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Procurador general de la República se muestra intolerante ante crítica por tragedia en La Victoria.
SANTO DOMINGO, RD.– Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, advirtió que la Procuraduría General de la República no se va a involucrar en licitación y contratación para la culminación del recinto penitenciario Las Parras.
La magistrada aprovechó para referirse a la tragedia de La Victoria y lamentó que se intente utilizar como arma política poniendo al «Ministerio Público como el banquito de picar».
Tras definir como dolorosa la situación que provocó la muerte de 13 personas durante un incendio en la Penitenciaria Nacional La Victoria, la funcionaria afirmó que ojalá sea la última de este tipo.
La procuradora general habló al presentar las memorias de su gestión correspondiente al año 2023, donde resaltó el avance institucional que experimenta el Ministerio Público y destacó los logros obtenidos en la persecución de las diferentes modalidades de la delincuencia y el crimen.
Miriam Germán asegura que el compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día más.
«Tanto es así, que hemos creado, junto a las demás instancias vinculadas a la seguridad nacional, la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional con miras a su procesamiento y desarticulación. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos y a la Presidencia de la República, por su colaboración para que esto fuera posible», manifestó.
En ese orden, resaltó, también, que en el 2023 el Ministerio Público estableció récord en la región en materia de decomiso y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción, lo que a su juicio evidencia la fortaleza de los procesos. Asimismo, dijo que se investigó y judicializó un total de 24 casos de trata de personas en diferentes modalidades, la mitad de estos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
«En los esfuerzos por erradicar el comercio ilícito, en otro orden, fueron destruidas cerca de 20 millones de unidades de mercancías ilícitas, entre las cuales se encontraban tabaco, medicamentos y bebidas alcohólicas.
Además, dijo que otros tanto han logrado en materia de medioambiente con 3,202 casos iniciados a nivel nacional (desde contaminación sónica, hasta las violaciones de áreas protegidas).
«La mitad de esos casos culminaron con conciliación, a una parte se les aplicaron sanciones pecuniarias que promueven la reparación del daño, y en los más graves se impusieron medidas de coerción, secuestros u órdenes de cierre», dijo.
Resaltó el incremento significativo de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
«Globalizado es el crimen, globalizada tiene que ser la persecución y en ese sentido en los últimos años hemos trabajado en conjunto a autoridades nacionales y de otros Estados para coordinar y lograr las extradiciones de 123 personas, en su gran mayoría imputados por delitos graves», detalló.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.