Nacionales
En caso Medusa Ministerio Público hace acuerdos con implicados por 160 millones.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo del conocimiento de juicio de fondo del caso Medusa, ha realizado acuerdos con los imputados por RD $167,563,370.44 en beneficio del Estado dominicano y del referido órgano persecutor del crimen y el delito.
En el expediente que supera las 12,000 páginas, el MP indicó que el señor Francesco Cardi, quien habría recibido la suma de 2, 000,000.00 de pesos, por haber conseguido adjudicación de unas obras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de esa misma cantidad, a través de un cheque de administración no. 545783, del banco Scotiabank, estableciendo que no presenta oposición al decomiso de este.
El dinero con el que se adquirió el inmueble, estaba destinado para la construcción de parqueos de la Fiscalía del Distrito Nacional, según el expediente acusatorio.
El apartamento no fue traspasado a nombre de la persona que realizó la compra, teniendo el vendedor Luca Giannattasio, de nacionalidad italiana, el título de propiedad bajo su tutela, quien luego realizó una entrega de forma voluntaria al MP para el decomiso del bien.
Hasta la fecha, al menos 24, personas físicas y jurídicas (acusados y sus empresas) han aceptado su culpabilidad ante el juez y arribado a acuerdos con el Ministerio Público, en los que si el juez así lo ordena, tendrían un menor tiempo de condena, gracias a su aceptación de los hechos y aportación de información para continuar el curso de la investigación y aceptación de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.
Además de obtener sentencias abreviadas, algunos de los acusados se verán en la obligación de pagar multas estipuladas por el órgano acusador, en algunos casos ascendentes al monto recibido por sobornos.
Lisandro José Macarrulla Martínez es uno de los primeros acusados en aceptar su implicación en la estructura de corrupción y quien tras haber manifestado mediante su defensa técnica la existencia de un acuerdo, deberá pagar RD $77, 039, 816.12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5 % del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos, en virtud del contrato de ejecución de obra de construcción de la Nueva Victoria.
Además de esto, RD $57, 389,577.65 que será entregado a nombre de la Procuraduría General de la República y la incautación de un apartamento en el Ensanche Naco Valorado en RD $20,243,000.
José Antonio Santana Julián aceptó ser culpable de asociación de malhechores y sobornos, tras haber realizado pagos del 20% de la obra en su calidad de gerente y socio de Abastesa S.A.S. y Constructora Integrada, S.A.S.
Santana Julián deberá pagar 3,900,000, que es el monto total al que ascendieron los sobornos.
En el caso de la asociación comercial Constructora Integrada, S.A.S. deberá pagar una multa de un millón de pesos. De indemnización, por los daños causados por él y la empresa, deberá pagar otro millón de pesos.
Otro que se declaró culpable de las implicaciones fue Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien a través de la empresa Constructora Carrasquero S.R.L., de la que es propietario y gerente, realizó varios pagos de sobornos de RD$ 700,000 pesos para obtener la adjudicación de obras.
En virtud de esto y tras asumir su culpabilidad, deberá pagar RD$ 700,000 pesos en favor del Ministerio Público y la razón social Constructora Carrasquero S.R.L., una multa de RD$ 100,000 pesos, así como le será cancelado el registro mercantil.
Jenny Marte también asumió su culpabilidad, arribando así a un acuerdo pleno con el Ministerio Público en el que entre otras cosas deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, siendo este de RD$10,000 pesos, por lo que la multa asciende a un total de RD$ 3,300,000 millones de pesos.
RAZÓN SOCIAL
22 razones sociales están implicadas por el MP en el expediente, acusadas junto a las 41 personas físicas del manejo irregular de millones de pesos a través del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, de las cuales, tras personas físicas por las que estaban representadas llegaron a acuerdos con el órgano acusador, se verán en la obligación de pagar una multa.
La razón social Divamor Group S.R.L., tendrá que pagar en beneficio del Estado dominicano, la suma de RD$ 722,744.12, así como el decomiso de sus acciones comerciales, el RNC que consta y el retiro del registro mercantil de la entidad comercial.
Esta empresa estaba representada por los hermanos Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, quienes tras llegar a acuerdos tendrán penas abreviadas.
La empresa Herrajes Rachel S.R.L., deberá pagar RD$ 722,744.12 pesos, luego de que su representante Carlos Augusto Guzmán Oliver concretara un acuerdo pleno con el MP, si el juez acepta el pedido de solicitud del órgano acusador.
La entidad comercial Rogama S.R.L., deberá pagar una multa consistente en RD$722,744.31, así como el decomiso en favor del Estado dominicano, de las acciones, cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de la entidad comercial.
Una última entidad que hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con el órgano acusador y se solicitó una multa es Inversiones Suacilan, quien deberá pagar RD$722,744.12 así como la cancelación de su registro mercantil.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.