Nacionales
Monte Grande: concentrado en desvío del Yaque del Sur
Las labores para construir la presa se concentran en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento donde estarán las oficinas.
Dos meses después de que el presidente Danilo Medina diera el primer picazo para el inicio de los trabajos del proyecto Monte Grande, que incluye cinco componentes, el capítulo que tiene que ver con la construcción de la presa Monte Grande está en su fase de inicio, aunque dentro de éste hay partes que se encaminan al nivel final.
Las labores para levantar la presa se concentran simultánea y principalmente en el túnel de desvío del río Yaque del Sur, que permitirá el levantamiento de la cortina de la represa; se habilitan los caminos de acceso y se erige el campamento y/o bloque de viviendas donde estarán las oficinas, almacenes y áreas de servicios para quienes por dos años trabajarán en el proyecto.
La presa Monte Grande tiene un primer componente que se refiere al área de diseño, impacto ambiental, estudio de suelo, presupuesto y otros estudios que comúnmente no se ven como parte de la obra física. Son algo así como “la base”. Y esa parte esencial ya se agotó, según informó ayer el director ejecutivo del INDRHI, Olgo Fernández, cuando elCaribe acudió a su oficina para conocer detalles puntuales del proyecto. Cuando el INDRHI suma la parte base (ya realizada) más el levantamiento del campamento que está en marcha, concluye en que -de manera general- el proyecto presa Monte Grande ha avanzado o se ha ejecutado en un 15%. De hecho, el último informe suministrado por el INDRHI al Ministerio de Hacienda así lo consigna.
Luis Rivas, técnico del Consorcio Monte Grande, explicó a un equipo de elCaribe que recorrió el lugar (tanto donde se construye el campamento, como donde se levantó un puente para atravesar el Yaque del Sur y donde se hace el desvío de éste) que se aprovecha la época de estiaje (cuando el caudal de agua es bajo) para avanzar lo más posible en los trabajos y para minimizar los peligros que puedan presentarse cuando llegue la temporada de huracanes tropicales en el Atlántico el 1 de junio.
En esa área se observa un importante movimiento de vehículos y de personal, incluyendo días feriados. Un movimiento similar hay en los predios del campamento donde es levantado el bloque de viviendas que servirá como centro de operaciones y el punto de control para coordinar cada una de las actividades de ingeniería y de otra índole que serán necesarias.
¿Cuánto se ha gastado?
Para la presa Monte Grande se ha calculado una inversión de US$249 millones, incluyendo el sistema de riego, el poblado y obras de mitigación. “Cuando se hace la segmentación, es probable que Monte Grande (como presa) quede en unos US$180 millones”, sostiene Olgo Fernández. Las cubicaciones que les ha presentado la empresa constructora de origen brasileño Andrade Gutiérrez al INDRHI indican que en Monte Grande se han ejecutado unos US$10 millones, divididos de la siguiente manera: US$1.2 millón en estudio de impacto ambiental; en previsión para el pago de la instrumentación hidrométrica US$1.0 millón, y el diseño que se contempló en casi US$8.0 millones. El diseño del proyecto fue contratado a una compañía extranjera.
En ese monto no está contemplado lo realizado por los constructores luego del primer palazo que se dio para inicio de la obra. O sea, que hay que hacer un nuevo “corte” para determinar el número del momento. En las labores para levantar Monte Grande hay involucrados unos 700 hombres.
Monte Grande se ha previsto tenerla lista el 30 de abril de 2016. Así ha prometido el Gobierno, y por eso la constructora Andrade Gutiérrez ha tenido que implementar tres tandas de labores para no quedar mal. “Tienen el compromiso de quedar bien”, dice el INDRHI.
“Y damos garantía de que las labores no se detendrán”, indicó, de otro lado, en el campamento Monte Grande, Rafael Hernández, representante de una empresa subcontratista de la obra.
La suma de Sabana Yegua
La entrega de Sabana Yegua (otro componente del proyecto global) prevista para el 8 de agosto tendrá un efecto positivo para la construcción de Monte Grande, porque permitirá controlar las aguas y que los trabajos se realicen de manera holgada. Lista Sabana Yegua se podrá almacenar en esta 106 millones de metros cúbicos de agua, adicional a lo que ella almacena. Además de eso habrá un vertedero limpio y capacidad de manejo.
Por precaución se hará un traslado de familias
Las cubicaciones de la empresa que tiene a cargo la construcción se hacen cada mes. Eso representa un informe sobre lo que se hace en ese período. En el lugar donde se levanta Monte Grande hay una compañía supervisora fija y técnicos del INDRHI que evalúan el rendimiento día/día y luego se consolidan los datos sobre el rendimiento general de horas/hombres, días, semanas y mes. Cerca del lugar donde será represado el río Yaque del Sur y detrás de donde se realiza el desvío de ese río hay unas tres comunidades que también serán trasladadas a Tábara, Azua.
EL CARIBE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.