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Escuelas paralizadas son enfrentadas en silencio, pero con responsabilidad, dice Ministro de Educación.

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Santo Domingo, R.D.-Miguel Luis Decamps,  ministro de Educación, manifestó que la educación es una causa común que convoca a todos, como el Estado, medios de comunicación y ciudadanía.

De Camps señaló en una carta dirigida a Miguel Franjul, director de Listín Diario, que se están enfrentando con responsabilidad los casos de obras paralizadas, metas pendientes y cambios estructurales urgentes.

De Camps expresó que desde su llegada a esta entidad educativa, ha realizado recorridos en todo el país acompañado de su equipo con el fin de, en primera instancia, escuchar las comunidades educativas, en especial a los estudiantes y sus familias.

De la mano con la Dirección de Infraestructura Escolar, se realizó un levantamiento con información técnica nacional que les permite dimensionar con claridad las condiciones de infraestructura y los compromisos pendientes del Ministerio.

Sobre esa base, el funcionario explicó que se está diseñando un plan de ejecución riguroso y disciplinado que permitirá acelerar el avance del sistema educativo y que será comunicado oportunamente a todo el país.

De manera preventiva, el ministro dijo que se instruyó tomar las medidas de protección pertinentes.

«Hemos priorizado el trabajo serio y silencioso, mi entrega es absoluta. Trabajo cada día con la convicción de que producir resultados concretos y comunicarlos en tiempos oportunos, es la única forma de enfocarnos y honrar la confianza que la comunidad educativa nos ha depositado», detalló el ministro.

Indicó que su enfoque es no mirar hacia otro lado y actuar con transparencia, responsabilidad y sentido de urgencia, «porque, al igual que para toda la sociedad dominicana, para mí, la educación es primero», enfatizó Luis Miguel de Camps.

Casos de escuelas paralizadas

A través de una información suministrada por la Dirección de Infraestructura Escolar, se pudo constatar que en República Dominicana hay alrededor de 415 edificaciones escolares con hasta 15 años pendientes de terminar, la mayoría iniciadas en el periodo 2012-2015 a través de diversos sorteos.

Estos centros educativos pendientes de terminar recorren todo el país. Entre estos, de la provincia Santiago, están el Centro Educativo José Valentín Pérez en la comunidad La Noriega, el Centro Educativo de la Villa Olímpica en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, la escuela Anhelita Suarez en El Aguacate y el Centro Educativo El Arroyo en Gurabo.

En la provincia La Vega, específicamente en el distrito municipal La Sabina del municipio Constanza, está el Centro Educativo Colonia Húngara, que lleva 13 años de construcción.

Hace unas semanas, en la provincia Duarte, el nuevo plantel del Liceo Isidro Antonio Estévez, ubicado en la comunidad Blanco Arriba, cumplió 11 años desde que se empezó su construcción.

Más de cuatro años suma el abandono que tiene la construcción de la Escuela Enriquillo Pueblo Viejo, así como también la Escuela Campiña Tabara Abajo, Escuela Los Cartones, Escuelas Los Barrancones, Escuela José Francisco Peña Gómez, Ángel Fermín Noboa, Liceo Guayacanal, la ampliación del Liceo Villa Sagrado Corazón de Jesús, Escuela Inicial y Básica Nicolás Mañón, la San Martín de Porres y el remozamiento del Liceo Román B. Castro, en la provincia Azua.

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Gobierno dominicano declara terroristas a organizaciones de Irán y el Líbano.

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Por EFE

Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.

Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.

Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.

an/am

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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.

La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.

«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.

«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal

Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.

Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

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Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. 

El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.

En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).

Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.

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Infografía
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. 

Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.

A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.

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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.

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Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha»,  quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta  ilegal en que ha incurrido.

Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica,  acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.

Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.

“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa

¿Cómo funciona la depuración?

“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.

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