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Interior y Policía advierte no permitirá delincuencia tome control de SDN
SANTO DOMINGO.-Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía, dijo que el gobierno del presidente Luis Abinader bajo ninguna circunstancia permitirá que la delincuencia tome el control del municipio Santo Domingo Norte.
Informó que este sábado las autoridades comenzaron a implementar medidas con el fin de mejorar la ciudad ciudadana en este municipio, el cual ha estado afectado en los últimos días por robos, atracos y otros hechos vandálicos.
Al encabezar una reunión extraordinaria de la «Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Santo Domingo Norte», Vásquez Martínez afirmó que hay un diagnóstico de la problemática y que a partir del 3 de noviembre serán aplicadas medidas para una solución definitiva de dichos problemas.
“La intervención no es solo la persecución del delito, se trabajará en la iluminación de los sectores, además, los programas sociales del Gobierno llegarán a los más necesitados, para devolver la paz al municipio”, expuso.
Aseguró que el gobierno las medidas serán implementando en coordinación con autoridades locales y representantes de las instituciones públicas.
“Se ha hablado con EdeEste para garantizar la energía e iluminación del municipio y el Ministerio de Interior y Policía aportará 400 luminarias para iniciar desde este lunes los trabajos”, indicó.
Explicó que habrá diferentes actividades desde esta semana hasta el día 3 de noviembre, cuando iniciará la intervención de Santo Domingo Norte de manera oficial con la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, con la participación de todas las instituciones del gobierno.
MAYOR PRESENCIA DE LA PN Y LA DNCD
Detalló que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional tendrán mayor presencia en los barrios, y los médicos del cuerpo del orden harán desde esta semana jornadas de salud preventiva.
“El tema es cómo construimos una sociedad en valores y vamos a iniciar un proceso para que las nuevas generaciones se levanten con normas establecidas para una convivencia ciudadana sana. La familias y el comercio comprenden lo sabemos , la importancia de respaldar las iniciativas que implementará el Gobierno en Santo Domingo Norte, porque los niños, adolescentes y jóvenes son el producto de lo que ven hacer a sus padres y la formación que le dan”, manifestó.
TODAS LAS ACCIONES QUE SE REQUIERAN
Dijo que aunque han sido tomadas algunas medidas, si fuere necesario serán emprendidas «todas las acciones que se requieran».
«La comunidad puede estar segura que las autoridades no escatimarán esfuerzos para mantener el orden y la paz en Santo Domingo Norte», enfatizó.
PIDE COLABORACIÓN DE CIUDADANOS
Vásquez dijo que el Ministerio de Interior y Policía está comprometido a mantener la tranquilidad en Santo Domingo Norte y llamó a los ciudadanos de este municipio a que se incorporen a los esfuerzos que en este sentido realizan las autoridades.
Observó que «no hay forma de que ningún municipio del país avance, crezca, en medio del desorden y de la delincuencia».
«Si los hombres y mujeres de Santo Domingo Norte quieren que el municipio crezca y se desarrolle, tiene entonces que haber una actitud de unidad en un solo propósito: devolver la paz y tranquilidad a este municipio y nosotros como Gobierno estaremos apoyando, haremos todo el esfuerzo para que la paz y la tranquilidad en este municipio esté garantizada», enfatizó.
VENTA DE BEBIDAS
El viernes el Ministerio de Interior y Policía redujo de manera temporal desde este sábado el horario de venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte, para «contrarrestar los disturbios» provocados por bandas que afectan el municipio y garantizar la tranquilidad.
La medida prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche hasta las ocho de la mañana en el municipio y sus distritos municipales.
El organismo consideró, en un comunicado, que la venta de alcohol en lugares y horarios «inadecuados» aumenta la posibilidad de situaciones que ponen en peligro la salud y la vida, y alerta de que la violación a la disposición podría originar el cierre provisional o definitivo del establecimiento y la cancelación de la licencia para operar.
COMERCIANTES SE QUEJAN
Sin embargo, la denominada Asociación Unión Dominicana de Centros Nocturnos se quejó este domingo por esta medida tras observar que la misma no contribuye a disminuir los delitos.
«La delincuencia siempre está y estará sino se pone mano dura de la Policía. No somos responsables de que haya delincuencia en los barrios; eso es problema de la Policía”, dijo Lolo Abreu, representante de la Aociación.
“Con esta medida lo que están haciendo es dar un mensaje negativo sobre la policía, porque lo que están diciendo al ciudadano es tránquense cierren sus negocios, que hay delincuencia. Entonces.. ¿para qué está la policía?. Entendemos que la policía en vez de mandarnos a cerrar el negocio tiene que protegernos”, añadió.
Santo Domingo, R.D.-Los obispos de la Republica Dominicana en una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América dedicaron la misa de este domingo al pueblo de Venezuela, donde más de mil personas han fallecido a causa de dos terremotos.
Al iniciar la eucaristía, monseñor Piergiorgio Bertoldi hizo eco de las palabras del Santo Padre pronunciadas al finalizar el ángelus de este domingo, refiriéndose al reciente terremoto ocurrido en Venezuela: «Ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia».
Explicó que cuando esta convicción guía el actuar de los miembros de la Iglesia, los gobernantes y magistrados, “el derecho se convierte en amparo y garantía de todos”.
Al reflexionar sobre la defensa de la vida, señaló que “la grandeza moral de una nación no se mide por su crecimiento económico sino por su capacidad de proteger a los más débiles”.
Además, motivó a las autoridades públicas a ejercer un liderazgo que promueva el diálogo y que respete la conciencia y libertad religiosa de los ciudadanos, al afirmar que, la autonomía del Estado nunca “debe interpretarse como hostilidad” hacia la fe, puesto que “la conciencia cristiana es la que ha enseñado históricamente a nuestros pueblos que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como una mercancía”.
La celebración eucarística fue transmitida por diversos medios de comunicación y contó con la participación de diplomáticos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos.
Desde el domingo 28 de junio hasta el viernes tres de julio los obispos están reunidos en Asamblea Plenaria. Es el conjunto de los obispos de la CED, quienes sostienen un encuentro anual para tratar una temática específica: elección de la nueva directiva, informar sobre las diócesis, conocer el trabajo de las comisiones, y temas varios de interés para la institución.
Santo Domingo, R.D.-Se ha reabierto en el pais la discusion sobre los límetes entre la proteccion del honor y la libertad de expresion ante la inminencia de la entrada en vigor en agosto de este año del nuevo Código Penal, cuyas disposiciones sobre injuria y difamación no solo actualizan figuras jurídicas existentes, sino que extienden su alcance al entorno digital, un aspecto que ha generado interrogantes entre juristas, periodistas y defensores de la libertad de prensa.
Entre quienes han analizado los cambios se encuentra el fiscal adscrito a la Procuraduría General de la República, Jonathan Pérez Fulcar, quien considera que la principal novedad de la Ley 74-25 radica en la ampliación de estas conductas al ciberespacio. Mientras la legislación anterior, sustentada principalmente en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, estaba enfocada en medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, los artículos 208 al 212 del nuevo Código incluyen expresamente las redes sociales, plataformas de streaming, medios electrónicos y servicios de mensajería.
La reforma también incorpora nuevas figuras, entre ellas la denominada «difamación extorsiva» (artículo 209), que sanciona la utilización de imputaciones como mecanismo de presión. Asimismo, el artículo 212 contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas, una disposición que podría alcanzar a empresas y medios de comunicación, además de los individuos involucrados.
Uno de los aspectos que más debate ha generado es la forma en que estas disposiciones podrían afectar el trabajo periodístico, particularmente las investigaciones sobre asuntos de interés público.
Pérez Fulcar advierte que, bajo el nuevo esquema, podrían surgir controversias cuando una investigación publicada por un periodista sea objeto de cuestionamiento judicial. Según explica, la regulación sobre difamación no establece expresamente una excepción basada en la veracidad de la información ni condiciona su configuración a la existencia de mala fe, elementos que suelen formar parte de las discusiones sobre libertad de expresión en otras jurisdicciones.
La preocupación también se extiende a la valoración de las pruebas dentro de estos procesos. De acuerdo con el fiscal, en la práctica podría generarse un escenario en el que el comunicador deba demostrar la veracidad de lo publicado, lo que podría incrementar la carga procesal para quienes realizan investigaciones periodísticas.
La discusión no se limita a los medios de comunicación. Las disposiciones también alcanzan a los usuarios que participan diariamente en plataformas digitales.
El artículo 210 sanciona la injuria, entendida como una expresión ofensiva o despreciativa que no implique necesariamente la atribución de un hecho concreto. Sin embargo, la aplicación práctica de esta figura plantea desafíos relacionados con la interpretación de determinadas expresiones.
Para Pérez Fulcar, una de las dificultades radica en definir dónde termina la crítica legítima y dónde comienza una conducta sancionable. A modo de ejemplo, señala que una publicación en redes sociales podría ser interpretada de distintas maneras dependiendo del contexto y de la valoración realizada por los tribunales.
El debate también ha puesto sobre la mesa la relación entre las nuevas disposiciones y las garantías constitucionales sobre libertad de expresión.
El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a expresar libremente pensamientos e informaciones, protege la libertad de prensa y prohíbe la censura previa. A partir de ese marco, diversos sectores han examinado cómo las nuevas figuras penales podrían interactuar con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional.
Pérez Fulcar cita tres decisiones que considera especialmente relevantes. La sentencia TC/0075/16 estableció que la prisión por difamación contra funcionarios públicos vulnera el núcleo esencial de la libertad de expresión; la TC/0437/16 reconoció que internet y las redes sociales merecen la misma protección constitucional que otros medios de comunicación; y la TC/0092/19 consideró desproporcionado imponer sanciones más severas únicamente por el uso de plataformas digitales.
A juicio del fiscal, algunos aspectos de la Ley 74-25 podrían generar futuras discusiones constitucionales debido a que reincorporan sanciones privativas de libertad y contemplan agravantes vinculadas a medios digitales.
La controversia refleja una tensión permanente entre dos derechos fundamentales. Quienes respaldan las nuevas disposiciones sostienen que el alcance de las redes sociales ha multiplicado la difusión de acusaciones falsas y ataques a la reputación, por lo que consideran necesario fortalecer los mecanismos de protección del honor.
Por otro lado, sectores vinculados a la libertad de prensa entienden que cualquier regulación debe evitar generar efectos que limiten la investigación periodística o el debate público sobre asuntos de interés colectivo.
Para Pérez Fulcar, más allá de la eventual decisión de los tribunales, una de las principales preocupaciones radica en los costos personales, económicos y profesionales que implica enfrentar una querella penal. En ese contexto, considera que el verdadero desafío será encontrar un equilibrio que permita proteger la reputación de las personas sin desalentar la circulación de informaciones de interés público.
La discusión, en definitiva, trasciende el ámbito penal. Lo que está en juego es cómo armonizar la defensa del honor con la libertad de expresión en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la información circula con rapidez y donde las decisiones que adopten los tribunales podrían definir el alcance de ambos derechos durante los próximos años.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.