La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa

Por Carlos Baret

SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.

Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.

Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual

Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.

La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.

Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.

Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.

No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.

Alegan vulneración de garantías procesales

El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.

Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.

En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.

Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.

Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.

Cuestionan restricciones al derecho de defensa

Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.

La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.

También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.

De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Solicitan anulación de la resolución

Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.

Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.

La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.

Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.

Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.

Un proceso de trascendencia jurídica

La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.

En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.

La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.

El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.

Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.

La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.

Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.

La institución llama a las empresas a facilitar la movilidad de sus empleados y evitar desplazamientos peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.

Por Rosa Hernández

SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a adoptar medidas de flexibilidad laboral ante las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta distintas zonas de República Dominicana.

La institución solicitó a las empresas ofrecer facilidades a sus trabajadores, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables, próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que necesitan desplazarse por carreteras y calles afectadas por inundaciones.

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el organismo destacó que la protección de la vida y la integridad física de los empleados debe prevalecer frente a cualquier circunstancia que represente peligro durante sus traslados.

Provincias bajo alerta meteorológica

De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.

Mientras tanto, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y San Pedro de Macorís permanecen bajo alerta verde.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de mayor vulnerabilidad.

Lluvias podrían continuar hasta el viernes

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el próximo viernes, cuando se espera una disminución gradual de su intensidad.

La funcionaria explicó que en determinadas localidades del suroeste los acumulados de lluvia ya han superado los 200 milímetros contemplados en pronósticos anteriores, situación que incrementa la preocupación por las condiciones del suelo y el riesgo de inundaciones.

Llamado a la prevención

El Ministerio de Trabajo recomendó a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Indomet, así como evitar desplazamientos innecesarios por vías inundadas o consideradas peligrosas.

La institución insistió en que las empresas deben actuar con prudencia y sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los trabajadores para trasladarse de manera segura.

Las autoridades reiteraron que la prevención y la colaboración entre empleadores y empleados resultan fundamentales para reducir los riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Fuente: Ministerio de Trabajo, COE e Indomet, según informaciones divulgadas este 27 de octubre de 2026.

Jhovanny de Jesús Metz Cruz cumplirá tres meses de prisión preventiva en La Vega, tras ser repatriado desde Jamaica. El Ministerio Público lo vincula con el ataque mortal contra Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en abril de 2026.

SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, señalado por las autoridades como uno de los principales implicados en la muerte del conductor de un camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada.

La decisión fue adoptada este martes por la jueza Wendy Tavárez, quien dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, ubicado en la provincia La Vega.

El proceso judicial está relacionado con un violento incidente ocurrido en abril de este año, cuando la víctima fue perseguida por un grupo de motociclistas hasta el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, donde recibió heridas de arma blanca que le ocasionaron la muerte.

Persecución comenzó en la Circunvalación Sur

De acuerdo con las investigaciones preliminares del Ministerio Público, el incidente se originó mientras Abreu Quezada conducía un camión destinado a la recolección de desechos sólidos por la avenida Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez.

Según el expediente, varios motociclistas habrían intentado obligarlo a detener la marcha, presuntamente a raíz de un roce vehicular.

Las autoridades sostienen que el conductor decidió continuar su recorrido al percibir una actitud agresiva por parte del grupo.

Esta situación habría provocado una persecución que se extendió durante varios kilómetros por diferentes vías de Santiago.

El trabajador finalmente llegó al estacionamiento del Palacio de Justicia, donde presuntamente buscaba protección frente a las personas que lo perseguían.

Sin embargo, según la acusación, fue alcanzado y agredido con un arma blanca, sufriendo heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Imputado fue localizado en Jamaica

Tras el hecho, Metz Cruz salió del territorio dominicano y fue localizado en Jamaica, donde permanecía detenido.

Las autoridades jamaicanas procedieron posteriormente a su repatriación, lo que permitió que fuera puesto a disposición del sistema judicial dominicano.

El imputado ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, desde donde fue trasladado a Santiago para responder por las acusaciones relacionadas con la muerte del conductor.

Su regreso permitió continuar las actuaciones judiciales que se encontraban pendientes debido a su ausencia del territorio nacional.

Otros siete hombres vinculados al expediente

Las investigaciones también involucran a otros siete hombres señalados por su presunta participación en los acontecimientos que precedieron a la muerte de Abreu Quezada.

De acuerdo con las informaciones judiciales, los demás imputados fueron sometidos previamente a medidas de coerción.

El Ministerio Público procura establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados en la persecución y posterior agresión contra el conductor.

La investigación deberá determinar las actuaciones individuales de los acusados y las circunstancias en que se produjo el ataque.

Ministerio Público solicitaba un año de prisión

Durante la fase previa al conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público había anunciado que solicitaría doce meses de prisión preventiva contra Metz Cruz.

La petición se fundamentaba, entre otros aspectos, en la gravedad del hecho investigado y el alegado peligro de fuga.

Sin embargo, la jueza Wendy Tavárez decidió imponer tres meses de prisión preventiva, plazo durante el cual el proceso continuará desarrollándose conforme a las disposiciones legales.

La decisión judicial no constituye una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar destinada a garantizar la presencia del imputado durante las actuaciones procesales.

Caso provocó indignación en Santiago

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada generó consternación debido a las circunstancias en que ocurrió, particularmente porque el trabajador habría buscado refugio en las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago.

El hecho también puso de manifiesto las consecuencias que pueden derivarse de los conflictos violentos en las vías públicas.

La persecución y posterior agresión mortal contra el conductor provocaron preocupación entre ciudadanos y trabajadores del sector de recolección de desechos.

Investigación continuará

Con la imposición de la medida de coerción, el proceso entra en una nueva etapa en la que el Ministerio Público deberá continuar sustentando las imputaciones y reunir los elementos probatorios correspondientes.

Por su parte, la defensa de Metz Cruz podrá ejercer los recursos y mecanismos procesales que considere pertinentes.

El imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente determine su responsabilidad penal mediante una sentencia definitiva.

El caso continuará bajo conocimiento de las autoridades judiciales de Santiago, mientras los familiares de la víctima esperan que se esclarezcan completamente las circunstancias de su muerte y se establezcan las responsabilidades correspondientes