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Morel Cerda propone investigar pensiones JCE
El expresidente de la Junta Central Electoral, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, pidió este sábado a la Procuraduría General de la República investigar el uso de los fondos de pensiones y plan de retiro de la Junta Central Electoral (JCE), alegando irregularidades.
Morel Cerda manifestó que en la lista han incluido en el mismo saco a los que devengan altas pensiones y que ostentan otros cargos en el Estado, y aquellos que salieron jubilados.
Morel Cerda fue pensionado con 117 mil pesos mensuales del plan de retiro y alega que esos fondos no son suficientes para cubrir sus necesidades. Fue cesanteado como ex presidente de la JCE con 414,214 pesos.
La JCE entregó a solicitud de Participación Ciudadana, Noticias SIN y José Vásquez, la lista con los nombres de las pensiones y cesantías de exmiembros del organismo, desde el 2000 hasta el 2012, la cual fue subida a su portal digital. Figuran expresidentes y exjueces electorales que ostentan cargos en el Estado.
“De modo que, de haber ocurrido semejante situación estaríamos en presencia de una actuación criminal, violatoria del artículo 408 del Código Penal, que sanciona con penas criminales el abuso de confianza calificada”, expresa Morel Cerda en una declaración manuscrita que entregó hoy a El Nacional.
Agrega que “en vista de lo anteriormente expuesto, yo solicito del procurador general de la República una exhaustiva investigación de todo lo acontecido allá, a fin de determinar qué conductas son punibles penalmente y cuáles no, a fin de que la sociedad tenga conocimiento de las actuaciones de cada quien, a la luz de las disposiciones legales”.
“Se ha difundido en algunos medios una información, según parece originada o teniendo por fuente la JCE, y en dicha noticia se da cuenta de la lista de exmiembros que salieron de sus posiciones ostentando y devengando altas pensiones, de conformidad con el plan de retiro de la susodicha entidad”, expresa Morel Cerda en el manuscrito.
Dice que es bueno que se sepa que esos fondos provienen en gran parte de las aportaciones que hacen los funcionarios y empleados de esa dependencia, descontado mes por mes de su salario.
“Se han metido en dicho listado a los salientes funcionarios del organismo que ostentan otra posición en el Estado y aquellos que no la detentan, es decir, todos juntos en un mismo saco”, sostiene.
Explica que “como se aprecia hay pensiones, generalmente las más altas, que son objetables y las menos, entre las cuales me encuentro, que no merecen ese calificativo, no solo por ser las más bajas o porque no tenemos otro cargo en la Administración Pública, sino porque están contempladas en el reglamento del plan de retiro para pensionados y jubilados de la JCE”.
El ex presidente de la JCE dice en su carta que “Todo esto surge de una densa cortina de humo que imperceptiblemente encubre una situación a todas luces anómala y de carácter criminal”.
UN APUNTE
El presidente de JCE
Sobre la propuesta de Morel Cerda en torno al Plan de Retiro, no fue posible conseguir una reacción del presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, en razón de que está en Washington, donde asistió a firmar con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza un convenio de ayuda para elecciones de Paraguay.
Santo Domingo, R.D.-Según declaraciones del abogado defensor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, iniciarán mañana los trámites legales correspondientes para se les otorgue su libertad, luego que el tribunal le impusiera garantía de 50 millones de pesos, como medida de coerción.
Estos están acusados de homicidio involuntario, por el desplome del techo del club nocturno Jet Set que cobró la vida de 236 personas.
«En el día de hoy la oficina de la procuradora fiscal está cerrada para los trámites administrativos, lo cual entiendo que ese trámite se agotará el día de mañana, si Dios quiere», explicó.
Argumentó que la jueza Fátima Veloz no encontró riesgo de fuga u obstaculización en la investigación, para determinar si era necesario o no el estado de prisión preventiva, mientras se agotaba la fase de investigación.
La medida fue impuesta el día de ayer por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional tras 12 horas de litigación y una garantía económica de RD$50 millones como medida de coerción, además de impedimento de salida y presentación periódica en el tribunal.
El jurista agregó que conversó con Antonio Espaillat, quien está de acuerdo con la decisión tomada, porque responde a los presupuestos planteados y que se encuentra «deseoso de poder incorporarse a sus empresas«, como también de estar al frente en sus ocupaciones y responsabilidades familiares.
Compensación económica
En cuanto a la compensación económica para las familias de los afectados, lo calificó como un acuerdo para conciliar esta etapa que adolece a todos los afectados.
“Es una tragedia que impacta no solamente en términos físicos, sino psicológico, mental y laboral, muchos elementos, y eso hay que trabajarlo por etapa. Esos acuerdos permiten conciliar una etapa. Luego hay que pasar con la parte personal individual para ir sanando, tú entiendes, ir recuperando los efectos de lo que significa esta tragedia”, expresó.
Sobre la decisión del Ministerio Público de apelar a la coerción impuesta, respondió que es un derecho conferido a la institución y debe hacer uso de ese recurso.
“Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para si los considera de lugar proceder a hacer ese recurso”, sostuvo.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, rechazó este miércoles el inicio de una campaña política a destiempo y exhortó a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a respaldar al presidente de la República, Luis Abinader, para que continué realizando una excelente gestión gubernamental.
De los Santos recordó que apenas estamos a mediados del año 2025, y que, para el inicio de la precampaña, todavía faltan dos años, según los establecido en la Ley de Régimen Electoral, que está para regir los certámenes electorales.
“Todos los compañeros y compañeras de nuestro partido y demás organizaciones partidarias, sabemos que hay un activismo político. En el caso del PRM, entiendo que lo que debemos es concentrarnos en gobernar y ayudar al presidente Abinader para que haga la mejor gestión de gobierno posible”, afirmó el representante de Sánchez Ramírez.
El presidente de la Cámara Alta recomendó a los precandidatos presidenciales a esperar el momento establecido en la ley para presentar sus aspiraciones políticas y salir con todo su derecho a realizar sus campañas.
Al ser abordado por periodistas que cubren la fuente congresual, el legislador informó que el Congreso Nacional recibió del Poder Ejecutivo el proyecto que viene a regular las bancas ubicadas en las cercanías de centros educativos, y dijo que éste responde a la creciente preocupación por su impacto en jóvenes y niños.
“Todos sabemos que ha habido una gran preocupación porque, por ejemplo, en las áreas donde están los centros educativos se encuentran al lado, al frente, a la izquierda, a la derecha, de una escuela, en cualquier esquina hay una banca de juego de azar, que, para esos jóvenes, no es lo más apropiado”, dijo.
Precisó que esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Hacienda para su estudio y se espera que sea tratado con agilidad, “a pesar de que la agenda legislativa está cargada con temas de mucha prioridad.
“Nosotros tenemos el compromiso de sacar proyectos que llevan décadas en el Congreso Nacional, como es el Código Penal, que asumimos el compromiso de ver cómo le damos salida en esta legislatura. Además de la Ley de Aguas de la República Dominicana y la reforma al Código Laboral, entre otras importantes iniciativas”, concluyó.
Santo Domingo. – Los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, serían juzgados no por cada victima, sino por un hecho, pese a que la tragedia dejó 235 muertos, de acuerdo con la abogada Carolina Morel.
Según la jurista, la calificación provisional otorgada por el Ministerio Público a este caso se basa en «un solo hecho»: el colapso del techo de la discoteca.
Carolina enfatizó que la interpretación común sobre la aplicación de las penas es errónea. «Muchas personas se preguntan que si esto es individual por cada víctima, situación que no es así, es por un solo hecho,» afirmó.
«El Ministerio Público le ha dado una calificación temporal por violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal, donde el más gravoso es el 319 que establece penas que oscilan entre tres meses a dos años,» explicó la abogada.