Editorial
MIPYMES: sobrevivir no puede seguir siendo la única meta
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1 mes agoon
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LA REDACCIÓN
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares más importantes de la economía dominicana, pero paradójicamente también representan uno de sus sectores más vulnerables.
Detrás de cada colmado, taller, salón de belleza, cafetería, pequeña fábrica, tienda o empresa familiar existe mucho más que una actividad comercial. Hay empleos, inversión, obligaciones, familias que dependen de esos ingresos y personas que, en muchos casos, han colocado todos sus ahorros y expectativas de progreso en un negocio.
Por eso, cuando una MIPYME desaparece, no estamos hablando únicamente del cierre de una empresa.
Estamos hablando de empleos que se pierden, de ingresos familiares que desaparecen, de deudas que permanecen, de inversiones que se esfuman y, muchas veces, de proyectos personales construidos durante años.
Las cifras demuestran la magnitud del sector.
Las MIPYMES representan la inmensa mayoría del tejido empresarial dominicano, generan millones de empleos y tienen una participación relevante en la producción nacional. Sin embargo, son precisamente las empresas más pequeñas las que presentan mayores dificultades para mantenerse operando.
Ese dato debería obligar al Estado a mirar el problema con mayor profundidad.
No basta con celebrar cada año la creación de nuevos negocios.
El verdadero éxito de una política de emprendimiento debe medirse también por la capacidad de esas empresas para sobrevivir, crecer, generar empleos y consolidarse.
El crédito no puede ser la única respuesta
Durante años se ha presentado el acceso al financiamiento como una de las principales soluciones para las MIPYMES.
Y ciertamente lo es.
Pero prestar dinero no puede convertirse en la única respuesta.
Un empresario que recibe un préstamo con una tasa elevada y que posteriormente debe utilizar ese dinero para pagar nómina, alquiler, electricidad, combustible, suplidores o compromisos anteriores difícilmente estará utilizando ese financiamiento para crecer.
En esos casos, el crédito puede convertirse simplemente en una forma de prolongar una crisis de liquidez.
Lo que necesitan las pequeñas empresas es financiamiento en condiciones razonables, acompañado de asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, digitalización, innovación y políticas que permitan aumentar su productividad.
También necesitan un sistema de garantías que comprenda la realidad de quien tiene capacidad de producir y trabajar, pero no siempre dispone de grandes propiedades o activos que pueda ofrecer como respaldo.
Transparencia en el financiamiento público
El Estado dominicano dispone de programas dirigidos al financiamiento de las MIPYMES, y sería incorrecto desconocer esa realidad.
Sin embargo, tan importante como disponer de esos recursos es garantizar que su otorgamiento responda a criterios objetivos, técnicos y transparentes.
Los programas públicos de crédito no pueden convertirse en instrumentos sujetos a favoritismos, relaciones políticas o privilegios.
El acceso debe producirse sobre la base de la viabilidad del proyecto, la capacidad de generación de empleos, las posibilidades de crecimiento y las necesidades reales de los emprendedores.
Cada peso colocado por una institución pública en una MIPYME debe ser visto como una inversión destinada a producir empleo, riqueza y desarrollo.
Por eso, la transparencia en la asignación de esos recursos debe ser una obligación permanente.
Formalizarse no debe convertirse en una desventaja
Existe, además, otro problema que merece atención.
El país reclama correctamente que las empresas se formalicen, paguen impuestos, registren a sus trabajadores y cumplan con las obligaciones establecidas por las leyes.
Pero esa formalización tiene costos.
Mientras una empresa formal paga seguridad social, impuestos, permisos, servicios y obligaciones laborales, muchas otras unidades económicas compiten desde la informalidad sin asumir una parte importante de esos gastos.
Esa desigualdad termina castigando precisamente a quien intenta cumplir.
Formalizar una empresa no debe significar condenarla a competir en desventaja.
El Estado debe crear incentivos reales para permanecer dentro de la formalidad, especialmente durante los primeros años de operación.
El verdadero desafío es crecer
La economía dominicana no puede conformarse con tener cientos de miles de microempresas que permanecen durante décadas en condiciones de subsistencia.
Una política empresarial exitosa debería permitir que una microempresa pueda convertirse en pequeña; que una pequeña pueda convertirse en mediana y que algunas de ellas puedan transformarse posteriormente en grandes compañías.
Ese proceso requiere políticas públicas sostenidas.
Requiere acceso a capital.
Requiere capacitación.
Requiere mercados.
Requiere acompañamiento técnico.
Requiere innovación.
Y requiere también instituciones capaces de comprender que detrás de cada empresa existe una historia humana.
El fracaso de un negocio no se limita a un número dentro de una estadística empresarial.
Muchas veces significa la pérdida del ahorro de una familia, el desempleo de varios trabajadores y la desaparición de años de sacrificios.
Por eso, el debate sobre las MIPYMES debe superar los discursos y las estadísticas.
La República Dominicana necesita preguntarse cuántas empresas está ayudando realmente a crecer y cuántas simplemente están tratando de sobrevivir.
Porque crear empresas es importante.
Pero lograr que permanezcan abiertas, crezcan, generen empleos y produzcan riqueza es mucho más importante.
El verdadero desafío de las MIPYMES dominicanas no puede seguir siendo solamente sobrevivir.
Debe ser tener la oportunidad real de prosperar.
Editorial
El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.
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5 horas agoon
noviembre 17, 2026Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.
En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.
Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.
Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.
Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.
Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.
La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.
La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.
Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.
El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.
También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.
No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.
El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.
La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.
Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.
En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.
Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.
Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.
Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.
Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.
La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.
Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.
No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.
La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.
La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.
Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.
Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.
Editorial
Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana
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1 día agoon
noviembre 16, 2026
La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.
Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.
La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.
Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.
Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.
El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.
De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.
No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.
La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.
Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.
Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.
La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.
Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.
Editorial
La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia
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1 semana agoon
noviembre 9, 2026
La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.
La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.
La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.
No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.
Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.
La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.
El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.
Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.
