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Moreno: Jueces corte protegieron a Leonel
Guillermo Moreno emite su posición sobre el fallo de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo
SANTO DOMINGO.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, denunció que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue integrada en mayo para brindarle protección al ex presidente Leonel Fernández.
Recordó que el 31 de julio hizo de conocimiento público que ese tribunal había sido reestructurado con posterioridad a la querella para favorecer a Fernández.
En un documento público, Moreno advierte que persistirá en su propósito de enfrentar la impunidad y utilizar los medios que le brinda la ley para hacer que el Ministerio Público y los jueces “cumplan con su obligación de investigar y sancionar la corrupción. Ese es un compromiso del cual ni los corruptos, ni los jueces cómplices de ellos nos harán renunciar”.
El documento:
El texto íntegro del documento es el siguiente..
A la Opinión Pública Nacional
Posición de Guillermo Moreno sobre la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacionalque confirma el archivo de la querella contra Leonel Fernández y FUNGLODE.
“Lo primero que queremos denunciar es que dos de los cuatro jueces que decidieron el recurso de apelación en el que solicitamos la revocación del archivo de la querella contra el señor Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) estaban legalmente impedidos para conocer del mismo.
El día 31 de julio recién pasado hicimos de conocimiento público que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había sido reestructurada, con posterioridad a la querella que interpusiéramos contra el señor Leonel Fernández Reyna y la FUNGLODE, obedeciendo a la necesidad de estos denunciados de contar con una instancia bajo control del querellado a fin deagenciarse una decisión que le fuera favorable. El Presidente de esa Corte, el Magistrado Eduardo Sánchez Ortiz fue prácticamente tomado de la mano por el hoy Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial,Dr. Mariano Germán Mejía, a fin de ser ascendido al cargo que hoy ostenta, en desmedro de otros que ocupaban por más tiempo y con más méritos el rango de jueces de cortes de apelación. Conviene recordar que el Dr. Germán Mejía fue por años socio y abogado personal del Imputado, el expresidente Fernández.
•Contactos entre el Magistrado Sánchez Ortiz, jueces de la Suprema y el Señor Radhamés Jiménez Peña, coordinador de la defensa de los imputados.
Denunciamos también que habíamos recibido informaciones del entorno inmediato del Magistrado Sánchez Ortiz conforme las cuales, éste había sostenido contacto directo con el Dr. Radhamés Jiménez Peña, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el archivo de la querella. Que de igual manera, se había producido una reunión entre el Magistrado Sánchez Ortiz y los Magistrados Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, jueces de la Suprema Corte de Justicia y ex altos funcionarios de los gobiernos del expresidente Fernández.
Dada la gravedad de las informaciones obtenidas, presentamos una instancia en la que recusamos, al Magistrado Sánchez Ortiz por considerar que no estaba en condiciones de emitir una decisión imparcial y apegada al derecho. En dicha instancia solicitamos además que previo al conocimiento de la misma se ordenara a la compañía telefónica correspondiente, un reporte de las llamadas entrantes y salientes con sus respectivas celdas, del número 809-545-4124, usado por el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, a partir del 5 de julio de 2013 hasta el día 31 del mismo mes.
Otro elemento para sustentar la recusaciónfue el hecho de que, dentro del equipo de defensa de FUNGLODE y el señor Fernándezse encuentra el Licenciado Olivo Rodríguez Huertas, quien se ha desempeñado como defensor personal del Magistrado Eduardo Sánchez Ortiz con motivo de por lo menos uno de los juicios disciplinarios o quejas seguido contra dicho Magistrado.
También presentamos recusación en contra de la Magistrada Mariana Daneira García por su vínculo matrimonial con el Procurador General Adjunto, Ramón Arístides Madera Reyna. Esto en el entendido de que “el Ministerio Público es una parte interviniente en el proceso y que de hecho ha fijado una posición contraria alquerellante y recurrente. De tal manera que en la Magistrada García Castillo concurre un motivo grave que afecta su imparcialidad e independencia al tener un cónyuge que es parte de una entidad interesada en un resultado específico en este caso.
•Una sospechosa decisión
A pesar de estar recusados dos de los jueces que integran la Corte, se pronunciaron sobre el recurso de apelación bajo el sospechoso alegato de que el mismo había sido decidido tres horas antes de que se interpusiera la instancia de recusación. Hay que advertir a la opinión pública que este sospechoso alegato no se compadece con la información recabada en la Secretaría de esa Corte y conforme a la cual al momento de interponer la recusación no se había producido decisión alguna sobre el caso.
•Contradicciones e inconsistencias de la decisión sobre la recusación
Si efectivamente habían decidido el recurso unas horas antes de que se interpusiera la recusación, como aducen,la Corteestaba entonces desapoderada delrecurso y por tanto no podía como lo hizo abocarse a conocer dicha recusación, porque la misma solo tiene razón de ser en ocasión de un caso pendiente de decisión. Pero fue conocida y rechazada entrandoen consideraciones de fondo sobre sus méritos. Es el primer caso de que un tribunal que se considera desapoderado por haber fallado un caso, se considera con aptitud para decidir una recusación respecto de un caso ya supuestamente fallado.
Más grave aún es que se ignorara que las decisiones judiciales son efectivasa partir de su pronunciamiento público. Esto significa que la presentación de la recusación antes de que se hiciera pública la decisión presuntamente dada con anterioridad, aniquilaba dicha decisión. Por lo tanto, dicha decisión era jurídicamente inexistente y por tanto debió conocerse con todo rigor los méritos de la recusación y la solicitud de monitoreo del teléfono del Magistrado Sánchez Ortiz que se planteó en la misma.
Algo mucho más grave radica en el hecho de que de conformidad con el artículo 70.4 del Código Procesal Penal, la competencia para “conocer de la recusación de los jueces de Corte de Apelación” corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la decisión la tomaron los pares de los jueces recusados, en flagrante violación a la ley, cosa que por cierto, solo puede hacer el tribunal competente, luego de que el juez recusado admita la recusación, cosa que tampoco ocurrió en este caso.
En suma, para decidir como lo hizo, se han cometido muchas irregularidades que deslegitiman, aún más de lo que está el contenido mismo de la ratificación del archivo.
Les decimos a la ciudadanía que frente a una decisión como la evacuada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, queda confirmada la advertencia que hicimos en el sentido de que ese tribunal había sido integrado el pasado mes de mayo, para brindarle protección a Leonel Fernández respecto de la querella que interpusimos el 24 de enero de este año.
Anunciamos a la ciudadanía que es nuestro deber persistir en el propósito de enfrentar la impunidad y de utilizar todos los medios que nos brinda la ley para hacer que el Ministerio Público y los juecescumplan con su obligación de investigar y sancionar la corrupción. Ese es un compromiso del cual ni los corruptos, ni los jueces cómplices de ellos nos harán renunciar”.
Martes 13 de Agosto de 2013
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.