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Monte Grande: concentrado en desvío del Yaque del Sur
Las labores para construir la presa se concentran en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento donde estarán las oficinas.
Dos meses después de que el presidente Danilo Medina diera el primer picazo para el inicio de los trabajos del proyecto Monte Grande, que incluye cinco componentes, el capítulo que tiene que ver con la construcción de la presa Monte Grande está en su fase de inicio, aunque dentro de éste hay partes que se encaminan al nivel final.
Las labores para levantar la presa se concentran simultánea y principalmente en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, que permitirá el levantamiento de la cortina de la represa; se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento y/o bloque de viviendas donde estarán las oficinas, almacenes y áreas de servicios para quienes por dos años trabajarán en el proyecto.
La presa Monte Grande tiene un primer componente que se refiere al área de diseño, impacto ambiental, estudio de suelo, presupuesto y otros estudios que comúnmente no se ven como parte de la obra física. Son algo así como “la base”. Y esa parte esencial ya se agotó, según informó ayer el director ejecutivo del INDRHI, Olgo Fernández, cuando elCaribe acudió a su oficina para conocer detalles puntuales del proyecto. Cuando el INDRHI suma la parte base (ya realizada) más el levantamiento del campamento que está en marcha, concluye en que -de manera general- el proyecto presa Monte Grande ha avanzado o se ha ejecutado en un 15%. De hecho, el último informe suministrado por el INDRHI al Ministerio de Hacienda así lo consigna.
Luis Rivas, técnico del Consorcio Monte Grande, explicó a un equipo de elCaribe que recorrió el lugar (tanto donde se construye el campamento, como donde se levantó un puente para atravesar el Yaque del Sur y donde se hace el desvío de éste) que se aprovecha la época de estiaje (cuando el caudal de agua es bajo) para avanzar lo más posible en los trabajos y para minimizar los peligros que puedan presentarse cuando llegue la temporada de huracanes tropicales en el Atlántico el 1 de junio.
En esa área se observa un importante movimiento de vehículos y de personal, incluyendo días feriados. Un movimiento similar hay en los predios del campamento donde es levantado el bloque de viviendas que servirá como centro de operaciones y el punto de control para coordinar cada una de las actividades de ingeniería y de otra índole que serán necesarias.
¿Cuánto se ha gastado?
Para la presa Monte Grande se ha calculado una inversión de US$249 millones, incluyendo el sistema de riego, el poblado y obras de mitigación. “Cuando se hace la segmentación, es probable que Monte Grande (como presa) quede en unos US$180 millones”, sostiene Olgo Fernández. Las cubicaciones que les ha presentado la empresa constructora de origen brasileño Andrade Gutiérrez al INDRHI indican que en Monte Grande se han ejecutado unos US$10 millones, divididos de la siguiente manera: US$1.2 millón en estudio de impacto ambiental; en previsión para el pago de la instrumentación hidrométrica US$1.0 millón, y el diseño que se contempló en casi US$8.0 millones. El diseño del proyecto fue contratado a una compañía extranjera.
En ese monto no está contemplado lo realizado por los constructores luego del primer palazo que se dio para inicio de la obra. O sea, que hay que hacer un nuevo “corte” para determinar el número del momento. En las labores para levantar Monte Grande hay involucrados unos 700 hombres.
Monte Grande se ha previsto tenerla lista el 30 de abril de 2016. Así ha prometido el Gobierno, y por eso la constructora Andrade Gutiérrez ha tenido que implementar tres tandas de labores para no quedar mal. “Tienen el compromiso de quedar bien”, dice el INDRHI.
“Y damos garantía de que las labores no se detendrán”, indicó, de otro lado, en el campamento Monte Grande, Rafael Hernández, representante de una empresa subcontratista de la obra.
La suma de Sabana Yegua
La entrega de Sabana Yegua (otro componente del proyecto global) prevista para el 8 de agosto tendrá un efecto positivo para la construcción de Monte Grande, porque permitirá controlar las aguas y que los trabajos se realicen de manera holgada. Lista Sabana Yegua se podrá almacenar en esta 106 millones de metros cúbicos de agua, adicional a lo que ella almacena. Además de eso habrá un vertedero limpio y capacidad de manejo.
Por precaución se hará un traslado de familias
Las cubicaciones de la empresa que tiene a cargo la construcción se hacen cada mes. Eso representa un informe sobre lo que se hace en ese período. En el lugar donde se levanta Monte Grande hay una compañía supervisora fija y técnicos del INDRHI que evalúan el rendimiento día/día y luego se consolidan los datos sobre el rendimiento general de horas/hombres, días, semanas y mes. Cerca del lugar donde será represado el río Yaque del Sur y detrás de donde se realiza el desvío de ese río hay unas tres comunidades que también serán trasladadas a Tábara, Azua.
EL CARIBE
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.