Nacionales
Monte Grande: concentrado en desvío del Yaque del Sur
Las labores para construir la presa se concentran en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento donde estarán las oficinas.
Dos meses después de que el presidente Danilo Medina diera el primer picazo para el inicio de los trabajos del proyecto Monte Grande, que incluye cinco componentes, el capítulo que tiene que ver con la construcción de la presa Monte Grande está en su fase de inicio, aunque dentro de éste hay partes que se encaminan al nivel final.
Las labores para levantar la presa se concentran simultánea y principalmente en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, que permitirá el levantamiento de la cortina de la represa; se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento y/o bloque de viviendas donde estarán las oficinas, almacenes y áreas de servicios para quienes por dos años trabajarán en el proyecto.
La presa Monte Grande tiene un primer componente que se refiere al área de diseño, impacto ambiental, estudio de suelo, presupuesto y otros estudios que comúnmente no se ven como parte de la obra física. Son algo así como “la base”. Y esa parte esencial ya se agotó, según informó ayer el director ejecutivo del INDRHI, Olgo Fernández, cuando elCaribe acudió a su oficina para conocer detalles puntuales del proyecto. Cuando el INDRHI suma la parte base (ya realizada) más el levantamiento del campamento que está en marcha, concluye en que -de manera general- el proyecto presa Monte Grande ha avanzado o se ha ejecutado en un 15%. De hecho, el último informe suministrado por el INDRHI al Ministerio de Hacienda así lo consigna.
Luis Rivas, técnico del Consorcio Monte Grande, explicó a un equipo de elCaribe que recorrió el lugar (tanto donde se construye el campamento, como donde se levantó un puente para atravesar el Yaque del Sur y donde se hace el desvío de éste) que se aprovecha la época de estiaje (cuando el caudal de agua es bajo) para avanzar lo más posible en los trabajos y para minimizar los peligros que puedan presentarse cuando llegue la temporada de huracanes tropicales en el Atlántico el 1 de junio.
En esa área se observa un importante movimiento de vehículos y de personal, incluyendo días feriados. Un movimiento similar hay en los predios del campamento donde es levantado el bloque de viviendas que servirá como centro de operaciones y el punto de control para coordinar cada una de las actividades de ingeniería y de otra índole que serán necesarias.
¿Cuánto se ha gastado?
Para la presa Monte Grande se ha calculado una inversión de US$249 millones, incluyendo el sistema de riego, el poblado y obras de mitigación. “Cuando se hace la segmentación, es probable que Monte Grande (como presa) quede en unos US$180 millones”, sostiene Olgo Fernández. Las cubicaciones que les ha presentado la empresa constructora de origen brasileño Andrade Gutiérrez al INDRHI indican que en Monte Grande se han ejecutado unos US$10 millones, divididos de la siguiente manera: US$1.2 millón en estudio de impacto ambiental; en previsión para el pago de la instrumentación hidrométrica US$1.0 millón, y el diseño que se contempló en casi US$8.0 millones. El diseño del proyecto fue contratado a una compañía extranjera.
En ese monto no está contemplado lo realizado por los constructores luego del primer palazo que se dio para inicio de la obra. O sea, que hay que hacer un nuevo “corte” para determinar el número del momento. En las labores para levantar Monte Grande hay involucrados unos 700 hombres.
Monte Grande se ha previsto tenerla lista el 30 de abril de 2016. Así ha prometido el Gobierno, y por eso la constructora Andrade Gutiérrez ha tenido que implementar tres tandas de labores para no quedar mal. “Tienen el compromiso de quedar bien”, dice el INDRHI.
“Y damos garantía de que las labores no se detendrán”, indicó, de otro lado, en el campamento Monte Grande, Rafael Hernández, representante de una empresa subcontratista de la obra.
La suma de Sabana Yegua
La entrega de Sabana Yegua (otro componente del proyecto global) prevista para el 8 de agosto tendrá un efecto positivo para la construcción de Monte Grande, porque permitirá controlar las aguas y que los trabajos se realicen de manera holgada. Lista Sabana Yegua se podrá almacenar en esta 106 millones de metros cúbicos de agua, adicional a lo que ella almacena. Además de eso habrá un vertedero limpio y capacidad de manejo.
Por precaución se hará un traslado de familias
Las cubicaciones de la empresa que tiene a cargo la construcción se hacen cada mes. Eso representa un informe sobre lo que se hace en ese período. En el lugar donde se levanta Monte Grande hay una compañía supervisora fija y técnicos del INDRHI que evalúan el rendimiento día/día y luego se consolidan los datos sobre el rendimiento general de horas/hombres, días, semanas y mes. Cerca del lugar donde será represado el río Yaque del Sur y detrás de donde se realiza el desvío de ese río hay unas tres comunidades que también serán trasladadas a Tábara, Azua.
EL CARIBE
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.