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Ministerio Público incinera más de 25 kilogramos de drogas
La Procuraduría General de la República informó que incineró más de 25 kilogramos de diferentes tipos de drogas de la denominada cocaína clorhidratada, heroína, marihuana y crack, que fueron decomisadas la pasada semana en diferentes operativos antinarcóticos.
Las drogas correspondían a 746 casos analizados y certificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el período comprendido del 11 al 17 del presente mes de noviembre.
Los detalles fueron ofrecidos por el director de ese organismo, Francisco Gerdo, quien explicó que las drogas tenían un peso total de 25 kilogramos 365 gramos y 137 miligramos.
El INACIF reportó que por provincia los estupefacientes fueron confiscados como se describe a continuación: Peravia 88 gramos 620 miligramos, Sánchez Ramírez 95 gramos 376 miligramos, Espaillat 106 gramos 98 miligramos, Hato Mayor 110 gramos 755 miligramos, Samaná 113 gramos 168 miligramos, María Trinidad Sánchez 115 gramos 449 miligramos, y en La Vega 118 gramos 282 miligramos.
También en la provincia Hermanas Mirabal 120 gramos 510 miligramos, Monte Plata 155 gramos 610 miligramos, San Juan de la Maguana 207 gramos 141 miligramos, Pedernales 220 gramos 660 miligramos, Azua 256 gramos 312 miligramos, Monseñor Nouel 260 gramos 706 miligramos, San Pedro de Macorís 270 gramos 299 miligramos, Puerto Plata 357 gramos 150 miligramos, La Romana 421 gramos 586 miligramos, San Cristóbal 632 gramos 726 miligramos, Distrito Nacional 703 gramos 299 miligramos, y en Santiago 839 gramos 162 miligramos.
Mientras que en la provincia Duarte 1 kilogramo 344 gramos 875 miligramos, Santo Domingo 3 kilogramos 722 gramos 607 miligramos, y en La Altagracia 15 kilogramos 104 gramos 746 miligramos.
Entre las provincias que no decomisaron drogas esta semana figuran: Bahoruco, San José de Ocoa, Valverde, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Santiago Rodríguez, El Seibo, Independencia y Barahona.
La Procuraduría General procedió a la incineración de los estupefacientes dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11).
El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, y lo encabezaron además de las autoridades del Ministerio Público, representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública.
gentetuya.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.