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Todos los imputados en el caso Odebrecht serán condenados, según lo espera MP.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público dijo estar confiado en que el tribunal que conoce el caso Odebrecht hará justicia con la imposición de condenas en contra de todos los procesados
“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo Ortiz, quien funge como coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) .
En relación con la suspensión del juicio hasta el próximo 30 de septiembre, Ortiz explicó que se produjo para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo, que debe darse en 10 días tras terminar sus participaciones los imputados.
“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.
Explicó que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.
“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la Covid-19, y luego la reactivación de los tribunales, pues fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.
La fiscal de la Pepca dijo que el proceso se encuentra en la declaración final de los imputados, “en la que, de acuerdo a la ley, la costumbre y a la doctrina, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al tribunal y obviamente hablan desde su punto de vista”.
En torno a las penas solicitadas, explicó: “Las sentencias son las que acuerdan la ley; lamentablemente, todos sabemos que tenemos un Código Penal que ha dado mil y una vueltas en el Congreso, que no ha sido aprobado y, para ciertos tipos penales, y de acuerdo con la participación de los implicados, pues el Ministerio Público no puede pedir sanciones mayores a las previstas en la norma”.
En la audiencia de este lunes, que se inició alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de un receso de 10 minutos, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, escucharon a los imputados, quienes se dirigieron al tribunal con su defensa material frente a su participación en los US$92 millones en supuestos sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.
El primero en presentar sus argumentos fue Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, seguido de Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y luego continuó el expresidente del Senado Andrés Bautista García.
En horas de la tarde, previo a socialización con las partes, las juezas dispusieron la suspensión del juicio hasta el próximo jueves 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, para recibir las manifestaciones finales de los restantes encartados en caso de que deseen dirigirse al tribunal.
En la próxima audiencia expondrían los imputados Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.https://www.ad-sandbox.com/static/html/sandbox.htmlTags
Santo Domingo, R.D.-Esta tarde estuvo supuesto a conocerse por parte de la jueza que maneja el caso seguido al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno la medida de coercion que se le impuso en virtud de lo que dispone la ley sobre la materia.
La magistrada Nancy Joaquín fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de dicha revisión, la cual fue presentada por el abogado Valentín Medrano, quien encabeza la defensa del fiscal.
Se recuerda que el pasado mes de mayo, la jueza Isis Muñoz impuso contra Valdez Alcántara la medida de prisión preventiva por un espacio de tres meses.
Dicha medida fue dictada por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, tras acoger un pedimento del ministerio público y de rechazar varios incidentes presentados por la defensa del encartado.
Las imputaciones
El Ministerio Público acusa e al fiscal de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conforme a las investigaciones del órgano persecutor, Valdez Alcántara presuntamente exigió a Pedro Canaán, testigo en caso Senasa, la suma inicial de 200,000 dólares.
Tras una negociación, el monto fue reducido a US$150,000. Asimismo, el expediente señala que el imputado mostró interés en obtener un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Santo Domingo, R.D.-Se apartó del caso del Jet Set la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional por alegadamente tener vínculos con una de las victimas de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y que dejó más de 180 heridos en abril del 2025,
Tras declararse la inhibición, la jueza dispuso la remisión inmediata del expediente a la presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional, para que valore la inhibición y designar a un nuevo magistrado que asuma el control del juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El tribunal había sido apoderado del caso el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, la magistrada tomó la decisión fundamentada en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, el cual faculta a los jueces a inhibirse cuando exista una amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con alguna de las partes involucradas en el proceso.
Explicó que entre las personas fallecidas en el siniestro se encontraba su entrañable amiga, Margarita Herminia Robles Reyes (identificada como la víctima número 49 en la acusación). Sostiene que estaba íntimamente ligada emocionalmente tanto a la víctima fallecida Margarita Herminia Robles Reyes, como a sus familiares.
“No nos sentimos en condiciones de conocer dicho proceso con absoluta imparcialidad, por haber desarrollado un vínculo afectivo profundo, y mi corazón haberse lacerado con ambas muertes«, manifestó la magistrada.
Asimismo, relató el fuerte impacto colateral del suceso. La madre de la víctima, Margarita Reyes —quien además era su colega y amiga—, se encontraba en un delicado estado de salud y falleció poco tiempo después debido al agravamiento de sus dolencias provocado por la pena.
La magistrada confesó haber sido el «hombro en que su madre se apoyó para juntas llorar su muerte», llegando incluso a vestir el cadáver y asistir de cerca a la familia.
Afirmó que los procesos judiciales no solo deben ser justos, sino también parecerlo, por lo que apartarse busca preservar la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema.
Santo Domingo, R.D.-Regresaron este lunes 65 personas que permanecían en las zonas afectadas por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela a bordo de un vuelo humanitario organizado por el Gobierno dominicano.
La aeronave de la línea aérea dominicana Sky High aterrizó a las 5:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, procedente del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela.
A su llegada, los viajeros fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), así como por representantes de distintas instituciones civiles y militares, quienes coordinaron el proceso de asistencia y recepción de los dominicanos que lograron abandonar las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
La operación fue realizada por instrucciones del presidente Luis Abinader, en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de las acciones desplegadas por el Gobierno dominicano para brindar asistencia a sus ciudadanos residentes o de visita en las áreas impactadas por los sismos.
Los terremotos, ocurridos el pasado 24 de junio, provocaron una emergencia nacional en Venezuela, dejando a su paso cientos de víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas, edificios públicos, carreteras y otras infraestructuras, situación que motivó la puesta en marcha del operativo de evacuación de ciudadanos extranjeros, entre ellos dominicanos.
El vuelo humanitario fue habilitado con el propósito de facilitar el retorno oportuno de los nacionales que solicitaron ayuda para salir de las zonas afectadas, utilizando un avión comercial con capacidad para 90 pasajeros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los dominicanos interesados en acogerse a este programa de retorno deben acreditar su identidad mediante la presentación de su cédula de identidad y electoral o de un pasaporte dominicano vigente.
Asimismo, explicó que aquellos connacionales que hayan extraviado sus documentos personales o no dispongan de ellos recibirán asistencia de una delegación de la Junta Central Electoral (JCE), que inició labores a partir de este martes 30 de junio para facilitar los procesos de identificación y documentación, permitiéndoles regresar al país en vuelos humanitarios posteriores.
Con la llegada de este primer grupo de repatriados, las autoridades dominicanas no descartan la realización de nuevas operaciones aéreas humanitarias en los próximos días.