Santo Domingo, RD.-Los siete favorecidos con el archivo definitivo durante el pasado gobierno ahora sólo están protegidos por los archivos provisionales y ello permitirá que el Ministerio Público retome el caso.Nacionales
Puede reabrirse investigación contra imputados favorecidos con archivo definitivo.
Santo Domingo, RD.-Los siete favorecidos con el archivo definitivo durante el pasado gobierno ahora sólo están protegidos por los archivos provisionales y ello permitirá que el Ministerio Público retome el caso.«El Ministerio Público decidirá si levanta los archivos provisionales y emite un nuevo acto o qué hará», reveló Wilson Camacho, procurador especializado contra la Corrupción Administrativa, tras el fallo del juez Alejandro Vargas.
José Alejandro Vargas, en función de juez interino del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dijo que el archivo definitivo dictado a favor de siete de los investigados en el caso Odebrecht no existe ya que el Ministerio Público de la época solo redactó el oficio debido pero no lo notificó a las partes envueltas en el proceso.
Esta decisión se toma un año y tres meses después de que el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, emitiera el auto del archivo provisional en favor de los encartados.
El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión tras rechazar una objeción presentada por la Fundación Alianza Ciudadana, representada por la abogada Evelin Torres, a cuya solicitud se adhirió la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En su decisión, el tribunal entendió que no procede revocar la decisión emitida a favor de Temístocles Montás, Julio César Valentín, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Óleo y Radhamés Segura, los cuales cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Narciso Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En vista de que el archivo definitivo no fue notificado a Manuel Jimenez, quien se querelló en esa ocasión , el archivo definitivo no existe, consideró el juez Vargas.
«Estos archivos Lo que hizo el ministerio público fue hacer un oficio. Manifestar su intención pero al no notificarla en el plazo que dice la ley a una parte querellante entonces lógicamente los archivos quedan sin eficacia jurídica y por eso el juez entiende que no tiene que anular el archivo ni apoderarse de oficio», dijo.
El juez, para tomar la decisión, alegó que la Fundación Alianza Ciudadana no cumplió con lo requerido y no es parte del proceso, debido a que no denunció el hecho de supuesto acto de corrupción ni tampoco se querelló en contra de los investigados.
El ex procurador Alain Rodríguez, el 7 de junio de 2018, informó al país sobre el archivo provisional a favor de los siete investigados y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2019, emitió un auto del archivo definitivo a favor de los 8 imputados, tras considerar que no encontró evidencias suficientes que indiquen su vinculación en el caso.
En la instancia Alianza Ciudadana pedía al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal sentido revocar dichos archivos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las investigaciones indicadas en torno a los encartados, debido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuenta la afectación social de los delitos atribuidos.
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Pronto el Ministerio Público hablará de un segundo capítulo del caso Senasa, según Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Luego de la ratificacion de la medida de coercion en contra de los imputados del caso Senasa, Wilson Camacho, voce del Ministerio Público volvió a señalar que la versión dos del escándalo de corrupción pronto será conocido.
“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.
Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”.
Wilson Camacho calificó la decisión del tribunal, al mantener las medidas de coerción contra los actuales imputados, como un éxito, al tiempo de indicar que es “un estímulo para el Ministerio Público seguir trabajando para que todo el que haya participado en este proceso venga a los tribunales a responder por sus hechos”.
Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.
La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.
El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Santo Domingo, R.D.-Los defensores en el caso Calamar del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, presentaron en el tribunal hoy sus argumentos finales con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades millonarias en expropiaciones de terrenos y pagos a contratistas.
El doctor Eduardo Núñez planteó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la imputación carece de fundamento legal y material y que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acrediten una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, acotó el abogado en sus argumentos planteados al tribunal.
En ese sentido, solicitó al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos.
Sostiene que se trata de documentos fabricados al margen de la ley, producidos sin permitir la contradicción ni la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en franca violación del artículo 69 de la Constitución.
Afirmó que dichos informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento deliberado de crear documentos para justificar acciones que se querían llevar a cabo y dar apariencia de legalidad a una narrativa que no respondía a hechos reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad.
El jurista explicó que en el período comprendido entre el año 2021 y 2024 se realizaron informes de auditoría sobre expropiaciones del Ministerio de Hacienda atribuidas a una Unidad Antifraude que no existe legalmente.
Esa auditoría, indicó, se llevó a cabo sin notificar, sin permitir participación y sin otorgar acceso a la información a las personas bajo escrutinio, en abierta violación de las normas básicas del debido proceso administrativo.
A juicio de la defensa, se trata de una actuación fabricada al margen del ordenamiento jurídico, utilizada durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, aun cuando se conocía que el órgano que produjo el informe carecía de existencia jurídica.
Núñez recordó que no fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, varios años después de que esa supuesta unidad realizará los trabajos que sirvieron de base al proceso penal.
Igualmente, indicó que el Decreto 382-25 es inconstitucional porque asigna facultades que afectan derechos fundamentales por medio de un decreto.
Manifestó que la acusación se sostiene sobre dos tipos de pagos que el Ministerio Público ha intentado presentar como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado.
Santo Domingo, R.D.-Una pena máxima de 20 años de cárcel solicitó el Ministerio Público este jueves en sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados en el caso Coral, cuyo cabecilla es el general Adam Cáceres y 5 para el delator, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Durante la lectura de las conclusiones, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó que los imputados sean condenados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones graves.
La fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR), Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola
Para estos procesados, el Ministerio Público también solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, identificados mediante una extensa lista de pruebas materiales que abarcan desde propiedades de lujo hasta vehículos y activos financieros, en favor y provecho del Estado Dominicano.
En el caso del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamentada en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
Mayor general Adán Cáceres se queja de violaciones a sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público propuso que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad o que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas específicas.
Esto residir en un domicilio fijó aportado al tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego, presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.