Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró ayer que el Senado de la República no incluyó las bancas de apuestas y de lotería en la Ley de Lavado de Activos como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a US$3,000.Nacionales
Montalvo dice bancas no han sido excluidas
La aprobación en el Senado de la República de la reforma de la ley 72-02 sobre lavado de activos ha generado diversas reacciones en los sectores económicos del país.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró ayer que el Senado de la República no incluyó las bancas de apuestas y de lotería en la Ley de Lavado de Activos como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a US$3,000.“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados las bancas de apuestas y de loterías”, aclaró el funcionario.
Montalvo aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no han sido excluidas del ámbito de aplicación de la ley, y explicó que toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.
“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, enfatizó.
No obstante, dijo que cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada -como indican las recomendaciones del GAFI- debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades.
Los sujetos obligados son las empresas que deben implementar estándares de conocimiento de sus clientes para evitar que los mismos los utilicen como mecanismo para lavar activos provenientes de operaciones ilícitas. Además de casinos, la nueva lista de sujetos obligados incluye agentes inmobiliarios, firmas constructoras, fiduciarias, entre otras. Esta lista de sujetos obligados está alineada con los requerimientos del Grupo Acción Financiera Internacional en su recomendación 22 de sus nuevos estándares.
“Esto no es una lista cerrada, en todo caso. Se pueden incluir otras entidades como sujetos obligados por resolución del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, luego de estudios sectoriales de riesgos y previa consulta pública”, explicó Montalvo.
El funcionario indicó que “la inclusión o no de un tipo de un sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí.
Dijo que si en el futuro se determina que los clientes de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluirlos como sujetos obligados”.
Montalvo dijo que las modificaciones propuestas a la ley se han realizado siguiendo los estándares y recomendaciones del GAFI y en el marco de la evaluación que se realizará al país este año, tanto por Foro Global como por GAFILAT. Consideró que la nueva ley antilavado representa un gran avance en la lucha contra el crimen y la impunidad, y dijo que con la iniciativa aumentan las infracciones precedentes, incluyendo los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos o los delitos fiscales y medioambientales.
Prisión mínima
La nueva ley también incrementa significativamente las penas y sanciones, aumentando el tiempo mínimo de prisión a 10 años, para algunas conductas que tipifican el lavado de activos, y a 200 salarios mínimos las multas, duplicando los montos actuales. “Esta nueva ley nos permitirá ser más efectivos en la persecución de delitos que lesionan el patrimonio público y los bienes colectivos, que el Estado debe tutelar”, sostuvo el funcionario.
Montalvo manifestó que uno de los avances importantes es la eliminación de las acciones al portador y que “se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, evitando así que se utilicen para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales”.
Otras opiniones
El experto en el tema de lavado de activos, Ricardo Rojas León, en su participación en un programa radial, negó que la exclusión de las bancas, loterías y juegos de azar de la Ley de Lavado haya sido producto de la influencia de legisladores, y coincidió con el ministro Montalvo al afirmar que la autoridad internacional en esta materia no contempla a este tipo de entidades en la normativa, sino sólo a los casinos de juego.
Aún así, el especialista explicó que las bancas de apuestas no están exentas de ser alcanzadas por la ley, y como una medida encaminada a esto refirió que la DGII está trabajando para formalizarlas y fortalecer sus programas de inspección que incluyen los datos relativos a los beneficiarios finales y los fondos. “Yo no puedo poner en la ley a un sector que no está en el estándar porque me lo van a incluir en la evaluación”. Indicó que ya se han comenzado a hacer reuniones con los consorcios y que las mismas pueden ser incluidas en algún momento vía reglamentaria. “Una de las menciones de la ley es el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos que puede designar nuevos sujetos obligados”.
Explicó que también se excluyó del proyecto a zonas francas y empresas aduaneras, porque incluirla ahora agravaba la evaluación que realiza el CAFI al país.
NG Cortiñas: ley tiene vicios inconstitucionales
El economista Haivanjoe NG Cortiñas aseguró en un artículo que el proyecto de ley sobre lavado tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que busca restringir el uso del dinero en efectivo. Aseguró que aprobar la iniciativa sería un reconocimiento a la incapacidad para afrondar debidamente el tema de la corrupción por la vía del lavado.
Recordó que el uso del dinero es el medio de pago fundamental y que las actividades legales se regulan para el bien común; pero no se deben restringir, menos aún prohibir, pues sería una admisión encubierta del fracaso.
Indicó que si se quiere disponer de un dispositivo legal más exigente respecto al tema de la corrupción, vía lavado, debe auscultarse aún más por el lado del origen de los fondos y ser más riguroso en términos de penalidades para los sujetos obligados que no realicen la debida diligencia.
Idecoop valora la ley
El director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Julio Maríñez, valoró como positivo el proyecto y manifestó que aunque está de acuerdo debe ser revisado por los legisladores, “yo lo veo positivo pero hay que adecuarla, que la revisen bien los congresistas, para que realmente sea un instrumento eficiente”, indicó.
La información la dio a conocer en una rueda de prensa donde se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Idecoop que busca prevenir el lavado de activos dentro de las cooperativas y reducir el nivel de vulnerabilidad del sector.
MODIFICAR PARA ELEVAR TRIBUTOS
Pelegrín Castillo advirtió que solo será posible subir la presión tributaria después de reducir la presión de los elevados precios oligopólicos y monopólicos que es parte importante de la carga real que aplasta a la mayoría de las empresas y personas y frena el desarrollo de la República Dominicana.
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista advirtió, además, que no es correcto pretender emplear las modificaciones a la Ley de Lavado cómo instrumento de recaudación tributaria sin antes hacer una profunda reforma integral y racional del gasto y los tributos, de la gestión de las deudas y de los activos.
“ Resulta desafortunado que en medio de la presente crisis general del Estado y de la economía, los actores políticos y empresariales sigan tomando el rábano por las hojas, evadiendo ir a las raíces de los problemas estructurales que confrontamos. Seguir poniendo parches o apelando a fórmulas mostrencas solo agravará los problemas de un Estado gestionado por un sistema político que lo torna inoperante y cada vez más oneroso para la sociedad”, enfatizó Castillo.
El ex legislador y ex ministro explicó que la discusión fundamental que debe tenerse en las presentes circunstancias es la cómo lograr que la economía dominicana sea más libre, abierta y competitividad, superando la peligrosa tendencia a la concentraciones en manos de unos pocos grupos poderosos en todas las áreas estratégicas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim, quien, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería al director de la institución, “su amigo de treinta años”.
A pesar de este señalamiento, su nombre no aparece como imputado debido a que está colaborando con las autoridades en informaciones sobre este caso.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, a mediados de octubre Ortiz Giráldez y Eduardo Read Estrella, se reunieron en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill, en donde le explicó al empresario que por instrucciones del entonces director de Senasa “su empresa Khersum debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos, como condición para mantener la continuidad de los contratos”.
Según el Ministerio Público, la propuesta fue rechazada por Eduardo Read, poniendo en duda que procediera de instrucciones Santiago Hazim, “a quien consideraba un profesional íntegro y de conducta intachable”.
El expediente narra que, sin embargo, Senasa empezó a retratarse en los pagos a KHERSUM, S.R.L., “bajo pretextos administrativos”.
Tras una serie de esfuerzos, explican que Eduardo Read logró una reunión con Santiago Hazim quien le indicó que “debía ponerse de acuerdo con «el Gordo», refiriéndose a José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así que el pago de soborno requerido a través de José Pablo Ortiz Giráldez provenían directamente del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”.
Establecen que a partir de este momento la empresa KHERSUM, S.R.L. empezó a pagar mensualmente un 30% de los pagos que les realizaba el Senasa.
Desde noviembre 2020 hasta agosto 2022, Eduardo Read hizo transferencias a empresas de José Pablo Ortiz Giráldez por un monto de RD$512,326,455.86. Estas compañías son: PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L.; Comercializadora Netofa, S.R.L.; Comercializadora Gabao N, S.R.L., y Comercializadora Harif, S.R.L.
Según el expediente por concepto de sobornos, las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., y DELESTE, S.R.L., estás dos últimas, propiedad de socios de Eduardo Read, se pagó RD$1,621,337,217.15.
El monto se desglosa de la siguiente manera: RD$1,166,401,310.63 por KHERSUM; RD$391,418,157.12 a través de DELESTE, S.R.L y RD$63,517,749.40 por FARMACARD.
Las autoridades establecen que una segunda etapa de los sobornos se realizó desde septiembre del año 2022 tras hacerse pública la investigación penal del denominado «Caso Calamar», en el que figuraba como investigado José Pablo Ortiz Giráldez. Este caso salió a la luz en marzo de 2023 y sus principales imputados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Al ver la situación, Eduardo Read le advirtió a Santiago Hazim que no realizaría más pagos a José Pablo Ortiz Giráldez, por lo que el exdirector de Senasa le dijo que “a los amigos no se abandonan y que debía continuar comunicándose con él y realizándoles los pagos, ya fuera facturando a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez”.
De ahí en adelante, según el expediente, el dinero se pagaba en efectivo, “en funda plástica”, en la recepción del Grupo Read.
Para justificar de manera contable la entrega de dinero, el abogado de Read Estrella, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó empresas vinculadas a servicios de salud para poder generar facturas con comprobantes fiscales.
De esta forma, en efectivo, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, por concepto de sobornos, Eduardo Read Estrella pagó, de acuerdo al Ministerio Público, de RD$1,109,010,761.29.
Santo Domingo, R.D.-Con el rostro cubierto con mascarillas los acusados del robo multimillonario en SeNASA llegaron al tribunal que conoce el caso, la Oficina de Atención Permanente, la cual intentará conocer la solicitud de coerción contra los imputados del fraude contra la ARS del Estado.
Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo.
El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un «comité operativo» integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Santo Domingo.–Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, sostuvo afirmó que el caso de corrupción y desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es “el más grande, siniestro y cruel”, debido a que afecta la salud de más de ocho millones de dominicanos, especialmente personas pobres y vulnerables.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el primer Congreso de Lucha contra la Corrupción, Desafíos y Retos, celebrado en el hotel Catalonia.
Camacho manifestó que espera que todos los participantes en este entramado corrupto “se sienten en el banquillo de los acusados” para responder por los hechos cometidos, desmantelados mediante la Operación Cobra.
El caso continúa abierto y, a medida que avanzan las investigaciones, podrían surgir nuevas personas vinculadas.
Según el Ministerio Público, la operación habría sido liderada por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros implicados. La medida de coerción contra los imputados será conocida hoy a las 2:00 de la tarde.
“Esperamos que cada una de las personas que participaron en este entramado de corrupción responda por sus hechos”, reiteró Camacho, al tiempo que subrayó que se trata de “uno de los casos de corrupción más grandes” enfrentados por el Ministerio Público, y “el más siniestro y cruel”, por afectar un servicio esencial para la población vulnerable.
Camacho indicó que el monto del desfalco podría seguir aumentando conforme avanza el proceso. Hasta el momento, asciende a más de 15 mil millones de pesos.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados:
- Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa
- Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero
- Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico
- Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud
- Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare
También para los proveedores implicados:
Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.
A todos se les acusa de cometer un fraude millonario contra esta ARS pública y de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura haber recopilado pruebas que evidencian sobornos a gran escala, alteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos y diversas maniobras fraudulentas.