Análisis Noticiosos
Mitos del pensamiento neoliberal
Por Vicenç Navarro*
Hoy el pensamiento económico dominante en los círculos políticos, mediáticos, económicos y financieros españoles continúa siendo el neoliberalismo y ello a pesar de que la evidencia científica existente muestra, sin que haya lugar a dudas, que la aplicación de las políticas públicas inspiradas en tal pensamiento han sido responsables de la génesis de las crisis financiera y económica que vivimos. Tal pensamiento se continúa reproduciendo en los mayores medios de información (también en fórums académicos) del país, como consecuencia del enorme poder de los grupos promotores de tal conocimiento (mejor definido como ideología) en tales medios. Entre ellos destacan la banca y la gran patronal. Las premisas de tal ideología son:
Mito nº 1. Hay que favorecer a las rentas superiores pues son ellas las que ahorran e invierten, creando puestos de trabajo.
Un reciente ejemplo de esta postura es la oposición del Partido Republicano en EEUU a que el presidente Obama elimine las rebajas de impuestos de los súper ricos que el presidente Bush junior aprobó durante su mandato (ver el excelente artículo “10 Things Republicans Don’t Want You to Know About the “Fiscal Cliff””, Jon Perr, 07.12.12, de donde extraigo gran parte de los datos que aquí presento). En tal argumento, se utiliza el término de “creadores de puestos de trabajo” para describir a los súper ricos (menos del 2% de la población).
Para sostener esta tesis, uno tendría que ver que a menos carga impositiva de los ricos, habría mayor creación de puestos de trabajo. Pues bien, la realidad es precisamente opuesta a este supuesto. Así, el Congressional Research Service de EEUU (que es el servicio de investigación del Congreso estadounidense) ha documentado que durante los años 40 y 50, cuando los súper ricos tenían que pagar un tipo máximo por encima del 90% (sí, 90%), hubo mayor producción de empleo que ahora que pagan el 35%. Algo idéntico ocurre con el Impuesto sobre las Ganancias del Capital, cuyo tipo máximo pasó de ser un 25% en aquel periodo al actual 15%, sin que se haya aumentado la producción de puestos de trabajo. La evidencia de que la bajada de impuestos a los súper ricos no incrementa la producción de empleo es robusta como una piedra. No es cierto que a menor carga impositiva de las rentas superiores y/o de las rentas del capital haya mayor producción de empleo. En realidad, la época reciente, con menor producción de empleo (la presidencia de Bush Junior), fue la que tuvo un menor gravamen de las rentas superiores. No se puede, pues, sostener la tesis neoliberal de que hay que bajar los impuestos (o que no hay que subirlos) a fin de facilitar la creación de empleo. Tal bajada de impuestos disminuye los ingresos al Estado, con los cuales, por cierto, éste podría haber creado empleo.
Pero existe otro factor negativo en la reducción del gravamen de los ricos y súper ricos. Éstos consiguen la mayoría de sus rentas de las rentas del capital a través de acciones, depósitos bancarios y otros medios de ahorro, y sólo una pequeñísima parte procede de sus salarios. Así, las 400 personas más ricas de EEUU reciben de su propiedad el 80% de sus ingresos y sólo un 8% de sus salarios. Para el resto de la población, la situación es al revés. La gran mayoría de su renta procede de salarios y una pequeñísima proporción viene de la propiedad (el 5%). De estos datos se deduce que las rebajas fiscales a la propiedad (acciones, depósitos y otros) benefician predominantemente a las rentas superiores, favoreciendo una enorme concentración de las rentas. Los datos son abrumadores. Entre 1979 (inicio de la revolución neoliberal) y 2007 (inicio de la crisis), las rentas (después de pagar impuestos) del 1% de la población más rica de EEUU crecieron un 281% (descontando la inflación), comparado con un crecimiento de sólo un 16% para el 20% de la población con menor renta.
Mito nº 2. La bajada de impuestos aumenta los ingresos al Estado
Estas políticas fiscales favorables a las rentas superiores que derivan sus rentas del capital han facilitado la enorme concentración de las rentas en Estados Unidos. Y una consecuencia de ello ha sido el descenso de los ingresos al Estado, hoy de los más bajos de la historia reciente en aquel país. Los ingresos al Estado federal representan sólo el 15% del PIB, el porcentaje más bajo desde los años 50. No es cierto, pues, que el Estado y su sector público estén ahogando a la economía.
Tales datos muestran la falacia de otro de los grandes dogmas del neoliberalismo, que asume que la bajada de impuestos, en lugar de descender los ingresos al Estado, los aumentará, pues –según tal dogma- la bajada de impuestos aumenta la demanda, y con ello el crecimiento económico y los ingresos al Estado. Pues bien, los datos tampoco respaldan tal supuesto. Al revés, la reducción de los impuestos (con predominio de los impuestos a los súper ricos) disminuyó los ingresos al Estado. Como ha mostrado el Center on Budget and Policy Priorities, la bajada de impuestos de los súper ricos (durante el gobierno Bush junior) fue responsable del crecimiento del déficit público del Estado (específicamente un 50%). En realidad, la gran mayoría de estudios que han analizado los orígenes del crecimiento del déficit del Estado federal han coincidido en que éstos han sido causados por los recortes de los impuestos (que favorecieron predominantemente a las rentas del capital y, por lo tanto, a los súper ricos) de la época de gobiernos republicanos, el aumento del gasto militar debido a las dos guerras iniciadas en periodo republicano –Irak y Afganistán- y a la recesión económica. La explicación de que el déficit del Estado federal es debido al incremento del gasto social carece de credibilidad. Una situación casi idéntica ha ocurrido en España. La reforma fiscal del 2006 que introdujo una bajada de impuestos muy notable para las rentas del capital y de las rentas superiores significó un incremento del déficit público estructural del Estado español (aumentándolo más de 20.000 millones de euros) que apareció en toda su magnitud cuando, en el 2007, la burbuja inmobiliaria explotó y la economía entró en recesión. En realidad, esta ralentización de la actividad económica implicó solo un 20% del aumento del déficit público estructural. El 80% de tal aumentó fue resultado del bajón de los impuestos. De ahí la situación absurda e incoherente de que cuando tal déficit aumentó se intentó reducir bajando el gasto púbico (y muy en particular el social que es ya en sí uno de los más bajos existentes en la UE-15), en lugar de revertir la bajada de impuestos del 2006.
Mito no 3. El aumento del Impuesto de Sucesiones dañará la economía
El presidente Obama ha propuesto aumentar el Impuesto de Sucesiones, pasando a ser un 45% de la propiedad del individuo. A este impuesto, conocido como el “impuesto sobre los muertos”, se han opuesto los neoliberales pues –según ellos- afecta a las pequeñas propiedades, destruyéndolas, pues los herederos se ven forzados a venderlas para poder pagar tal impuesto. Pero este argumento ignora que dicho impuesto afecta sólo a un 0,24% de las propiedades de EEUU. Un caso semejante ha ocurrido en España donde hay una enorme concentración de la propiedad. España es uno de los países de la UE-15 con mayor concentración de la propiedad.
Mito nº 4. Las políticas de estímulo económico han tenido un impacto mínimo en recuperar la economía
Tal premisa aparece frecuentemente en las tertulias y en los programas televisivos sobre las soluciones para salir de la crisis. Uno de ellos es el reciente programa de la BBC sobre la crisis en España y que contó con el asesoramiento de uno de los economistas más ultraliberales de los muchos existentes en los medios, el sr. Pedro Schwartz. En tal programa, se hizo la afirmación de que el estímulo que realizó el gobierno Zapatero no solo no sirvió para nada sino que incluso empeoró la situación, aumentando la deuda pública. Tal aseveración ignora varios hechos. Uno de ellos es que el estímulo del gobierno Zapatero consistió mayoritariamente en una reducción de impuesto que se creyó que estimularía la demanda y con ello reavivaría a la economía. Tal tipo de estímulo es erróneo por las razones indicadas en el párrafo anterior. La manera más efectiva para que el gasto público pueda estimular la economía es creando empleo directamente, lo cual el gobierno Zapatero hizo muy poco. La mayoría del estímulo no se llevó a cabo mediante obras públicas (haciendo piscinas como erróneamente señalaron el sr. Schwartz y la BBC) sino bajando impuestos. Existe la percepción generalizada entre los neoliberales (a veces compartida por algunos keynesianos) que el crecimiento de la demanda conlleva automáticamente un crecimiento del empleo lo cual no es del todo cierto, pues la demanda puede crecer sin que la producción de empleo aumente. Este punto es de gran importancia porque el problema mayor –causa de la recesión- es el elevado desempleo el cual no se resolverá sin una activa producción de empleo por parte del sector público. Esto es, por cierto, lo que explica también que el estímulo económico del presidente Obama fue, a pesar de su moderación, más eficaz en salir de la Gran Recesión que el de la UE y ello debido a que dio mayor énfasis en la creación de empleo con los fondos federales que no la UE. En esta última no hay todavía reconocimiento que el mayor problema económico (además de social) que tiene la UE es el elevado desempleo. Y así nos va.
*Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Fuente: http://bit.ly/S6DW68
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.