Análisis Noticiosos
Mitos del pensamiento neoliberal
Por Vicenç Navarro*
Hoy el pensamiento económico dominante en los círculos políticos, mediáticos, económicos y financieros españoles continúa siendo el neoliberalismo y ello a pesar de que la evidencia científica existente muestra, sin que haya lugar a dudas, que la aplicación de las políticas públicas inspiradas en tal pensamiento han sido responsables de la génesis de las crisis financiera y económica que vivimos. Tal pensamiento se continúa reproduciendo en los mayores medios de información (también en fórums académicos) del país, como consecuencia del enorme poder de los grupos promotores de tal conocimiento (mejor definido como ideología) en tales medios. Entre ellos destacan la banca y la gran patronal. Las premisas de tal ideología son:
Mito nº 1. Hay que favorecer a las rentas superiores pues son ellas las que ahorran e invierten, creando puestos de trabajo.
Un reciente ejemplo de esta postura es la oposición del Partido Republicano en EEUU a que el presidente Obama elimine las rebajas de impuestos de los súper ricos que el presidente Bush junior aprobó durante su mandato (ver el excelente artículo “10 Things Republicans Don’t Want You to Know About the “Fiscal Cliff””, Jon Perr, 07.12.12, de donde extraigo gran parte de los datos que aquí presento). En tal argumento, se utiliza el término de “creadores de puestos de trabajo” para describir a los súper ricos (menos del 2% de la población).
Para sostener esta tesis, uno tendría que ver que a menos carga impositiva de los ricos, habría mayor creación de puestos de trabajo. Pues bien, la realidad es precisamente opuesta a este supuesto. Así, el Congressional Research Service de EEUU (que es el servicio de investigación del Congreso estadounidense) ha documentado que durante los años 40 y 50, cuando los súper ricos tenían que pagar un tipo máximo por encima del 90% (sí, 90%), hubo mayor producción de empleo que ahora que pagan el 35%. Algo idéntico ocurre con el Impuesto sobre las Ganancias del Capital, cuyo tipo máximo pasó de ser un 25% en aquel periodo al actual 15%, sin que se haya aumentado la producción de puestos de trabajo. La evidencia de que la bajada de impuestos a los súper ricos no incrementa la producción de empleo es robusta como una piedra. No es cierto que a menor carga impositiva de las rentas superiores y/o de las rentas del capital haya mayor producción de empleo. En realidad, la época reciente, con menor producción de empleo (la presidencia de Bush Junior), fue la que tuvo un menor gravamen de las rentas superiores. No se puede, pues, sostener la tesis neoliberal de que hay que bajar los impuestos (o que no hay que subirlos) a fin de facilitar la creación de empleo. Tal bajada de impuestos disminuye los ingresos al Estado, con los cuales, por cierto, éste podría haber creado empleo.
Pero existe otro factor negativo en la reducción del gravamen de los ricos y súper ricos. Éstos consiguen la mayoría de sus rentas de las rentas del capital a través de acciones, depósitos bancarios y otros medios de ahorro, y sólo una pequeñísima parte procede de sus salarios. Así, las 400 personas más ricas de EEUU reciben de su propiedad el 80% de sus ingresos y sólo un 8% de sus salarios. Para el resto de la población, la situación es al revés. La gran mayoría de su renta procede de salarios y una pequeñísima proporción viene de la propiedad (el 5%). De estos datos se deduce que las rebajas fiscales a la propiedad (acciones, depósitos y otros) benefician predominantemente a las rentas superiores, favoreciendo una enorme concentración de las rentas. Los datos son abrumadores. Entre 1979 (inicio de la revolución neoliberal) y 2007 (inicio de la crisis), las rentas (después de pagar impuestos) del 1% de la población más rica de EEUU crecieron un 281% (descontando la inflación), comparado con un crecimiento de sólo un 16% para el 20% de la población con menor renta.
Mito nº 2. La bajada de impuestos aumenta los ingresos al Estado
Estas políticas fiscales favorables a las rentas superiores que derivan sus rentas del capital han facilitado la enorme concentración de las rentas en Estados Unidos. Y una consecuencia de ello ha sido el descenso de los ingresos al Estado, hoy de los más bajos de la historia reciente en aquel país. Los ingresos al Estado federal representan sólo el 15% del PIB, el porcentaje más bajo desde los años 50. No es cierto, pues, que el Estado y su sector público estén ahogando a la economía.
Tales datos muestran la falacia de otro de los grandes dogmas del neoliberalismo, que asume que la bajada de impuestos, en lugar de descender los ingresos al Estado, los aumentará, pues –según tal dogma- la bajada de impuestos aumenta la demanda, y con ello el crecimiento económico y los ingresos al Estado. Pues bien, los datos tampoco respaldan tal supuesto. Al revés, la reducción de los impuestos (con predominio de los impuestos a los súper ricos) disminuyó los ingresos al Estado. Como ha mostrado el Center on Budget and Policy Priorities, la bajada de impuestos de los súper ricos (durante el gobierno Bush junior) fue responsable del crecimiento del déficit público del Estado (específicamente un 50%). En realidad, la gran mayoría de estudios que han analizado los orígenes del crecimiento del déficit del Estado federal han coincidido en que éstos han sido causados por los recortes de los impuestos (que favorecieron predominantemente a las rentas del capital y, por lo tanto, a los súper ricos) de la época de gobiernos republicanos, el aumento del gasto militar debido a las dos guerras iniciadas en periodo republicano –Irak y Afganistán- y a la recesión económica. La explicación de que el déficit del Estado federal es debido al incremento del gasto social carece de credibilidad. Una situación casi idéntica ha ocurrido en España. La reforma fiscal del 2006 que introdujo una bajada de impuestos muy notable para las rentas del capital y de las rentas superiores significó un incremento del déficit público estructural del Estado español (aumentándolo más de 20.000 millones de euros) que apareció en toda su magnitud cuando, en el 2007, la burbuja inmobiliaria explotó y la economía entró en recesión. En realidad, esta ralentización de la actividad económica implicó solo un 20% del aumento del déficit público estructural. El 80% de tal aumentó fue resultado del bajón de los impuestos. De ahí la situación absurda e incoherente de que cuando tal déficit aumentó se intentó reducir bajando el gasto púbico (y muy en particular el social que es ya en sí uno de los más bajos existentes en la UE-15), en lugar de revertir la bajada de impuestos del 2006.
Mito no 3. El aumento del Impuesto de Sucesiones dañará la economía
El presidente Obama ha propuesto aumentar el Impuesto de Sucesiones, pasando a ser un 45% de la propiedad del individuo. A este impuesto, conocido como el “impuesto sobre los muertos”, se han opuesto los neoliberales pues –según ellos- afecta a las pequeñas propiedades, destruyéndolas, pues los herederos se ven forzados a venderlas para poder pagar tal impuesto. Pero este argumento ignora que dicho impuesto afecta sólo a un 0,24% de las propiedades de EEUU. Un caso semejante ha ocurrido en España donde hay una enorme concentración de la propiedad. España es uno de los países de la UE-15 con mayor concentración de la propiedad.
Mito nº 4. Las políticas de estímulo económico han tenido un impacto mínimo en recuperar la economía
Tal premisa aparece frecuentemente en las tertulias y en los programas televisivos sobre las soluciones para salir de la crisis. Uno de ellos es el reciente programa de la BBC sobre la crisis en España y que contó con el asesoramiento de uno de los economistas más ultraliberales de los muchos existentes en los medios, el sr. Pedro Schwartz. En tal programa, se hizo la afirmación de que el estímulo que realizó el gobierno Zapatero no solo no sirvió para nada sino que incluso empeoró la situación, aumentando la deuda pública. Tal aseveración ignora varios hechos. Uno de ellos es que el estímulo del gobierno Zapatero consistió mayoritariamente en una reducción de impuesto que se creyó que estimularía la demanda y con ello reavivaría a la economía. Tal tipo de estímulo es erróneo por las razones indicadas en el párrafo anterior. La manera más efectiva para que el gasto público pueda estimular la economía es creando empleo directamente, lo cual el gobierno Zapatero hizo muy poco. La mayoría del estímulo no se llevó a cabo mediante obras públicas (haciendo piscinas como erróneamente señalaron el sr. Schwartz y la BBC) sino bajando impuestos. Existe la percepción generalizada entre los neoliberales (a veces compartida por algunos keynesianos) que el crecimiento de la demanda conlleva automáticamente un crecimiento del empleo lo cual no es del todo cierto, pues la demanda puede crecer sin que la producción de empleo aumente. Este punto es de gran importancia porque el problema mayor –causa de la recesión- es el elevado desempleo el cual no se resolverá sin una activa producción de empleo por parte del sector público. Esto es, por cierto, lo que explica también que el estímulo económico del presidente Obama fue, a pesar de su moderación, más eficaz en salir de la Gran Recesión que el de la UE y ello debido a que dio mayor énfasis en la creación de empleo con los fondos federales que no la UE. En esta última no hay todavía reconocimiento que el mayor problema económico (además de social) que tiene la UE es el elevado desempleo. Y así nos va.
*Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Fuente: http://bit.ly/S6DW68
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.