La República Dominicana es una nación eminentemente agrícola. Miles de familias dependen directa o indirectamente de la producción de plátanos, arroz, vegetales, frutas, café, cacao, habichuelas y otros rubros que diariamente llegan a nuestros mercados, supermercados y hogares.

Defender la agricultura nacional es, por tanto, defender empleos, comunidades rurales, producción y seguridad alimentaria.

Pero defender la agricultura también significa garantizar que lo que sale del campo y llega a la mesa de los dominicanos sea seguro para la salud.

Ahí comienza una responsabilidad que no admite indiferencia.

El uso de pesticidas y otros productos fitosanitarios es una realidad de la agricultura moderna. Su utilización puede resultar necesaria para controlar plagas, enfermedades, hongos y malezas capaces de destruir cultivos enteros.

El problema aparece cuando esos productos son utilizados sin suficiente orientación técnica, cuando se aplican cantidades superiores a las permitidas, cuando se emplean sustancias no autorizadas, cuando se realizan mezclas inadecuadas o cuando no se respetan los períodos establecidos entre la última aplicación y la cosecha.

Por eso, el debate no debe reducirse simplitamente a estar a favor o en contra de los pesticidas.

La discusión verdaderamente importante es otra:

¿Qué productos se están utilizando en nuestros campos?

¿Quién controla las cantidades aplicadas?

¿Quién verifica que se respeten los períodos de espera antes de cosechar?

¿Con qué frecuencia se analizan los alimentos que se venden a la población?

¿Qué sucede cuando un producto supera los límites permitidos de residuos?

Y una pregunta todavía más importante:

¿se entera el consumidor dominicano cuando ocurre?

No basta con aprobar reglamentos, emitir resoluciones o anunciar programas de vigilancia.

La efectividad de cualquier política pública se demuestra en el terreno.

Se demuestra mediante inspectores suficientes.

Laboratorios equipados.

Toma frecuente de muestras.

Personal capacitado.

Seguimiento a importadores y vendedores de agroquímicos.

Educación permanente a los productores.

Control de los productos utilizados.

Y consecuencias reales para quienes incumplan las normas poniendo en riesgo la salud de la población.

Nuestro reportaje sobre los pesticidas plantea una realidad que merece atención nacional: la protección debe abarcar toda la cadena, desde la importación y comercialización del agroquímico hasta su aplicación en la finca y la llegada del producto al consumidor.

Existe, además, un asunto que el país debe discutir con absoluta seriedad.

Los productos agrícolas dominicanos destinados a los mercados internacionales tienen que cumplir requisitos y límites de residuos establecidos por países compradores, particularmente Estados Unidos y los mercados europeos.

Entonces resulta inevitable formular una pregunta:

¿Por qué el dominicano habría de recibir un nivel de protección inferior al exigido para los productos que exportamos?

La salud del consumidor nacional no puede valer menos.

Un tomate destinado a la mesa de una familia dominicana debe ofrecer garantías sanitarias equivalentes a las que exigimos cuando pretendemos colocarlo en un mercado extranjero.

La inocuidad alimentaria no puede convertirse en un privilegio asociado al destino comercial de una cosecha.

Debe ser un derecho.

Tampoco corresponde crear alarma y transmitir la idea equivocada de que consumir frutas y vegetales representa necesariamente un peligro.

No es así.

Los alimentos agrícolas siguen siendo indispensables dentro de una dieta equilibrada y saludable.

La preocupación surge cuando existen malas prácticas, utilización incorrecta de sustancias o controles incapaces de detectar oportunamente un producto que no cumple los parámetros establecidos.

Y aquí existe otro aspecto que debe quedar perfectamente claro.

No podemos trasladarle al ciudadano una responsabilidad que corresponde fundamentalmente a productores, comercializadores y autoridades.

Sí, el consumidor debe lavar correctamente frutas y vegetales y adoptar prácticas adecuadas de higiene.

Pero ninguna familia posee un laboratorio en su cocina.

Una persona puede observar una lechuga perfectamente verde y no tiene manera de determinar visualmente qué sustancia fue aplicada sobre ella.

Puede mirar un tomate, tocarlo, lavarlo y todavía no saber qué producto químico fue utilizado durante su producción ni en qué cantidad.

Precisamente por eso existe el Estado.

Para regular.

Para inspeccionar.

Para analizar.

Para prevenir.

Y, cuando corresponda, para sancionar.

La República Dominicana necesita una agricultura productiva, competitiva y rentable.

Pero necesita, al mismo tiempo, una agricultura responsable.

No se trata de enfrentar al productor con el consumidor.

Ambos necesitan protección.

El trabajador agrícola merece manipular productos químicos con conocimiento, equipos adecuados y condiciones que no comprometan su salud.

El productor responsable merece reglas claras y asistencia técnica.

Y el consumidor merece comprar un alimento confiando razonablemente en que previamente alguien hizo el trabajo de verificar su inocuidad.

Esa confianza constituye parte esencial de cualquier sistema serio de seguridad alimentaria.

Por eso, el control de los pesticidas no puede verse únicamente como un problema agrícola.

Es un asunto de salud pública.

Es una cuestión ambiental.

Es un problema de seguridad alimentaria.

Y es, además, una obligación de transparencia.

Las autoridades deben informar no solamente cuando los resultados son favorables, sino también cuando los controles detectan irregularidades.

Una política de inocuidad realmente efectiva no debe temerle a la información.

Debe utilizarla para corregir, prevenir y generar confianza.

Garantizar que exista comida suficiente en las mesas dominicanas es fundamental.

Pero no basta.

También tenemos que garantizar que esa comida sea segura.

Porque la responsabilidad comienza mucho antes de que un producto llegue al mercado.

Comienza con lo que se importa.

Continúa con lo que se vende.

Pasa por lo que se aplica en nuestros campos.

Debe ser vigilada durante la cosecha y comercialización.

Y finalmente llega al lugar donde todas las políticas públicas relacionadas con los alimentos adquieren su verdadero sentido:

la mesa de cada familia dominicana.

En toda sociedad existen sentimientos capaces de condicionar la conducta de las personas. En la República Dominicana, dos de ellos merecen especial atención: el miedo y la vergüenza.

El miedo paraliza. La vergüenza oculta.

Uno puede impedir que una persona denuncie una injusticia; la otra puede llevarla a esconder durante años una realidad dolorosa por temor al juicio de los demás.

Ambos sentimientos forman parte de la condición humana. El problema comienza cuando dejan de ser reacciones circunstanciales y se convierten en fuerzas capaces de determinar la vida de las personas, silenciar problemas sociales y debilitar la capacidad de reclamar derechos.

Durante generaciones, la cultura dominicana ha convivido con una frase que resume buena parte de esa presión social: “¿Qué va a decir la gente?”

Detrás de esas pocas palabras se encuentra, muchas veces, una enorme carga emocional.

Por temor al “qué dirán”, algunas personas intentan aparentar una estabilidad económica que no poseen. Otras permanecen en relaciones deterioradas. Algunas familias esconden situaciones de violencia, adicciones, conflictos internos o dificultades financieras porque consideran que reconocer esos problemas públicamente constituye una vergüenza.

Así se construyen apariencias de normalidad mientras los verdaderos problemas permanecen ocultos.

Pero el miedo también ejerce su propia presión.

Existe miedo a denunciar al poderoso, miedo a perder el empleo, miedo a enfrentar intereses económicos o políticos, miedo a convertirse en objeto de represalias y miedo, simplemente, a quedarse solo cuando llega el momento de defender una posición.

Por eso, no todo silencio significa indiferencia.

Muchas veces el silencio es una forma de supervivencia.

El verdadero problema aparece cuando miedo y vergüenza coinciden.

La víctima de violencia puede temer a su agresor y, al mismo tiempo, sentir vergüenza de admitir lo que vive.

Quien ha sido estafado puede callar no solo por temor a perder más, sino por la incomodidad de reconocer que fue engañado.

Una familia en dificultades puede necesitar ayuda y, aun así, negarse a solicitarla porque teme ser señalada.

En esos casos, miedo y vergüenza terminan convirtiéndose en aliados de un mismo enemigo: el silencio.

Las redes sociales han añadido una dimensión nueva a esta realidad.

Hoy se exhiben viajes, vehículos, celebraciones, éxitos profesionales, relaciones sentimentales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados. La sociedad digital ha convertido la imagen personal en una vitrina permanente.

Sin embargo, detrás de una fotografía de felicidad puede existir dolor. Detrás de una aparente prosperidad puede haber endeudamiento. Detrás de una pareja sonriente puede esconderse una relación rota.

El problema no está en compartir momentos positivos, sino en creer que la vida debe ser permanentemente perfecta para ser aceptada por los demás.

Esa presión fortalece nuevamente la vieja pregunta: “¿Qué van a pensar de mí?”

Una sociedad madura debe aprender a sustituir esa pregunta por otras más importantes.

¿Estoy actuando correctamente?

¿Estoy protegiendo mis derechos?

¿Necesito ayuda?

¿Estoy guardando silencio frente a una injusticia?

¿Estoy viviendo para satisfacer las expectativas de los demás o para enfrentar responsablemente mi propia realidad?

No podemos construir una sociedad libre si las personas sienten que denunciar es peligroso, pedir ayuda es humillante o reconocer un fracaso constituye una vergüenza.

Tampoco basta con pedirle valentía al ciudadano.

Las instituciones tienen la obligación de generar confianza. Quien denuncia debe sentirse protegido. Quien busca justicia debe encontrar respuestas. Quien necesita ayuda debe poder solicitarla sin ser humillado.

La familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas también tienen responsabilidades en la construcción de una cultura menos inclinada al juicio y más comprometida con la solidaridad.

El miedo y la vergüenza nunca desaparecerán completamente. Son emociones humanas.

Pero no podemos permitir que se conviertan en cárceles invisibles.

Cuando una persona deja de hablar por miedo, una injusticia puede continuar.

Cuando alguien oculta un problema por vergüenza, ese problema puede crecer.

Y cuando toda una sociedad comienza a guardar silencio, las consecuencias dejan de ser individuales y pasan a convertirse en colectivas.

Por eso, el verdadero desafío no consiste en determinar cuál pesa más, si el miedo o la vergüenza.

El verdadero desafío es construir una sociedad en la que ninguno de los dos pese tanto como para impedir denunciar, pedir ayuda, defender derechos, reconocer errores y volver a comenzar.

Tal vez haya llegado el momento de dejar de vivir pendientes únicamente del “qué dirán”.

Porque, frente a los grandes problemas de una sociedad, existe una pregunta mucho más importante:

¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar lo que debe cambiar?

El patrimonio público no pertenece al Gobierno de turno, al funcionario que administra una institución ni al partido político que circunstancialmente ejerce el poder.

Pertenece a la sociedad.

Esta afirmación, aparentemente elemental, constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales debe descansar una democracia auténticamente institucional.

Sin embargo, nuestra historia política obliga a reconocer que durante demasiado tiempo ha sobrevivido una concepción patrimonialista del Estado: la idea de que alcanzar una posición de poder puede proporcionar derecho a disponer de los recursos públicos como si fueran patrimonio particular.

Esa cultura debe terminar.

La corrupción no puede continuar analizándose exclusivamente por la cantidad de dinero presuntamente sustraído. Su verdadero costo alcanza dimensiones mucho mayores.

Cuando se desvían recursos públicos, pierde el hospital que necesita medicamentos, la escuela que requiere mejores condiciones, la comunidad que espera una carretera, el ciudadano que necesita seguridad y la familia que depende de servicios estatales eficientes.

Pero pierde también la democracia.

Cada escándalo de corrupción que queda sin esclarecer, cada irregularidad que no recibe respuesta institucional y cada manifestación de impunidad —real o percibida— erosiona la confianza de los ciudadanos.

Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sin confianza.

La República Dominicana necesita consolidar una cultura en la cual administrar recursos públicos sea entendido como una responsabilidad temporal y rigurosamente fiscalizada, nunca como una oportunidad de enriquecimiento.

Eso requiere instituciones fuertes, transparencia, controles efectivos, rendición de cuentas y una justicia capaz de investigar y juzgar con independencia.

Pero también exige prudencia.

Combatir la corrupción no significa condenar anticipadamente a quien es investigado. El debido proceso y la presunción de inocencia deben respetarse siempre.

La democracia debe ser suficientemente fuerte para combatir simultáneamente la corrupción y la arbitrariedad.

No necesitamos persecuciones políticas disfrazadas de justicia, pero tampoco necesitamos impunidad disfrazada de garantías.

Necesitamos instituciones.

También corresponde a la sociedad abandonar aquella tolerancia cultural que relativiza la apropiación de recursos públicos dependiendo de quién la cometa.

La corrupción no puede parecernos grave cuando involucra al adversario y justificable cuando beneficia al aliado.

El patrimonio público no tiene colores partidarios.

Cada peso administrado por el Estado procede directa o indirectamente del esfuerzo colectivo y debe regresar a la sociedad convertido en servicios, infraestructura, seguridad, educación, salud y oportunidades.

Por eso, proteger el patrimonio público significa mucho más que proteger dinero.

Significa proteger la democracia.

La República Dominicana debe aspirar a una institucionalidad donde quien llegue al Estado comprenda desde el primer día una verdad que nunca debió ponerse en discusión:

el poder es temporal, pero el patrimonio público pertenece permanentemente al pueblo dominicano.