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En caso Medusa Ministerio Público hace acuerdos con implicados por 160 millones.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo del conocimiento de juicio de fondo del caso Medusa, ha realizado acuerdos con los imputados por RD $167,563,370.44 en beneficio del Estado dominicano y del referido órgano persecutor del crimen y el delito.
En el expediente que supera las 12,000 páginas, el MP indicó que el señor Francesco Cardi, quien habría recibido la suma de 2, 000,000.00 de pesos, por haber conseguido adjudicación de unas obras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de esa misma cantidad, a través de un cheque de administración no. 545783, del banco Scotiabank, estableciendo que no presenta oposición al decomiso de este.
El dinero con el que se adquirió el inmueble, estaba destinado para la construcción de parqueos de la Fiscalía del Distrito Nacional, según el expediente acusatorio.
El apartamento no fue traspasado a nombre de la persona que realizó la compra, teniendo el vendedor Luca Giannattasio, de nacionalidad italiana, el título de propiedad bajo su tutela, quien luego realizó una entrega de forma voluntaria al MP para el decomiso del bien.
Hasta la fecha, al menos 24, personas físicas y jurídicas (acusados y sus empresas) han aceptado su culpabilidad ante el juez y arribado a acuerdos con el Ministerio Público, en los que si el juez así lo ordena, tendrían un menor tiempo de condena, gracias a su aceptación de los hechos y aportación de información para continuar el curso de la investigación y aceptación de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.
Además de obtener sentencias abreviadas, algunos de los acusados se verán en la obligación de pagar multas estipuladas por el órgano acusador, en algunos casos ascendentes al monto recibido por sobornos.
Lisandro José Macarrulla Martínez es uno de los primeros acusados en aceptar su implicación en la estructura de corrupción y quien tras haber manifestado mediante su defensa técnica la existencia de un acuerdo, deberá pagar RD $77, 039, 816.12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos, en virtud del contrato de ejecución de obra de construcción de la Nueva Victoria.
Además de esto, RD $57, 389,577.65 que será entregado a nombre de la Procuraduría General de la República y la incautación de un apartamento en el Ensanche Naco Valorado en RD $20,243,000.
José Antonio Santana Julián aceptó ser culpable de asociación de malhechores y sobornos, tras haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa S.A.S. y Constructora Integrada, S.A.S.
Santana Julián deberá pagar 3,900,000, que es el monto total al que ascendieron los sobornos.
En el caso de la asociación comercial Constructora Integrada, S.A.S. deberá pagar una multa de un millón de pesos. De indemnización, por los daños causados por él y la empresa, deberá pagar otro millón de pesos.
Otro que se declaró culpable de las implicaciones fue Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien a través de la empresa Constructora Carrasquero S.R.L., de la que es propietario y gerente, realizó varios pagos de sobornos de RD$ 700,000 pesos para obtener la adjudicación de obras.
En virtud de esto y tras asumir su culpabilidad, deberá pagar RD$ 700,000 pesos en favor del Ministerio Público y la razón social Constructora Carrasquero S.R.L., una multa de RD$ 100,000 pesos, así como le será cancelado el registro mercantil.
Jenny Marte también asumió su culpabilidad, arribando así a un acuerdo pleno con el Ministerio Público en el que entre otras cosas deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, siendo este de RD$10,000 pesos, por lo que la multa asciende a un total de RD$ 3,300,000 millones de pesos.
RAZÓN SOCIAL
22 razones sociales están implicadas por el MP en el expediente, acusadas junto a las 41 personas físicas del manejo irregular de millones de pesos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, de las cuales, tras personas físicas por las que estaban representadas llegaron a acuerdos con el órgano acusador, se verán en la obligación de pagar una multa.
La razón social Divamor Group S.R.L., tendrá que pagar en beneficio del Estado dominicano, la suma de RD$ 722,744.12, así como el decomiso de sus acciones comerciales, el RNC que consta y el retiro del registro mercantil de la entidad comercial.
Esta empresa estaba representada por los hermanos Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, quienes tras llegar a acuerdos tendrán penas abreviadas.
La empresa Herrajes Rachel S.R.L., deberá pagar RD$ 722,744.12 pesos, luego de que su representante Carlos Augusto Guzmán Oliver concretara un acuerdo pleno con el MP, si el juez acepta el pedido de solicitud del órgano acusador.
La entidad comercial Rogama S.R.L., deberá pagar una multa consistente en RD$722,744.31, así como el decomiso en favor del Estado dominicano, de las acciones, cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de la entidad comercial.
Una última entidad que hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con el órgano acusador y se solicitó una multa es Inversiones Suacilan, quien deberá pagar RD$722,744.12 así como la cancelación de su registro mercantil.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.