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Acto de tortura o barbarie deben ser calificados los ataques con ácido del diablo.
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, instruyó a todos los fiscales del país para que en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas, como la denominada ácido del diablo, otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley.
“Se instruye que, al presentar acusación en los casos de agresión a una persona con sustancia corrosiva, se otorgue la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie, tipificado en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano, incluyendo todas las circunstancias agravantes que concurran, según fuera el caso”, destaca la instrucción dirigida a los miembros del Ministerio Público.
El Código Penal Dominicano establece penas desde los 10 años de prisión hasta 30 años en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, contra personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito.
La instrucción general precisa que los sometimientos sobre los hechos que involucren sustancias corrosivas deben aplicarse sin perjuicio de la inclusión de cualquier otra calificación jurídica que corresponda.
La procuradora general cita los criterios que deberán regir las actuaciones de los miembros del Ministerio Público en todo el territorio nacional, en la investigación y persecución de hechos ilícitos que involucren las referidas sustancias.
La magistrada Germán Brito ordena solicitar la pena máxima aplicable, conforme la calificación jurídica otorgada a los hechos. “Cualquier acuerdo con el imputado o solicitud de una pena menor deberá ser debidamente justificado por el fiscal actuante y autorizado por el superior inmediato, quien lo informará a la Dirección General de Persecución”, indicó.
En los casos de reincidencia, ordenó que se aporten elementos de prueba que acrediten esta circunstancia y que se solicite la pena que corresponda conforme a la escala establecida en el artículo 56 del Código Penal Dominicano. “Lo anterior, sin perjuicio de la inclusión adicional de cualquier otra calificación jurídica que corresponda”, señala la disposición.
“Esta instrucción es de aplicación obligatoria, inmediata y general. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que corresponda apartarse de lo aquí enunciado, o en los casos en que existan lagunas, se deberá siempre solicitar la autorización previa al fiscal titular, quien, a su vez, deberá enviar un informe de las acciones emprendidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público”, expresa Germán Brito en la comunicación dirigida a los miembros de la institución.
La disposición señala que debido a la gravedad y aumento de casos de víctimas de quemaduras con la sustancia conocida como ácido del diablo, existe la necesidad de establecer directrices que orienten el proceder de los fiscales con el fin de alcanzar uniformidad de criterios de actuación en la investigación y persecución de esos casos.
Destaca en uno de sus considerandos que las sustancias corrosivas son aquellas que, mediante su acción química, producen daños cuando contactan con los tejidos vivos, entendiéndose por daño: dolor, enfermedad, padecimiento o lesiones que provoquen discapacidad, incapacidad, desfiguración, mutilación o desmembramiento de cualquier órgano corporal o de cualquiera de las partes de una persona.
Santo Domingo, R.D.-Miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos hombres vinculados al decomiso de 42 kilos de cocaína en el aeropuerto Internacional de París-Charles de Gaulle, en 2022.
Se trata del ex agente de la DNCD, Yohansy Quezada Mejía, y el ex miembro del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeropuertuaria (Cesac), Jorge Manuel Lebrón Aquino, quienes fueron arrestados mediante las ordenes número 973-2024-EMES-10892 y 973-2024-EMES-10892, respectivamente.
Según la investigación, ambos se encontraban de servicio. Fue el pasado 8 de noviembre de 2022 y en una de las máquinas de rayos X, del aeropuerto Internacional de las Américas, un ciudadano español logró salir del país con el alijo introducido en dos maletas.
El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para determinar si hay otros involucrados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia”
Mientras que los detenidos, acusados de narcotráfico internacional de drogas, fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para los fines correspondientes.
Santo Domingo, (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este y Norte condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a dos hermanos por matar a un hombre y provocar heridas a otros dos, en un hecho ocurrido en 2023 en el sector Villa Esfuerzo de El Almirante.
Los condenados, Cristofer Edwin Pérez Moquete, alias Liru, y Tommy Brayan Pérez Moquete, alias Chino, asesinaron a José Alberto Ortiz Jiménez y provocaron heridas a Handel Alcalá Rincón y Luis Adolfo Rincón Mercedes.
Según la investigación, todo ocurrió el 1 de mayo de 2023, cuando Ortiz Jiménez se encontraba en una discoteca e inició una discusión con Cristofer Edwin, que atacó a la víctima con un casco de botella y le provocó una herida profunda en el cuello lateral derecho.
Ortiz Jiménez fue socorrido por Alcalá Rincón y Rincón Mercedes, que cuando lo transportaban en dirección a un centro médico fueron embestidos por un vehículo que conducía Tommy Brayan junto a su hermano Cristofer Edwin, lo que provocó la muerte de la víctima y lesiones a sus dos acompañantes.
Las condenas serán cumplidas en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata. EFE
Santo Domingo, R.D.- Nuevos registradores de títulos fueron seleccionados y juramentados por el Registro Inmobiliario (RI) en diferentes jurisdicciones del pais, con lo que se busca optimizar las operaciones inmobiliarias y fortalecer las garantías que brinda el Estado a los derechos reales y la capacidad de respuesta del sistema.
Los juramentados son Joselin B. Vásquez Morel, Carmen D. Alcántara P., y Edward X. Placencio Guzmán, titulares para los registros de títulos de Santo Domingo, Cotuí y Mao, respectivamente.
También se juramentó a Raysa Tejeda Carvajal, Claudio Coronado, José Frías Goris y Janny E. De Los Santos Concet, registradores adscritos para Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y Baní, según una comunicación de prensa del Poder Judicial.
Dijo que la posición de registrador de títulos no solo representa un poder de cambio en la vida de cada ciudadano, sino también una responsabilidad que impacta directamente en el acceso a la propiedad y en el desarrollo económico del país.