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Será soterrado el Monorriel de Santiago cuando pase por el Monumento.
Santiago, R.D.-El director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI), Saul Abreu, informó que la estación monumental del Monorriel de Santiago, será soterrada, a fin de preservar la integridad visual del Monumento a los Héroes de la Restauración y garantizar la seguridad en la operación de los vagones.
La construcción de las estaciones 10 y 11, que se desarrollan en puntos claves de la ciudad, como la avenida Las Carreras, entre las calles Sánchez y Cuba, y la avenida Francia; donde se han implementado trabajos de elevación, ha preocupado a una parte de la población, debido a que temen se pierda el atractivo visual del icónico símbolo de Santiago.
Sin embargo, el director de Apedi, explicó que de acuerdo a las normativas, es indispensable evitar cualquier construcción que obstaculice la vista del monumento, y de paso prever la seguridad de cada vagón, por lo que el diseño soterrado permitirá gestionar de manera más eficiente la inclinación de la pendiente en la zona.
La estación estará ubicada en el parqueo del monumento, tomando salida por el lateral del Gran Teatro del Cibao, y aunque no se han ofrecido detalles sobre si la obra incluirá intervenciones antisísmicas para garantizar la seguridad estructural, Abreu aseguró que se han considerado todos los riesgos posibles para proteger tanto la estructura como el valor simbólico del monumento.
En cuanto a las inquietudes de la ciudadanía sobre las obras elevadas y soterradas, Saúl instó a confiar en los ingenieros y expertos responsables del proyecto, asegurando que se están cumpliendo las normativas técnicas y de seguridad.
quejas por los trabajos
En tanto, un comerciante de la avenida Las Carreras, en los alrededores de la construcción, señaló que sus ventas han disminuido en un 50% debido al impacto de las obras, ya que el acceso a su negocio se ha visto afectado.
Sin embargo, destacó que el otro 50% de las ventas se ha mantenido gracias a los pedidos realizados a través de servicios de delivery, que han permitido mitigar parcialmente las pérdidas generadas por la reducción del flujo de clientes en el establecimiento.
“Se han disminuido mucho las ventas y muchos negocios han tenido que cerrar porque por aquí ya no pasan tantas personas como solía ser antes y este colmado entiendo que ha perdurado más porque como lo que se vende es comida”, señaló.
Mientras que en octubre de 2024, Listín Diario registró la protesta de choferes de la ruta de concho F de Santiago Oeste, inconformes por los inconvenientes causados por la construcción del Monorriel en la zona.
En esa ocasión, los transportistas públicos se concentraron en la entrada de Cienfuegos, en la calle Tamboril, esquina avenida Estrella Sadhalá, bloqueando el tránsito para exigir al gobierno que tome medidas pertinentes que eviten los prolongados taponamientos durante las horas pico.
Los choferes expresaron su descontento por no haber sido incluidos en el nuevo Sistema Integral de Transporte que está implementando el gobierno.
Primera prueba
En agosto de 2024, el presidente Luis Abinader encabezó el primer viaje, con funcionarios de gobierno, de pasajeros en el Monorriel de Santiago, en un recorrido de una estación a otra, a una velocidad reducida, para una primera prueba de este sistema de transporte masivo. Abinader condujo el tren y cuatro vagones desde la Estación 3, en el Ensanche Espaillat, hasta la Estación número 2, en San Lorenzo, de Santiago Oeste. tendrá una longitud aproximada de 13.2 kilómetros, con 14 estaciones.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.