Editorial
MIPYMES: sobrevivir no puede seguir siendo la única meta
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares más importantes de la economía dominicana, pero paradójicamente también representan uno de sus sectores más vulnerables.
Detrás de cada colmado, taller, salón de belleza, cafetería, pequeña fábrica, tienda o empresa familiar existe mucho más que una actividad comercial. Hay empleos, inversión, obligaciones, familias que dependen de esos ingresos y personas que, en muchos casos, han colocado todos sus ahorros y expectativas de progreso en un negocio.
Por eso, cuando una MIPYME desaparece, no estamos hablando únicamente del cierre de una empresa.
Estamos hablando de empleos que se pierden, de ingresos familiares que desaparecen, de deudas que permanecen, de inversiones que se esfuman y, muchas veces, de proyectos personales construidos durante años.
Las cifras demuestran la magnitud del sector.
Las MIPYMES representan la inmensa mayoría del tejido empresarial dominicano, generan millones de empleos y tienen una participación relevante en la producción nacional. Sin embargo, son precisamente las empresas más pequeñas las que presentan mayores dificultades para mantenerse operando.
Ese dato debería obligar al Estado a mirar el problema con mayor profundidad.
No basta con celebrar cada año la creación de nuevos negocios.
El verdadero éxito de una política de emprendimiento debe medirse también por la capacidad de esas empresas para sobrevivir, crecer, generar empleos y consolidarse.
El crédito no puede ser la única respuesta
Durante años se ha presentado el acceso al financiamiento como una de las principales soluciones para las MIPYMES.
Y ciertamente lo es.
Pero prestar dinero no puede convertirse en la única respuesta.
Un empresario que recibe un préstamo con una tasa elevada y que posteriormente debe utilizar ese dinero para pagar nómina, alquiler, electricidad, combustible, suplidores o compromisos anteriores difícilmente estará utilizando ese financiamiento para crecer.
En esos casos, el crédito puede convertirse simplemente en una forma de prolongar una crisis de liquidez.
Lo que necesitan las pequeñas empresas es financiamiento en condiciones razonables, acompañado de asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, digitalización, innovación y políticas que permitan aumentar su productividad.
También necesitan un sistema de garantías que comprenda la realidad de quien tiene capacidad de producir y trabajar, pero no siempre dispone de grandes propiedades o activos que pueda ofrecer como respaldo.
Transparencia en el financiamiento público
El Estado dominicano dispone de programas dirigidos al financiamiento de las MIPYMES, y sería incorrecto desconocer esa realidad.
Sin embargo, tan importante como disponer de esos recursos es garantizar que su otorgamiento responda a criterios objetivos, técnicos y transparentes.
Los programas públicos de crédito no pueden convertirse en instrumentos sujetos a favoritismos, relaciones políticas o privilegios.
El acceso debe producirse sobre la base de la viabilidad del proyecto, la capacidad de generación de empleos, las posibilidades de crecimiento y las necesidades reales de los emprendedores.
Cada peso colocado por una institución pública en una MIPYME debe ser visto como una inversión destinada a producir empleo, riqueza y desarrollo.
Por eso, la transparencia en la asignación de esos recursos debe ser una obligación permanente.
Formalizarse no debe convertirse en una desventaja
Existe, además, otro problema que merece atención.
El país reclama correctamente que las empresas se formalicen, paguen impuestos, registren a sus trabajadores y cumplan con las obligaciones establecidas por las leyes.
Pero esa formalización tiene costos.
Mientras una empresa formal paga seguridad social, impuestos, permisos, servicios y obligaciones laborales, muchas otras unidades económicas compiten desde la informalidad sin asumir una parte importante de esos gastos.
Esa desigualdad termina castigando precisamente a quien intenta cumplir.
Formalizar una empresa no debe significar condenarla a competir en desventaja.
El Estado debe crear incentivos reales para permanecer dentro de la formalidad, especialmente durante los primeros años de operación.
El verdadero desafío es crecer
La economía dominicana no puede conformarse con tener cientos de miles de microempresas que permanecen durante décadas en condiciones de subsistencia.
Una política empresarial exitosa debería permitir que una microempresa pueda convertirse en pequeña; que una pequeña pueda convertirse en mediana y que algunas de ellas puedan transformarse posteriormente en grandes compañías.
Ese proceso requiere políticas públicas sostenidas.
Requiere acceso a capital.
Requiere capacitación.
Requiere mercados.
Requiere acompañamiento técnico.
Requiere innovación.
Y requiere también instituciones capaces de comprender que detrás de cada empresa existe una historia humana.
El fracaso de un negocio no se limita a un número dentro de una estadística empresarial.
Muchas veces significa la pérdida del ahorro de una familia, el desempleo de varios trabajadores y la desaparición de años de sacrificios.
Por eso, el debate sobre las MIPYMES debe superar los discursos y las estadísticas.
La República Dominicana necesita preguntarse cuántas empresas está ayudando realmente a crecer y cuántas simplemente están tratando de sobrevivir.
Porque crear empresas es importante.
Pero lograr que permanezcan abiertas, crezcan, generen empleos y produzcan riqueza es mucho más importante.
El verdadero desafío de las MIPYMES dominicanas no puede seguir siendo solamente sobrevivir.
Debe ser tener la oportunidad real de prosperar.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.
La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.
El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.
Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.
Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.
Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.
La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.
El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.
Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.
Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.
Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.
La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.
También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.
No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.
Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.
Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.
La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.
Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.
Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.
Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:
¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?