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Cuñado de Danilo Medina acuerda con Ministerio Público decomiso de RD$3,000 millones en marco de Operación Antipulpo
Santo Domingo, R.D.- La Operación Anti Pulpo, que involucra a un cuñado de Danilo Medina, ha dejado como resultado la homologación como resultado de la investigación seguida en el caso, que el Ministerio Público obtenga de un tribunal un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas acepten su responsabilidad penal y admita el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
- Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.
Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Montilla Sierra y sus empresas, en cambio, son asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, «logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público».
- Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas.
Recuerda además que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, dice.
Explica que Montilla Sierra muestra un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a sus empresas.
Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.
Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.
«A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos», indica el acuerdo homologado.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.
«Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita», dice el documento.
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Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.