Opinión
Miriam y la PGR
Por Narciso Isa Conde
Todo porque la magistrada German es un factor extraño al fraude que implica este sistema. Designada por el pueblo verde movilizado y nombrada por el presidente Abinader con la única intención de sacarle provecho político.
Creo necesario que reflexionemos acerca de la determinación de Miriam German de no seguir a cargo de la Procuraduría General de la República.
Me parece conocer su trayectoria e integridad, y si Miriam lo decidió así, es porque siente que en el contexto actual junto al cerco a que ha sido sometida, y el entorno institucional, del cual he hablado y escrito en múltiples oportunidades, ya no permite aportes significativos de su parte.
El régimen establecido la adversa. Sus poderes permanentes y temporales, su partidocracia corrupta, su Congreso, su CONEP, su PN y otros órganos militares… son esencialmente diferentes a las motivaciones y convicciones de la actual Procuradora General.
Gran parte de la propia PGR, del MP, del Poder Judicial, la bloquean. Está cercada, con escasos márgenes de maniobra y sujeta a consensos en materia de investigación y persecución, que limitan la ejecución de sus posiciones sobre la necesidad de ponerle fin a la impunidad de todos los colores y de todas las esencias sistémicas.
La hostilidad es alta, aunque se despliegue de diferente manera: sutil, agresiva, envuelta en simulaciones, abierta, soterrada, amenazante.
Un rol especial en ese entramado lo juega el dueto del Poder Ejecutivo y la Embajada USA con modalidades e intermediaciones protectoras de la hipocresía oficial e imperial; procurando, a través de influencias sutiles y encubiertas, que la acción de justicia no desborden los propósitos de su instrumentalización política concentrada en el ataque al pele-danilismo y adicionalmente a lo que le hace daño a la imagen de Abinader.
En esas condiciones, a Miriam German le resulta imposible ejercer poder real en la PGR, mucho menos en un sistema judicial tan maleado; y todavía más cuesta arriba resulta, si se tiene en cuenta la estructuración al paso de los años de un Estado Delincuente, con fuertes ingredientes de narco-estado.
Eso, y no otra cosa, es lo que explica la manera tramposa como se manejó la amenaza de muerte en su contra, procedente de un capo de la droga, aprovechada exclusivamente por la PN, la DNCD y la DEA para aislarla más y restarle poder; sin consecuencia alguna para los enclaves del crimen organizado involucradas en el caso y protegidos por la plana mayor de la PN y hasta por la propia DEA.
Todo porque la magistrada German es un factor extraño al fraude que implica este sistema. Designada por el pueblo verde movilizado y nombrada por el presidente Abinader con la única intención de sacarle provecho político.
Miriam aceptó el reto y soy de lo que piensa que de no hacerlo hubiera golpeado un anhelo popular, con lo que implica rehuir una prueba de fuego bajo emplazamiento popular. Aceptó y ejerció sus funciones con dignidad hasta lograr lo máximo posible, que está lejos de lo necesario, y más aún de lo anhelado por décadas, pero que sienta importantes precedentes, lastimosamente manipulados por factores de mucho poder.
Afirmar que ese escenario oficial luce agotado el rol de Miriam, no indica que ella no pueda seguir aportando a la transformación del sistema judicial y su entorno estructural.
Entiendo, por el contrario, que la Magistrada Germán ahora debe conocer más a fondo el sistema, sus trabas y trampas; conocer mejor las raíces de la corrupción sistémica y del régimen de impunidad, las cuales, sin cambios constitucionales y estructurales profundos,y sin pueblo movilizado, son imposibles de abatir.
Las vivencias, la experiencia y conocimientos de causas que de seguro ha podido lograr, tienen un valor incalculable para este pueblo y este proceso. Ahora, desde fuera de esos engranajes limitantes y martirizantes, estaría en mejores condiciones para aportar a las transformaciones necesarias.
Ella conoce más y mejor las entrañas del sistema judicial y del Estado vigente y su manera de funcionar. Tiene muchos más elementos para analizar sus intríngulis y valorar los roles se sus diversas instancias y de las personas que las controlan. Ha sufrido como nunca el cerco, las intrigas, las maniobras, el bloqueo interno y las agresiones.
Al interés de descalificarla, agobiarla, acorralarla y desestabilizarla emocionalmente, responden los recientes ataques arteros de expertos en la materia; procurando sobre todo impedir o enturbiar sus nuevos y trascendentes aportes.
Pero los ataques a Miriam son ataques a nuestro pueblo, a todos y todas las amantes de la libertad, la honestidad y la justicia. Por eso Miriam merece un gran abrazo colectivo, una defensa enérgica y sin contemplaciones, y un DOBLE HOMENAJE: un RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA y un GRAN ESTÍMULO para que complete su obra en el sentido que estamos sugiriendo y que todo un pueblo espera.
Por Isaías Ramos
«La Semanal», el programa del Presidente de la República que se realiza todos los lunes, destaca por la notable ausencia de símbolos patrios. Esta falta podría ser una táctica deliberada para desviar la atención hacia el personalismo del presidente y alejarla de los símbolos nacionales. Esto podría enviar un mensaje subliminal de debilitar nuestra identidad como nación y convertirnos en un territorio controlado por un gobierno corporativista, donde el capital domina lo público.
La reciente presentación del presidente del Consejo Unificado de las Edes, repleta de datos manipulados y argumentos infundados, fue profundamente desalentadora. No se presentó un plan serio para abordar la insostenibilidad financiera del sistema eléctrico dominicano. Es una burla pretender reducir las “pérdidas técnicas” solo en un 11% en tres años.
En lugar de enfrentar la crisis, se perpetúa mediante más endeudamiento. En los últimos cuatro años, se tomaron 1,279 millones de dólares para “mejorar” el sistema de transmisión. Según el Sr. Celso Marranzini, no se realizó ninguna inversión significativa. Ahora se presentan nuevas carpetas de préstamos, incluyendo 225 millones de dólares que él calificó como “el préstamo más importante del sector eléctrico”, destinados a cambiar el sistema comercial de las distribuidoras.
Toda la presentación se centró en soluciones superficiales y parches, sin abordar el verdadero origen de la crisis económica del sistema eléctrico nacional. Esta crisis se remonta a la Ley 141-97 de 1997, que favoreció al sector privado en detrimento de la eficiencia y seguridad del suministro eléctrico, transformando un servicio estratégico en un negocio especulativo.
Volver a privatizar el sector eléctrico en busca de lucro y especulación es una afrenta al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución. Persistir en este modelo especulativo es una aberración para el desarrollo y bienestar del pueblo y de sus futuras generaciones.
Para lograr una reforma verdadera en el sector eléctrico, es crucial cambiar la estructura insostenible por un modelo vertical bajo control total del Estado. Esto garantizará la seguridad, sostenibilidad, progreso de la población y soberanía energética.
Hemos acumulado una deuda social inconmensurable y desperdiciado más de 25 mil millones de dólares, reflejándose en un enorme endeudamiento externo que nuestras futuras generaciones tendrán que pagar, solo por insistir en un modelo insostenible e ineficiente desde su inicio.
En mayo de 2009, la distribuidora eléctrica en República Dominicana volvió a ser propiedad del Estado tras el fracaso del modelo de capitalización. La experiencia demostró que la capitalización no funcionaba; el problema radicaba en la estructura del modelo, no en la gestión. Desde entonces, una reforma era necesaria para corregir este error y garantizar un sistema eléctrico eficiente y sostenible.
Sin embargo, 15 años después seguimos cometiendo los mismos errores y pretendiendo regresar a un pasado desastroso. Es esencial que el pueblo dominicano conozca la verdadera situación de nuestro sistema eléctrico y no se deje engañar por grupos de interés manipuladores.
En el Frente Cívico y Social entendemos que se debe desmantelar la estructura actual del sector eléctrico y reemplazarla por un modelo que promueva el desarrollo económico de la sociedad basado en principios sólidos. Estamos convencidos de que una nueva reforma es urgente y mandatoria para evitar repetir los errores del pasado. ¡No más parches, necesitamos una transformación real! ¡Despierta, RD!
Por José Cabral
En los últimos meses han sido varios los casos de políticos que son acusados de violación sexual, pero que se han apoyado para defenderse en la doble moral predominante en la sociedad dominicana.
El primero en verse envuelto en un incesto en contra de su propio hijo fue Roque Espaillat, quien en todo momento ha manipulado lo ocurrido, mientras su vástago es re-victimizado con una campaña de descredito en su contra, quien sufre además las consecuencias de lo que implica el hecho en sí, el cual es muy grave y aberrante.
Ahora resulta que el otro que aparece involucrado en una violación sexual de una menor es el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, cuyo abogado ha querido quitarle la trascendencia que tiene el caso.
En el primer caso, es decir, el de Roque Espaillat, el mismo sirve para medir en medio de que pantano se mueve la sociedad dominicana, porque personas de esa procedencia son los que pretenden sustituir a los que actualmente detentan el poder.
Resulta impresionante ver como una serie de individuos se sumaron a desarrollar una campaña de descrédito en contra de la víctima de la violación sexual e incluso de lo último que lo acusaron es de haber recibido dinero del Gobierno para que hiciera la denuncia sobre el caso.
El propio Espaillat informó que procedería en contra de la periodista Nuria Piera, quien llevó la voz cantante en el caso, pero nadie ha visto el inicio del anunciado proceso legal.
Todo ello deja clara la doble moral de personas que buscan sumarse a los que por décadas han engañado al pueblo dominicano con la adopción de una pose de supuesta seriedad, pero que no es más que parte de los farsantes que aparecen por doquier en el país.
En lo que respecta al segundo caso de Abel Martínez, la denunciante dice que ella fue víctima de este personaje, carente de credibilidad, cuando se sumó a la campaña que él desarrollaba para convertirse en diputado.
En ese momento la denunciante era una adolescente de apenas 16 años de edad, pero estos descarados son tan hábiles que antes de que lo emplacen ante el Ministerio Público se aparecen ante la autoridad competente como una forma de manipular lo ocurrido.
Nótese que Abel Martínez en ningún momento niega lo ocurrido, aunque plantea someterse a un examen de ADN para determinar si realmente el niño es su hijo, lo cual implica admitir que la violación ocurrió.
Pero en ningún momento habla sobre este particular, lo cual parece tener un agravante porque la hoy madre del supuesto hijo de excandidato presidencial del PLD dice saber que hay otras jóvenes que también han sido víctimas del político de doble moral.
Sin embargo, debe decirse que la admisión de la posibilidad de que el niño sea su hijo, ya de por sí plantea un problema de violación si el asunto se ve desde la perspectiva de la ley.
Lo otro es que ahí se configura el adulterio, ya que este político de doble moral tiene su esposa que la conoce todo el mundo, ya que es una figura de la televisión.
Entonces, podrá negar la ocurrencia de la violación, pero recurre a la misma doble moral del primero e incluso hasta con una campaña de descrédito por las redes muy parecida a la del primer caso, lo cual lo descalifica para querer ser ejemplo en un país que demanda de gente con otra conducta política, social, moral y ética.
En ambos casos hay definitivamente un problema de doble moral, es decir, que son aparentemente violadores que debían también ser sometidos a lo que manda la psiquiatría en este caso, porque en realidad son casos clínicos, ya que de no ocurrir así pueden ser muchas más las victimas de estos individuos que no tienen miramiento para cometer hechos de una gravedad que no pueden ser tolerables por una sociedad sana.
Por Rommel Santos Díaz
El ejercicio de los derechos del acusado detallados en el artículo 55 y 67 del Estatuto de Roma están concedidos por la disposición general referente a los privilegios e inmunidades estipulados por el artículo 48 del Estatuto de Roma.
El artículo 48(4), especialmente, concede a los abogados, peritos, testigos, y cualquier otra persona cuya presencia se requiere en la sede de la CPI¨ tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte¨.
Los Estados Partes deberán asegurar que este acuerdo se implemente una vez redactado, para que todas las personas involucradas en la labor de la CPI sean tratadas adecuadamente.
Con el fin de asegurar un juicio justo y efectivo , con una defensa plena y efectiva, el Estado dentro del cual la Sala de Cuestiones Preliminares está llevando a cabo sus funciones según el artículo 57 del Estatuto de Roma, deberá asegurar que se nombre un defensor lo más pronto posible.
Los Estados Partes deberán también facilitar el trabajo de la Sala de Cuestiones Preliminares para salvaguardar y hacer disponible cualquier prueba que se considere necesaria.
Las autoridades locales serán los actores claves en esta etapa investigativa. Las Escuelas Judiciales serán de gran ayuda para facultar el nombramiento de un abogado local durante el proceso
El artículo 65 (5) estipula que cualquier consulta que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la CPI.
Las Escuelas Judiciales deberán asegurarse de que todos los miembros de la Defensa involucrados en el proceso estén debidamente capacitados y plenamente conscientes de que la declaración de culpabilidad no es obligatoria para la CPI.
El artículo 68 (5) del Estatuto de Roma, en especial trata los temas referentes a los derechos del acusado. El artículo 68 (5) dispone las situaciones en las cuales la divulgación de prueba podrá entrañar un peligro grave para la seguridad de un testigo o su familia.
A la luz de los derechos previstos para el acusado, el Fiscal deberá considerar cuidadosamente estos derechos al determinar suprimir tales pruebas .Tales medidas podrán ejercerse de manera que no sean perjudiciales o inconsistentes con los derechos del acusado y la disposición de un proceso justo e imparcial según el Estatuto de Roma.
Tomando en cuenta las Reglas de Procedimiento y Evidencia, el Secretario podrá estar obligado a proveer asistencia a los abogados defensores. Por ejemplo, la defensa podría requerir copiar de resoluciones recientes de la CPI que normalmente no están disponibles.
El Secretario podrá también estar involucrado en el desarrollo de un código de conducta profesional y consultar a las asociaciones legales independientes sobre cuestiones de importancia mutua.
La necesaria capacitación y educación continua de los posibles abogados defensores no puede ser sobreestimada con el fin de asegurar el poder y legitimidad de la CPI, los Estados deberán contactar sus Escuelas Judiciales Nacionales y solicitarles que designen un coordinador/contacto podría establecer una relación con la Asociación Internacional de Abogados Defensores , la cual estará preparada para asistir en la capacitación de abogados defensores para que asi se asegure su conocimiento del funcionamiento de la CPI.