Opinión
Miriam y la PGR
Por Narciso Isa Conde
Todo porque la magistrada German es un factor extraño al fraude que implica este sistema. Designada por el pueblo verde movilizado y nombrada por el presidente Abinader con la única intención de sacarle provecho político.
Creo necesario que reflexionemos acerca de la determinación de Miriam German de no seguir a cargo de la Procuraduría General de la República.
Me parece conocer su trayectoria e integridad, y si Miriam lo decidió así, es porque siente que en el contexto actual junto al cerco a que ha sido sometida, y el entorno institucional, del cual he hablado y escrito en múltiples oportunidades, ya no permite aportes significativos de su parte.
El régimen establecido la adversa. Sus poderes permanentes y temporales, su partidocracia corrupta, su Congreso, su CONEP, su PN y otros órganos militares… son esencialmente diferentes a las motivaciones y convicciones de la actual Procuradora General.
Gran parte de la propia PGR, del MP, del Poder Judicial, la bloquean. Está cercada, con escasos márgenes de maniobra y sujeta a consensos en materia de investigación y persecución, que limitan la ejecución de sus posiciones sobre la necesidad de ponerle fin a la impunidad de todos los colores y de todas las esencias sistémicas.
La hostilidad es alta, aunque se despliegue de diferente manera: sutil, agresiva, envuelta en simulaciones, abierta, soterrada, amenazante.
Un rol especial en ese entramado lo juega el dueto del Poder Ejecutivo y la Embajada USA con modalidades e intermediaciones protectoras de la hipocresía oficial e imperial; procurando, a través de influencias sutiles y encubiertas, que la acción de justicia no desborden los propósitos de su instrumentalización política concentrada en el ataque al pele-danilismo y adicionalmente a lo que le hace daño a la imagen de Abinader.
En esas condiciones, a Miriam German le resulta imposible ejercer poder real en la PGR, mucho menos en un sistema judicial tan maleado; y todavía más cuesta arriba resulta, si se tiene en cuenta la estructuración al paso de los años de un Estado Delincuente, con fuertes ingredientes de narco-estado.
Eso, y no otra cosa, es lo que explica la manera tramposa como se manejó la amenaza de muerte en su contra, procedente de un capo de la droga, aprovechada exclusivamente por la PN, la DNCD y la DEA para aislarla más y restarle poder; sin consecuencia alguna para los enclaves del crimen organizado involucradas en el caso y protegidos por la plana mayor de la PN y hasta por la propia DEA.
Todo porque la magistrada German es un factor extraño al fraude que implica este sistema. Designada por el pueblo verde movilizado y nombrada por el presidente Abinader con la única intención de sacarle provecho político.
Miriam aceptó el reto y soy de lo que piensa que de no hacerlo hubiera golpeado un anhelo popular, con lo que implica rehuir una prueba de fuego bajo emplazamiento popular. Aceptó y ejerció sus funciones con dignidad hasta lograr lo máximo posible, que está lejos de lo necesario, y más aún de lo anhelado por décadas, pero que sienta importantes precedentes, lastimosamente manipulados por factores de mucho poder.
Afirmar que ese escenario oficial luce agotado el rol de Miriam, no indica que ella no pueda seguir aportando a la transformación del sistema judicial y su entorno estructural.
Entiendo, por el contrario, que la Magistrada Germán ahora debe conocer más a fondo el sistema, sus trabas y trampas; conocer mejor las raíces de la corrupción sistémica y del régimen de impunidad, las cuales, sin cambios constitucionales y estructurales profundos,y sin pueblo movilizado, son imposibles de abatir.
Las vivencias, la experiencia y conocimientos de causas que de seguro ha podido lograr, tienen un valor incalculable para este pueblo y este proceso. Ahora, desde fuera de esos engranajes limitantes y martirizantes, estaría en mejores condiciones para aportar a las transformaciones necesarias.
Ella conoce más y mejor las entrañas del sistema judicial y del Estado vigente y su manera de funcionar. Tiene muchos más elementos para analizar sus intríngulis y valorar los roles se sus diversas instancias y de las personas que las controlan. Ha sufrido como nunca el cerco, las intrigas, las maniobras, el bloqueo interno y las agresiones.
Al interés de descalificarla, agobiarla, acorralarla y desestabilizarla emocionalmente, responden los recientes ataques arteros de expertos en la materia; procurando sobre todo impedir o enturbiar sus nuevos y trascendentes aportes.
Pero los ataques a Miriam son ataques a nuestro pueblo, a todos y todas las amantes de la libertad, la honestidad y la justicia. Por eso Miriam merece un gran abrazo colectivo, una defensa enérgica y sin contemplaciones, y un DOBLE HOMENAJE: un RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA y un GRAN ESTÍMULO para que complete su obra en el sentido que estamos sugiriendo y que todo un pueblo espera.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!