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En caso Medusa Ministerio Público hace acuerdos con implicados por 160 millones.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo del conocimiento de juicio de fondo del caso Medusa, ha realizado acuerdos con los imputados por RD $167,563,370.44 en beneficio del Estado dominicano y del referido órgano persecutor del crimen y el delito.
En el expediente que supera las 12,000 páginas, el MP indicó que el señor Francesco Cardi, quien habría recibido la suma de 2, 000,000.00 de pesos, por haber conseguido adjudicación de unas obras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de esa misma cantidad, a través de un cheque de administración no. 545783, del banco Scotiabank, estableciendo que no presenta oposición al decomiso de este.
El dinero con el que se adquirió el inmueble, estaba destinado para la construcción de parqueos de la Fiscalía del Distrito Nacional, según el expediente acusatorio.
El apartamento no fue traspasado a nombre de la persona que realizó la compra, teniendo el vendedor Luca Giannattasio, de nacionalidad italiana, el título de propiedad bajo su tutela, quien luego realizó una entrega de forma voluntaria al MP para el decomiso del bien.
Hasta la fecha, al menos 24, personas físicas y jurídicas (acusados y sus empresas) han aceptado su culpabilidad ante el juez y arribado a acuerdos con el Ministerio Público, en los que si el juez así lo ordena, tendrían un menor tiempo de condena, gracias a su aceptación de los hechos y aportación de información para continuar el curso de la investigación y aceptación de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.
Además de obtener sentencias abreviadas, algunos de los acusados se verán en la obligación de pagar multas estipuladas por el órgano acusador, en algunos casos ascendentes al monto recibido por sobornos.
Lisandro José Macarrulla Martínez es uno de los primeros acusados en aceptar su implicación en la estructura de corrupción y quien tras haber manifestado mediante su defensa técnica la existencia de un acuerdo, deberá pagar RD $77, 039, 816.12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos, en virtud del contrato de ejecución de obra de construcción de la Nueva Victoria.
Además de esto, RD $57, 389,577.65 que será entregado a nombre de la Procuraduría General de la República y la incautación de un apartamento en el Ensanche Naco Valorado en RD $20,243,000.
José Antonio Santana Julián aceptó ser culpable de asociación de malhechores y sobornos, tras haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa S.A.S. y Constructora Integrada, S.A.S.
Santana Julián deberá pagar 3,900,000, que es el monto total al que ascendieron los sobornos.
En el caso de la asociación comercial Constructora Integrada, S.A.S. deberá pagar una multa de un millón de pesos. De indemnización, por los daños causados por él y la empresa, deberá pagar otro millón de pesos.
Otro que se declaró culpable de las implicaciones fue Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien a través de la empresa Constructora Carrasquero S.R.L., de la que es propietario y gerente, realizó varios pagos de sobornos de RD$ 700,000 pesos para obtener la adjudicación de obras.
En virtud de esto y tras asumir su culpabilidad, deberá pagar RD$ 700,000 pesos en favor del Ministerio Público y la razón social Constructora Carrasquero S.R.L., una multa de RD$ 100,000 pesos, así como le será cancelado el registro mercantil.
Jenny Marte también asumió su culpabilidad, arribando así a un acuerdo pleno con el Ministerio Público en el que entre otras cosas deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, siendo este de RD$10,000 pesos, por lo que la multa asciende a un total de RD$ 3,300,000 millones de pesos.
RAZÓN SOCIAL
22 razones sociales están implicadas por el MP en el expediente, acusadas junto a las 41 personas físicas del manejo irregular de millones de pesos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, de las cuales, tras personas físicas por las que estaban representadas llegaron a acuerdos con el órgano acusador, se verán en la obligación de pagar una multa.
La razón social Divamor Group S.R.L., tendrá que pagar en beneficio del Estado dominicano, la suma de RD$ 722,744.12, así como el decomiso de sus acciones comerciales, el RNC que consta y el retiro del registro mercantil de la entidad comercial.
Esta empresa estaba representada por los hermanos Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, quienes tras llegar a acuerdos tendrán penas abreviadas.
La empresa Herrajes Rachel S.R.L., deberá pagar RD$ 722,744.12 pesos, luego de que su representante Carlos Augusto Guzmán Oliver concretara un acuerdo pleno con el MP, si el juez acepta el pedido de solicitud del órgano acusador.
La entidad comercial Rogama S.R.L., deberá pagar una multa consistente en RD$722,744.31, así como el decomiso en favor del Estado dominicano, de las acciones, cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de la entidad comercial.
Una última entidad que hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con el órgano acusador y se solicitó una multa es Inversiones Suacilan, quien deberá pagar RD$722,744.12 así como la cancelación de su registro mercantil.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.