Santo Domingo, RD.-Los siete favorecidos con el archivo definitivo durante el pasado gobierno ahora sólo están protegidos por los archivos provisionales y ello permitirá que el Ministerio Público retome el caso.Nacionales
Puede reabrirse investigación contra imputados favorecidos con archivo definitivo.
Santo Domingo, RD.-Los siete favorecidos con el archivo definitivo durante el pasado gobierno ahora sólo están protegidos por los archivos provisionales y ello permitirá que el Ministerio Público retome el caso.«El Ministerio Público decidirá si levanta los archivos provisionales y emite un nuevo acto o qué hará», reveló Wilson Camacho, procurador especializado contra la Corrupción Administrativa, tras el fallo del juez Alejandro Vargas.
José Alejandro Vargas, en función de juez interino del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dijo que el archivo definitivo dictado a favor de siete de los investigados en el caso Odebrecht no existe ya que el Ministerio Público de la época solo redactó el oficio debido pero no lo notificó a las partes envueltas en el proceso.
Esta decisión se toma un año y tres meses después de que el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, emitiera el auto del archivo provisional en favor de los encartados.
El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión tras rechazar una objeción presentada por la Fundación Alianza Ciudadana, representada por la abogada Evelin Torres, a cuya solicitud se adhirió la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En su decisión, el tribunal entendió que no procede revocar la decisión emitida a favor de Temístocles Montás, Julio César Valentín, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Óleo y Radhamés Segura, los cuales cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Narciso Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En vista de que el archivo definitivo no fue notificado a Manuel Jimenez, quien se querelló en esa ocasión , el archivo definitivo no existe, consideró el juez Vargas.
«Estos archivos Lo que hizo el ministerio público fue hacer un oficio. Manifestar su intención pero al no notificarla en el plazo que dice la ley a una parte querellante entonces lógicamente los archivos quedan sin eficacia jurídica y por eso el juez entiende que no tiene que anular el archivo ni apoderarse de oficio», dijo.
El juez, para tomar la decisión, alegó que la Fundación Alianza Ciudadana no cumplió con lo requerido y no es parte del proceso, debido a que no denunció el hecho de supuesto acto de corrupción ni tampoco se querelló en contra de los investigados.
El ex procurador Alain Rodríguez, el 7 de junio de 2018, informó al país sobre el archivo provisional a favor de los siete investigados y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2019, emitió un auto del archivo definitivo a favor de los 8 imputados, tras considerar que no encontró evidencias suficientes que indiquen su vinculación en el caso.
En la instancia Alianza Ciudadana pedía al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal sentido revocar dichos archivos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las investigaciones indicadas en torno a los encartados, debido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuenta la afectación social de los delitos atribuidos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.