Análisis Noticiosos
Mitos del pensamiento neoliberal
Por Vicenç Navarro*
Hoy el pensamiento económico dominante en los círculos políticos, mediáticos, económicos y financieros españoles continúa siendo el neoliberalismo y ello a pesar de que la evidencia científica existente muestra, sin que haya lugar a dudas, que la aplicación de las políticas públicas inspiradas en tal pensamiento han sido responsables de la génesis de las crisis financiera y económica que vivimos. Tal pensamiento se continúa reproduciendo en los mayores medios de información (también en fórums académicos) del país, como consecuencia del enorme poder de los grupos promotores de tal conocimiento (mejor definido como ideología) en tales medios. Entre ellos destacan la banca y la gran patronal. Las premisas de tal ideología son:
Mito nº 1. Hay que favorecer a las rentas superiores pues son ellas las que ahorran e invierten, creando puestos de trabajo.
Un reciente ejemplo de esta postura es la oposición del Partido Republicano en EEUU a que el presidente Obama elimine las rebajas de impuestos de los súper ricos que el presidente Bush junior aprobó durante su mandato (ver el excelente artículo “10 Things Republicans Don’t Want You to Know About the “Fiscal Cliff””, Jon Perr, 07.12.12, de donde extraigo gran parte de los datos que aquí presento). En tal argumento, se utiliza el término de “creadores de puestos de trabajo” para describir a los súper ricos (menos del 2% de la población).
Para sostener esta tesis, uno tendría que ver que a menos carga impositiva de los ricos, habría mayor creación de puestos de trabajo. Pues bien, la realidad es precisamente opuesta a este supuesto. Así, el Congressional Research Service de EEUU (que es el servicio de investigación del Congreso estadounidense) ha documentado que durante los años 40 y 50, cuando los súper ricos tenían que pagar un tipo máximo por encima del 90% (sí, 90%), hubo mayor producción de empleo que ahora que pagan el 35%. Algo idéntico ocurre con el Impuesto sobre las Ganancias del Capital, cuyo tipo máximo pasó de ser un 25% en aquel periodo al actual 15%, sin que se haya aumentado la producción de puestos de trabajo. La evidencia de que la bajada de impuestos a los súper ricos no incrementa la producción de empleo es robusta como una piedra. No es cierto que a menor carga impositiva de las rentas superiores y/o de las rentas del capital haya mayor producción de empleo. En realidad, la época reciente, con menor producción de empleo (la presidencia de Bush Junior), fue la que tuvo un menor gravamen de las rentas superiores. No se puede, pues, sostener la tesis neoliberal de que hay que bajar los impuestos (o que no hay que subirlos) a fin de facilitar la creación de empleo. Tal bajada de impuestos disminuye los ingresos al Estado, con los cuales, por cierto, éste podría haber creado empleo.
Pero existe otro factor negativo en la reducción del gravamen de los ricos y súper ricos. Éstos consiguen la mayoría de sus rentas de las rentas del capital a través de acciones, depósitos bancarios y otros medios de ahorro, y sólo una pequeñísima parte procede de sus salarios. Así, las 400 personas más ricas de EEUU reciben de su propiedad el 80% de sus ingresos y sólo un 8% de sus salarios. Para el resto de la población, la situación es al revés. La gran mayoría de su renta procede de salarios y una pequeñísima proporción viene de la propiedad (el 5%). De estos datos se deduce que las rebajas fiscales a la propiedad (acciones, depósitos y otros) benefician predominantemente a las rentas superiores, favoreciendo una enorme concentración de las rentas. Los datos son abrumadores. Entre 1979 (inicio de la revolución neoliberal) y 2007 (inicio de la crisis), las rentas (después de pagar impuestos) del 1% de la población más rica de EEUU crecieron un 281% (descontando la inflación), comparado con un crecimiento de sólo un 16% para el 20% de la población con menor renta.
Mito nº 2. La bajada de impuestos aumenta los ingresos al Estado
Estas políticas fiscales favorables a las rentas superiores que derivan sus rentas del capital han facilitado la enorme concentración de las rentas en Estados Unidos. Y una consecuencia de ello ha sido el descenso de los ingresos al Estado, hoy de los más bajos de la historia reciente en aquel país. Los ingresos al Estado federal representan sólo el 15% del PIB, el porcentaje más bajo desde los años 50. No es cierto, pues, que el Estado y su sector público estén ahogando a la economía.
Tales datos muestran la falacia de otro de los grandes dogmas del neoliberalismo, que asume que la bajada de impuestos, en lugar de descender los ingresos al Estado, los aumentará, pues –según tal dogma- la bajada de impuestos aumenta la demanda, y con ello el crecimiento económico y los ingresos al Estado. Pues bien, los datos tampoco respaldan tal supuesto. Al revés, la reducción de los impuestos (con predominio de los impuestos a los súper ricos) disminuyó los ingresos al Estado. Como ha mostrado el Center on Budget and Policy Priorities, la bajada de impuestos de los súper ricos (durante el gobierno Bush junior) fue responsable del crecimiento del déficit público del Estado (específicamente un 50%). En realidad, la gran mayoría de estudios que han analizado los orígenes del crecimiento del déficit del Estado federal han coincidido en que éstos han sido causados por los recortes de los impuestos (que favorecieron predominantemente a las rentas del capital y, por lo tanto, a los súper ricos) de la época de gobiernos republicanos, el aumento del gasto militar debido a las dos guerras iniciadas en periodo republicano –Irak y Afganistán- y a la recesión económica. La explicación de que el déficit del Estado federal es debido al incremento del gasto social carece de credibilidad. Una situación casi idéntica ha ocurrido en España. La reforma fiscal del 2006 que introdujo una bajada de impuestos muy notable para las rentas del capital y de las rentas superiores significó un incremento del déficit público estructural del Estado español (aumentándolo más de 20.000 millones de euros) que apareció en toda su magnitud cuando, en el 2007, la burbuja inmobiliaria explotó y la economía entró en recesión. En realidad, esta ralentización de la actividad económica implicó solo un 20% del aumento del déficit público estructural. El 80% de tal aumentó fue resultado del bajón de los impuestos. De ahí la situación absurda e incoherente de que cuando tal déficit aumentó se intentó reducir bajando el gasto púbico (y muy en particular el social que es ya en sí uno de los más bajos existentes en la UE-15), en lugar de revertir la bajada de impuestos del 2006.
Mito no 3. El aumento del Impuesto de Sucesiones dañará la economía
El presidente Obama ha propuesto aumentar el Impuesto de Sucesiones, pasando a ser un 45% de la propiedad del individuo. A este impuesto, conocido como el “impuesto sobre los muertos”, se han opuesto los neoliberales pues –según ellos- afecta a las pequeñas propiedades, destruyéndolas, pues los herederos se ven forzados a venderlas para poder pagar tal impuesto. Pero este argumento ignora que dicho impuesto afecta sólo a un 0,24% de las propiedades de EEUU. Un caso semejante ha ocurrido en España donde hay una enorme concentración de la propiedad. España es uno de los países de la UE-15 con mayor concentración de la propiedad.
Mito nº 4. Las políticas de estímulo económico han tenido un impacto mínimo en recuperar la economía
Tal premisa aparece frecuentemente en las tertulias y en los programas televisivos sobre las soluciones para salir de la crisis. Uno de ellos es el reciente programa de la BBC sobre la crisis en España y que contó con el asesoramiento de uno de los economistas más ultraliberales de los muchos existentes en los medios, el sr. Pedro Schwartz. En tal programa, se hizo la afirmación de que el estímulo que realizó el gobierno Zapatero no solo no sirvió para nada sino que incluso empeoró la situación, aumentando la deuda pública. Tal aseveración ignora varios hechos. Uno de ellos es que el estímulo del gobierno Zapatero consistió mayoritariamente en una reducción de impuesto que se creyó que estimularía la demanda y con ello reavivaría a la economía. Tal tipo de estímulo es erróneo por las razones indicadas en el párrafo anterior. La manera más efectiva para que el gasto público pueda estimular la economía es creando empleo directamente, lo cual el gobierno Zapatero hizo muy poco. La mayoría del estímulo no se llevó a cabo mediante obras públicas (haciendo piscinas como erróneamente señalaron el sr. Schwartz y la BBC) sino bajando impuestos. Existe la percepción generalizada entre los neoliberales (a veces compartida por algunos keynesianos) que el crecimiento de la demanda conlleva automáticamente un crecimiento del empleo lo cual no es del todo cierto, pues la demanda puede crecer sin que la producción de empleo aumente. Este punto es de gran importancia porque el problema mayor –causa de la recesión- es el elevado desempleo el cual no se resolverá sin una activa producción de empleo por parte del sector público. Esto es, por cierto, lo que explica también que el estímulo económico del presidente Obama fue, a pesar de su moderación, más eficaz en salir de la Gran Recesión que el de la UE y ello debido a que dio mayor énfasis en la creación de empleo con los fondos federales que no la UE. En esta última no hay todavía reconocimiento que el mayor problema económico (además de social) que tiene la UE es el elevado desempleo. Y así nos va.
*Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Fuente: http://bit.ly/S6DW68
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.