vivienda y no regresara.
Como parte del proceso investigativo, obtuvieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento de comida rápida, ubicado en la calle Constitución esquina carretera La Toma, donde se observó al niño acompañado por un hombre de tez india, delgado, vestido con ropa deportiva azul y montado en una motocicleta marca Bajaj, color negro.
Mediante labores de inteligencia se logró identificar a Jesús, quien fue localizado y detenido mientras se encontraba en la calle Principal próximo al balneario Paraíso Doña Santa Cuper, en el sector Hato Damas.
Prisión preventiva
Tras ser detenido, la Policía Nacional informó que Jesús Alberto Camacho Decena, de 31 años, confesó haber raptado al menor tras ganarse su confianza brindándole alimentos, llevándolo posteriormente a un río ubicado entre los sectores Asise y Montaño, donde cometió el hecho criminal.
Mientras que, la Oficina de Atención Permanente de la provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Camacho Decena, acusado de raptar, abusar sexualmente y asesinar al infante.
La medida impuesta deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», resalta el Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.