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MOPC terminará a final de año el tramo 2B de la Circunvalación Santo Domingo
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los trabajos de construcción del Tramo 2B de la Circunvalación Santo Domingo están avanzados en más de un 70 por ciento de ejecución, con una extensión de 20.8 kms, y que se espera será concluido a fines del presente año.
El viceministro Ramón Pepín dijo que dejará beneficios de manera inmediata a choferes y conductores de transporte de carga y de pasajeros, de otras unidades vehiculares y, por ende, para la población en sentido general.
El Tramo 2B, que va desde la carretera Villa Mella-Yamasá hasta la autopista Juan Pablo II, próximo al Cruce de El Naranjo, será de cuatro carriles de 3.60 metros cada uno (dos por sentido de circulación), un ancho de calzada que varía de 21.80 a 25.20 metros, y paseos laterales de 2.40 metros.
Los trabajos incluyen la construcción de 10 puentes, tres pasos a desnivel, dos distribuidores de tráfico, y cuatro retornos. Los pasos a desnivel estarán ubicados en el cruce de Mata Mamón, en el cruce que une con la vía de Haras Nacionales, y otro que comunica con el distrito municipal La Victoria.
Pepín realizó un recorrido de inspección por los trabajos de la infraestructura, junto a los encargados de su construcción. Señaló que la mayoría de los puentes y alcantarillas se encuentran prácticamente terminados.
Una nota de la Dirección de Comunicaciones y Prensa del MOPC da cuenta que la autopista contribuirá a reducir las complicaciones en el tránsito del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Tendrá una extensión total de aproximadamente de 70 kilómetros, desde Haina hasta el Puerto Multimodal Caucedo. El primer tramo de la moderna vía fue entregado por el Presidente Medina en febrero del año 2015, y el segundo en agosto del mismo año.
Trabajos realizados
Hasta ahora, los trabajos realizados en el tramo 2B de la circunvalación Santo Domingo incluyen: avances de 91.93% de actividades de movimiento de tierra, de 48.11% de sub-rasante mejorada, de 12.26% de colocación de sub-base, y de 10% de colocación de base.
También, drenes en zona de humedales en un 99%, construcción de puente provisional sobre el río Ozama, de puente en Cruce Haras Nacionales y río Mal Nombre, construcción en un 98% de puentes sobre río La Yuca y Dajao, en un 85% de paso en Cruce de Punta, Villa Mella.
De igual manera, se ha construido en un 74% en Paso Yabacao, y 70% de paso en Camino Mata Mamón, en un 57% de paso La Victoria, y 80% del cajón La Victoria; en un 95% se ha avanzado en la construcción de las alcantarillas, en un 15% en los trabajos de drenaje como cunetas y bordillos, y 46% en la colocación de sub-drenes.
Pendientes aún
El MOPC informó que aún están pendientes por realizar los trabajos de construcción de cinco distribuidores, dos retornos, del puente sobre el río Ozama y pasos en camino Juan Tomás, kms 27 y 28; completar los puentes y pasos a desnivel en los ríos Yuca y Dajao, en Cruce de Punta, Mata Mamón, Yabacao y La Victoria.
Además, una estación de peaje, completar las alcantarillas y obras de drenaje, colocación de asfalto, de barreras metálicas de defensa, señalización horizontal y vertical, electrificación e iluminación, y obras de paisajismo.
La construcción del Tramo 2B está a cargo del Consorcio Magna S.R.L. está compuesto por las firmas Constructora Rizek y Asociados, Moll Constructora y Conidec.
acento.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.