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Tribunal dijo que Wander Franco fue “presa seleccionada con desmedida avidez»
Santo Domingo, R.D.-Las pruebas presentadas durante el juicio permitieron demostrar que el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco sostuvo una relacion de naturaleza sexual con una adolescente, conducta que configuró el delito de abuso sexual y psicologico previsto en el articulo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, según el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata.
En la sentencia, los jueces reconocen que la adolescente negó durante una entrevista en cámara Gesell haber mantenido una relación afectiva o sexual con Franco, pero sostienen que esa versión quedó desvirtuada por un conjunto de pruebas directas e indirectas que corroboraron la acusación presentada por el Ministerio Público.
«Ha quedado demostrado con certeza la ocurrencia del abuso sexual y psicológico atribuido a Wander Samuel Franco Aybar«, establece el fallo de la sala integrada por el juez presidente José Antonio Núñez y las juezas Yenny Martínez y Prairie Ruiz, dado a conocer de manera íntegra este martes.
Los magistrados consideraron que la existencia de esos pagos resultaría «totalmente absurdo» si nunca hubiese existido un vínculo íntimo entre Franco y la menor.
«Existen indicios plurales, serios, graves, precisos, concordantes y convergentes, que le permiten concluir al tribunal más allá de toda duda razonable la participación de Wander Samuel Franco Aybar como autor de abuso sexual y psicológico», señala la decisión.
La sentencia sostiene además que Franco actuó con pleno conocimiento de que la ley prohíbe las relaciones sexuales entre un adulto y una persona menor de edad cuando existe una diferencia superior a cinco años.
«Confiado en su condición de figura pública, asumió erradamente que dicha posición le permitiría ignorar la norma penal sin enfrentar consecuencias jurídicas«, expresan los jueces.
El tribunal concluyó que el jugador inició una relación sexual con la adolescente consciente de su minoría de edad y que, aunque la relación era conocida y permitida por la madre de la menor, ello no lo eximía de la obligación legal de abstenerse de participar en ella.
El perdón judicial
Pese a declararlo culpable, el tribunal decidió eximir a Franco de cumplir una pena de prisión mediante la aplicación del perdón judicial contemplado en el artículo 346 del Código Procesal Penal.
Los jueces entendieron que existían circunstancias extraordinarias de atenuación, entre ellas que la pena prevista para el delito no supera los diez años de prisión y que el pelotero también fue víctima de extorsión por parte de la madre de la adolescente.
En uno de los apartados más llamativos de la sentencia, el tribunal afirma que Franco fue «una presa seleccionada con desmedida avidez», al pasar de pretendiente de la menor a proveedor de significantivas sumas de dinero para la también imputada Martha Vanessa Chevalier Almonte.
«Se han apreciado circunstancias inusuales en la comisión de la infracción cometida por el acusado Wander Samuel Franco Aybar, toda vez que en su condición de autor del abuso sexual y psicológico… por el hecho de haber tenido una relación sentimental y sexual con una persona en minoría de edad; pero a la vez, este acusado ha sido objeto de extorsión de parte de la madre de la menor de edad», argumentaron los jueces.
Según los magistrados, la relación sentimental inició en diciembre de 2022 y apenas semanas después comenzaron las transferencias económicas a favor de la madre de la adolescente. La sentencia destaca la coincidencia temporal entre esos encuentros y la entrega de dinero.
Los jueces también valoraron la juventud del pelotero al momento de los hechos, las consecuencias sociales, personales y profesionales derivadas del proceso judicial, así como las declaraciones de la propia adolescente, quien manifestó que Franco le proporcionaba apoyo económico para sus estudios.
La decisión sostiene además que la menor describió la relación como «consensuada» y que el acusado no representó una amenaza para ella, circunstancias que el tribunal tomó en cuenta para considerar que los fines reeducativos de la pena podían alcanzarse sin necesidad de imponer una condena privativa de libertad.
De denunciante a imputada
Respecto a Martha Vanessa Chevalier Almonte, el tribunal concluyó que exigió y recibió dinero a cambio de guardar silencio sobre la relación entre su hija y el pelotero.
La sentencia destaca la demora en la presentación de la denuncia, las conversaciones extraídas de teléfonos celulares y los mensajes enviados a través de intermediarios mediante los cuales reclamaba dinero y realizaba advertencias dirigidas a Franco.
«Ha quedado evidenciado que esta exigió y recibió sumas de dinero a cambio de su silencio con relación a la relación sentimental de su hija», indica el fallo.
Los jueces señalaron que las pruebas no permitieron configurar el delito de explotación sexual comercial de la adolescente, como sostenía inicialmente la acusación, sino una conducta de chantaje y extorsión destinada a obtener beneficios económicos.
El tribunal estableció que Chevalier mantuvo una actitud pasiva frente a la relación mientras recibía transferencias y otras entregas de dinero, utilizando incluso intermediarios para transmitir reclamos y advertencias al jugador.
Además, concluyó que la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el manejo de importantes sumas de dinero en efectivo sin una justificación económica lícita permitieron acreditar el delito de lavado de activos.
- La sentencia afirma que la acusada, «por su avaricia desmedida, pasó de denunciante a imputada«.
Sin posibilidad de perdón judicial
A diferencia de Franco, los jueces determinaron que Chevalier Almonte no podía beneficiarse del perdón judicial debido a que fue declarada culpable de lavado de activos, infracción castigada con penas de entre 10 y 20 años de prisión.
El tribunal también tomó en consideración que actuó voluntariamente, que se lucró económicamente de la situación de su hija y que le ocasionó un grave daño psicológico.
«Su comportamiento ha ocasionado un daño grave a su hija menor de edad, ha lesionado su integridad psicológica, atacando directamente su desarrollo«, concluye la sentencia.
Por esas razones, el tribunal le impuso una condena de diez años de prisión y el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos, al tratarse de la pena mínima prevista para el delito más grave retenido en su contra.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.