Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró ayer que el Senado de la República no incluyó las bancas de apuestas y de lotería en la Ley de Lavado de Activos como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a US$3,000.Nacionales
Montalvo dice bancas no han sido excluidas
La aprobación en el Senado de la República de la reforma de la ley 72-02 sobre lavado de activos ha generado diversas reacciones en los sectores económicos del país.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró ayer que el Senado de la República no incluyó las bancas de apuestas y de lotería en la Ley de Lavado de Activos como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a US$3,000.“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados las bancas de apuestas y de loterías”, aclaró el funcionario.
Montalvo aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no han sido excluidas del ámbito de aplicación de la ley, y explicó que toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.
“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, enfatizó.
No obstante, dijo que cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada -como indican las recomendaciones del GAFI- debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades.
Los sujetos obligados son las empresas que deben implementar estándares de conocimiento de sus clientes para evitar que los mismos los utilicen como mecanismo para lavar activos provenientes de operaciones ilícitas. Además de casinos, la nueva lista de sujetos obligados incluye agentes inmobiliarios, firmas constructoras, fiduciarias, entre otras. Esta lista de sujetos obligados está alineada con los requerimientos del Grupo Acción Financiera Internacional en su recomendación 22 de sus nuevos estándares.
“Esto no es una lista cerrada, en todo caso. Se pueden incluir otras entidades como sujetos obligados por resolución del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, luego de estudios sectoriales de riesgos y previa consulta pública”, explicó Montalvo.
El funcionario indicó que “la inclusión o no de un tipo de un sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí.
Dijo que si en el futuro se determina que los clientes de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluirlos como sujetos obligados”.
Montalvo dijo que las modificaciones propuestas a la ley se han realizado siguiendo los estándares y recomendaciones del GAFI y en el marco de la evaluación que se realizará al país este año, tanto por Foro Global como por GAFILAT. Consideró que la nueva ley antilavado representa un gran avance en la lucha contra el crimen y la impunidad, y dijo que con la iniciativa aumentan las infracciones precedentes, incluyendo los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos o los delitos fiscales y medioambientales.
Prisión mínima
La nueva ley también incrementa significativamente las penas y sanciones, aumentando el tiempo mínimo de prisión a 10 años, para algunas conductas que tipifican el lavado de activos, y a 200 salarios mínimos las multas, duplicando los montos actuales. “Esta nueva ley nos permitirá ser más efectivos en la persecución de delitos que lesionan el patrimonio público y los bienes colectivos, que el Estado debe tutelar”, sostuvo el funcionario.
Montalvo manifestó que uno de los avances importantes es la eliminación de las acciones al portador y que “se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, evitando así que se utilicen para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales”.
Otras opiniones
El experto en el tema de lavado de activos, Ricardo Rojas León, en su participación en un programa radial, negó que la exclusión de las bancas, loterías y juegos de azar de la Ley de Lavado haya sido producto de la influencia de legisladores, y coincidió con el ministro Montalvo al afirmar que la autoridad internacional en esta materia no contempla a este tipo de entidades en la normativa, sino sólo a los casinos de juego.
Aún así, el especialista explicó que las bancas de apuestas no están exentas de ser alcanzadas por la ley, y como una medida encaminada a esto refirió que la DGII está trabajando para formalizarlas y fortalecer sus programas de inspección que incluyen los datos relativos a los beneficiarios finales y los fondos. “Yo no puedo poner en la ley a un sector que no está en el estándar porque me lo van a incluir en la evaluación”. Indicó que ya se han comenzado a hacer reuniones con los consorcios y que las mismas pueden ser incluidas en algún momento vía reglamentaria. “Una de las menciones de la ley es el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos que puede designar nuevos sujetos obligados”.
Explicó que también se excluyó del proyecto a zonas francas y empresas aduaneras, porque incluirla ahora agravaba la evaluación que realiza el CAFI al país.
NG Cortiñas: ley tiene vicios inconstitucionales
El economista Haivanjoe NG Cortiñas aseguró en un artículo que el proyecto de ley sobre lavado tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que busca restringir el uso del dinero en efectivo. Aseguró que aprobar la iniciativa sería un reconocimiento a la incapacidad para afrondar debidamente el tema de la corrupción por la vía del lavado.
Recordó que el uso del dinero es el medio de pago fundamental y que las actividades legales se regulan para el bien común; pero no se deben restringir, menos aún prohibir, pues sería una admisión encubierta del fracaso.
Indicó que si se quiere disponer de un dispositivo legal más exigente respecto al tema de la corrupción, vía lavado, debe auscultarse aún más por el lado del origen de los fondos y ser más riguroso en términos de penalidades para los sujetos obligados que no realicen la debida diligencia.
Idecoop valora la ley
El director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Julio Maríñez, valoró como positivo el proyecto y manifestó que aunque está de acuerdo debe ser revisado por los legisladores, “yo lo veo positivo pero hay que adecuarla, que la revisen bien los congresistas, para que realmente sea un instrumento eficiente”, indicó.
La información la dio a conocer en una rueda de prensa donde se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Idecoop que busca prevenir el lavado de activos dentro de las cooperativas y reducir el nivel de vulnerabilidad del sector.
MODIFICAR PARA ELEVAR TRIBUTOS
Pelegrín Castillo advirtió que solo será posible subir la presión tributaria después de reducir la presión de los elevados precios oligopólicos y monopólicos que es parte importante de la carga real que aplasta a la mayoría de las empresas y personas y frena el desarrollo de la República Dominicana.
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista advirtió, además, que no es correcto pretender emplear las modificaciones a la Ley de Lavado cómo instrumento de recaudación tributaria sin antes hacer una profunda reforma integral y racional del gasto y los tributos, de la gestión de las deudas y de los activos.
“ Resulta desafortunado que en medio de la presente crisis general del Estado y de la economía, los actores políticos y empresariales sigan tomando el rábano por las hojas, evadiendo ir a las raíces de los problemas estructurales que confrontamos. Seguir poniendo parches o apelando a fórmulas mostrencas solo agravará los problemas de un Estado gestionado por un sistema político que lo torna inoperante y cada vez más oneroso para la sociedad”, enfatizó Castillo.
El ex legislador y ex ministro explicó que la discusión fundamental que debe tenerse en las presentes circunstancias es la cómo lograr que la economía dominicana sea más libre, abierta y competitividad, superando la peligrosa tendencia a la concentraciones en manos de unos pocos grupos poderosos en todas las áreas estratégicas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.