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Ministerio Público incinera más de 25 kilogramos de drogas
La Procuraduría General de la República informó que incineró más de 25 kilogramos de diferentes tipos de drogas de la denominada cocaína clorhidratada, heroína, marihuana y crack, que fueron decomisadas la pasada semana en diferentes operativos antinarcóticos.
Las drogas correspondían a 746 casos analizados y certificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el período comprendido del 11 al 17 del presente mes de noviembre.
Los detalles fueron ofrecidos por el director de ese organismo, Francisco Gerdo, quien explicó que las drogas tenían un peso total de 25 kilogramos 365 gramos y 137 miligramos.
El INACIF reportó que por provincia los estupefacientes fueron confiscados como se describe a continuación: Peravia 88 gramos 620 miligramos, Sánchez Ramírez 95 gramos 376 miligramos, Espaillat 106 gramos 98 miligramos, Hato Mayor 110 gramos 755 miligramos, Samaná 113 gramos 168 miligramos, María Trinidad Sánchez 115 gramos 449 miligramos, y en La Vega 118 gramos 282 miligramos.
También en la provincia Hermanas Mirabal 120 gramos 510 miligramos, Monte Plata 155 gramos 610 miligramos, San Juan de la Maguana 207 gramos 141 miligramos, Pedernales 220 gramos 660 miligramos, Azua 256 gramos 312 miligramos, Monseñor Nouel 260 gramos 706 miligramos, San Pedro de Macorís 270 gramos 299 miligramos, Puerto Plata 357 gramos 150 miligramos, La Romana 421 gramos 586 miligramos, San Cristóbal 632 gramos 726 miligramos, Distrito Nacional 703 gramos 299 miligramos, y en Santiago 839 gramos 162 miligramos.
Mientras que en la provincia Duarte 1 kilogramo 344 gramos 875 miligramos, Santo Domingo 3 kilogramos 722 gramos 607 miligramos, y en La Altagracia 15 kilogramos 104 gramos 746 miligramos.
Entre las provincias que no decomisaron drogas esta semana figuran: Bahoruco, San José de Ocoa, Valverde, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Santiago Rodríguez, El Seibo, Independencia y Barahona.
La Procuraduría General procedió a la incineración de los estupefacientes dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11).
El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, y lo encabezaron además de las autoridades del Ministerio Público, representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública.
gentetuya.com
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.