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Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados en Operación Senasa 2.0-A
Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.
Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.
Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.
Investigación comenzó tras denuncia de Senasa
Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.
Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.
Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.
El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
25 personas bajo investigación
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
Santo Domingo, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra 25 personas investigadas en la denominada Operación Senasa 2.0-A.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye presunta participación en una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo.
La solicitud fue presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la información divulgada, la instancia sometida ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas y contiene los elementos en los que el órgano persecutor sustenta las imputaciones.
Los imputados
En el expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de coerción incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Audiencia este lunes
Durante la audiencia, el tribunal deberá examinar la solicitud del Ministerio Público y los argumentos presentados por las defensas antes de decidir qué medidas de coerción corresponden.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no una decisión judicial. Asimismo, las imputaciones descritas forman parte de una investigación penal en curso y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 2:00 de la tarde de este lunes 21 de septiembre en el Distrito Nacional.
Nacionales
CNM preselecciona 88 aspirantes para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia
La ciudadanía dispondrá de tres días para presentar objeciones contra las candidaturas; entre las posiciones a cubrir figura la presidencia de la alta corte
SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avanzó este jueves en el proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras preseleccionar a 88 de los 90 aspirantes que presentaron sus candidaturas para ocupar las seis plazas actualmente disponibles en el máximo tribunal del Poder Judicial.
Durante la reunión, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los integrantes del organismo revisaron los expedientes sometidos y verificaron el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos para participar en el proceso.
Como resultado de esa evaluación preliminar, dos aspirantes fueron excluidos, mientras que los restantes 88 continuarán hacia las próximas fases de selección.
Entre las posiciones que deberán ser cubiertas se encuentra la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, actualmente ocupada por Luis Henry Molina, quien decidió no someterse al proceso de evaluación para permanecer en el cargo.
Ciudadanos podrán presentar objeciones
El CNM informó que a partir de este viernes será publicada el acta correspondiente con los detalles y nombres de las personas que superaron esta primera revisión.
Una vez divulgada oficialmente la lista, se abrirá un plazo de tres días para que los ciudadanos puedan presentar objeciones o reparos contra cualquiera de las candidaturas preseleccionadas.
El organismo indicó que el procedimiento continuará conforme a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura.
Seis posiciones disponibles en la Suprema
El proceso actual deberá culminar con la selección de seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Las vacantes se producen luego de que cuatro de los 11 magistrados cuyo período concluyó decidieran no presentarse nuevamente a evaluación: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.
Estos magistrados permanecerán provisionalmente en sus funciones hasta que sean juramentadas las personas que los sustituirán.
Otros siete jueces sí fueron sometidos al proceso de evaluación. El CNM decidió confirmar por un nuevo período de siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
En cambio, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados, por lo que sus posiciones se sumaron a las cuatro correspondientes a los magistrados que decidieron no someterse nuevamente a evaluación.
90 postulaciones
Durante la etapa de recepción fueron registradas 90 postulaciones, correspondientes a 38 mujeres y 52 hombres.
El CNM informó además que recibió 367 propuestas relacionadas con 65 candidatos, de los cuales 58 formalizaron sus respectivas postulaciones.
Concluidas las objeciones ciudadanas y las siguientes etapas de evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger a las seis personas que completarán la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a quien asumirá la presidencia del alto tribunal.
El proceso representa una nueva etapa en la composición de la SCJ: una vez finalizada la selección, 11 de sus 17 posiciones habrán experimentado cambios durante las administraciones del presidente Luis Abinader.
La propuesta contempla un procedimiento penal abreviado; de concretarse, las partes discutirían la pena y una eventual indemnización
SANTO DOMINGO.– El creador de contenido Ángel Martínez procura alcanzar un acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria, mediante la aplicación de un procedimiento penal abreviado.
La propuesta fue dada a conocer este jueves por el abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful, quien explicó que la solicitud formulada por la defensa del acusado será presentada a la funcionaria para que determine si acepta iniciar las negociaciones.
De acuerdo con lo informado, la posibilidad de un acuerdo implicaría que Martínez se declare culpable bajo la modalidad del procedimiento penal abreviado. En caso de que Raful acepte la propuesta, las partes pasarían a discutir aspectos relacionados con la pena y la indemnización correspondiente.
Audiencia fue aplazada
La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la audiencia para el próximo martes 22 de septiembre, otorgando un plazo para que las partes puedan explorar la posibilidad de alcanzar un entendimiento.
Si las negociaciones no prosperan, el proceso continuará conforme al procedimiento ordinario y las etapas judiciales correspondientes.
El caso forma parte de varios procesos judiciales que enfrenta Martínez relacionados con señalamientos de difamación e injuria.
Antecedentes judiciales
Martínez también ha estado involucrado recientemente en otros litigios de naturaleza similar. En uno de ellos reconoció haber afectado la reputación del exministro de Educación Roberto Fulcar y posteriormente admitió ante un tribunal que las acusaciones formuladas contra este eran falsas.
Asimismo, en mayo pasado, la jueza Clara Luz Almonte condenó a Martínez a seis meses de prisión y dispuso una indemnización de RD$10 millones en el proceso por difamación promovido por la exviceministra de Cambio Climático Milagros De Camps Germán.
Según las informaciones difundidas sobre esa decisión, la ejecución de la pena privativa de libertad quedaría sujeta a su confirmación por las jurisdicciones superiores.
Mientras tanto, la atención se concentra ahora en la decisión que adopte Faride Raful frente a la propuesta de acuerdo. De producirse un entendimiento, el tribunal deberá conocer los términos correspondientes dentro del procedimiento penal abreviado; de lo contrario, el juicio continuará su curso.