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Todos los imputados en el caso Odebrecht serán condenados, según lo espera MP.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público dijo estar confiado en que el tribunal que conoce el caso Odebrecht hará justicia con la imposición de condenas en contra de todos los procesados
“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo Ortiz, quien funge como coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) .
En relación con la suspensión del juicio hasta el próximo 30 de septiembre, Ortiz explicó que se produjo para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo, que debe darse en 10 días tras terminar sus participaciones los imputados.
“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.
Explicó que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.
“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la Covid-19, y luego la reactivación de los tribunales, pues fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.
La fiscal de la Pepca dijo que el proceso se encuentra en la declaración final de los imputados, “en la que, de acuerdo a la ley, la costumbre y a la doctrina, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al tribunal y obviamente hablan desde su punto de vista”.
En torno a las penas solicitadas, explicó: “Las sentencias son las que acuerdan la ley; lamentablemente, todos sabemos que tenemos un Código Penal que ha dado mil y una vueltas en el Congreso, que no ha sido aprobado y, para ciertos tipos penales, y de acuerdo con la participación de los implicados, pues el Ministerio Público no puede pedir sanciones mayores a las previstas en la norma”.
En la audiencia de este lunes, que se inició alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de un receso de 10 minutos, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, escucharon a los imputados, quienes se dirigieron al tribunal con su defensa material frente a su participación en los US$92 millones en supuestos sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.
El primero en presentar sus argumentos fue Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, seguido de Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y luego continuó el expresidente del Senado Andrés Bautista García.
En horas de la tarde, previo a socialización con las partes, las juezas dispusieron la suspensión del juicio hasta el próximo jueves 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, para recibir las manifestaciones finales de los restantes encartados en caso de que deseen dirigirse al tribunal.
En la próxima audiencia expondrían los imputados Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.https://www.ad-sandbox.com/static/html/sandbox.htmlTags
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.