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Mano de obra puede ser suplida por formación técnica profesional, según ministro.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, aseguró hoy que la demanda de mano de obra calificada que tienen algunos sectores en el país se puede resolver a través de la formación técnico profesional.
«Cada vez más se hace evidente que la capacitación técnico profesional es más importante. La realidad del mundo del trabajo hoy requiere que tengamos disponibilidad de trabajar con mayores capacidades, inclusive más que antes», indicó De Camps.
Puso como ejemplo que el sector turístico reclama capacidad de idiomas.
Agregó, sobre el tema logístico, que el mercado está demandando mucho de esa capacidad de los trabajadores.
«El tema logístico puede desarrollarse más ágilmente a través de la formación técnico profesional, y así sucesivamente las diferentes áreas tienen demandas que un porcentaje importante de ellos pueden ser respondidas a través de la formación técnico profesional«, precisó el ministro de Trabajo.
Señaló que lo que antes se hablaba de que era el futuro del trabajo, ya hoy es el presente en el trabajo.
Previo a reunión de la OIT
«El mercado laboral no es nacional, el mercado es global, mundial», indicó el funcionario previo a su participación en la celebración de la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/Cinterfor en la República Dominicana, con la participación de delegados de más de 50 instituciones de formación profesional de más de 27 países.
El tema de este año es «Formación profesional como eje del desarrollo económico y social de los países».
«El factor fundamental, no solamente diferenciador, sino también de mayor impacto hacia la empleabilidad, especialmente de los jóvenes, es la formación, y dentro de la formación, la formación técnico profesional siempre ha sido importante», argumentó el titular del Ministerio de Trabajo.
Agregó que en la actualidad es más importante que nunca la formación técnico profesional, porque el aparato productivo global «requiere, demanda y reclama personas que rápidamente desde muy temprano sepan cómo actuar, cómo obtener los conocimientos para ejercer una labor en el mundo laborar formal y la formación técnico profesional viene a eso».
Al evento vienen expertos de Iberoamérica, de África y otros territorios. «Vamos a conocer y se va a discutir y se va a conversar sobre las experiencias de los institutos de formación de los diferentes países, los programas de capacitación, la agilidad en la formación dual de calidad y todo lo que eso conlleva», explicó De Camps.
Retos de la informalidad
De Camps dijo que en la República Dominicana existen retos de la informalidad laboral, pero que las autoridades trabajan para mejorar ese panorama.
«Existen retos de la informalidad laboral que hay que mejorar, aunque se han comenzado a ver. En pandemia y postpandemia la informalidad sube un poco, pero ya se comienza a doblar la curva nuevamente hacia abajo poco a poco; reducciones modestas de la informalidad, pero la ruta es hacia la mejora«, indicó.
Agregó que, cuando la gestión del presidente Luis Abinader se inició, había cerca de 400,000 empleos suspendidos o perdidos por la pandemia, pero que en 13 meses (septiembre-octubre de 2021) los empleos ya se habían recuperado y, a partir de ahí, los empleos formales del sector privado han seguido creciendo.
«Al cierre del año 2022, en adición a los ya recuperados, se les agregaron alrededor de 130,000 empleos adicionales al sector privado, formales, de esos, 89,000 fueron solamente en el 2022. De esos 89,000 el 34 % fueron ocupados por jóvenes», reiteró De Camps.
Apuntó que los datos que se tienen de los informales es básicamente la correlación, en comparación con los formales.
«Actualmente la informalidad laboral ronda cerca del 46 % de la fuerza de trabajo de la República Dominicana, que es uno de los retos regionales. Pero en el caso de la República Dominicana, es uno de los retos que tenemos que seguir atendiendo», explicó De Camps.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.