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Acto de tortura o barbarie deben ser calificados los ataques con ácido del diablo.
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, instruyó a todos los fiscales del país para que en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas, como la denominada ácido del diablo, otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley.
“Se instruye que, al presentar acusación en los casos de agresión a una persona con sustancia corrosiva, se otorgue la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie, tipificado en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano, incluyendo todas las circunstancias agravantes que concurran, según fuera el caso”, destaca la instrucción dirigida a los miembros del Ministerio Público.
El Código Penal Dominicano establece penas desde los 10 años de prisión hasta 30 años en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, contra personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito.
La instrucción general precisa que los sometimientos sobre los hechos que involucren sustancias corrosivas deben aplicarse sin perjuicio de la inclusión de cualquier otra calificación jurídica que corresponda.
La procuradora general cita los criterios que deberán regir las actuaciones de los miembros del Ministerio Público en todo el territorio nacional, en la investigación y persecución de hechos ilícitos que involucren las referidas sustancias.
La magistrada Germán Brito ordena solicitar la pena máxima aplicable, conforme la calificación jurídica otorgada a los hechos. “Cualquier acuerdo con el imputado o solicitud de una pena menor deberá ser debidamente justificado por el fiscal actuante y autorizado por el superior inmediato, quien lo informará a la Dirección General de Persecución”, indicó.
En los casos de reincidencia, ordenó que se aporten elementos de prueba que acrediten esta circunstancia y que se solicite la pena que corresponda conforme a la escala establecida en el artículo 56 del Código Penal Dominicano. “Lo anterior, sin perjuicio de la inclusión adicional de cualquier otra calificación jurídica que corresponda”, señala la disposición.
“Esta instrucción es de aplicación obligatoria, inmediata y general. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que corresponda apartarse de lo aquí enunciado, o en los casos en que existan lagunas, se deberá siempre solicitar la autorización previa al fiscal titular, quien, a su vez, deberá enviar un informe de las acciones emprendidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público”, expresa Germán Brito en la comunicación dirigida a los miembros de la institución.
La disposición señala que debido a la gravedad y aumento de casos de víctimas de quemaduras con la sustancia conocida como ácido del diablo, existe la necesidad de establecer directrices que orienten el proceder de los fiscales con el fin de alcanzar uniformidad de criterios de actuación en la investigación y persecución de esos casos.
Destaca en uno de sus considerandos que las sustancias corrosivas son aquellas que, mediante su acción química, producen daños cuando contactan con los tejidos vivos, entendiéndose por daño: dolor, enfermedad, padecimiento o lesiones que provoquen discapacidad, incapacidad, desfiguración, mutilación o desmembramiento de cualquier órgano corporal o de cualquiera de las partes de una persona.
Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.
Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.
Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.
Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.
El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.
La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.
“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.
Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían
Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.
Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.
Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.
Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.
Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.
También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.
Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.