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Depositan solicitud de coerción contra regidor y mujer implicados en red de narcotráfico y lavado de activos.
San Pedro de Macorís.- Fue depositada por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de San Pedro de Macorís, la solicitud de medida de coerción en contra del regidor de este municipio, Walky Cuevas Charles y de Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, por su participación en la red de narcotráfico y lavado de activos liderada por el acusado Yúnior Santos Restrepo.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público ha pedido al tribunal la imposición de ocho meses de prisión preventiva para ambos imputados y la declaratoria de complejidad en el proceso.
En el escrito del Ministerio Público, elaborado mediante el resultado de la investigación encabezada por titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, junto a los fiscales Manuel Santiago Castro Lora, junto a la fiscal titular Interina de la Fiscalía De San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo Torre, al procurador de corte , Manuel Santiago Castro Lora y al fiscalizador José Manuel Calzado, Cuevas Charles y de Astacio participaban activamente en las actividades de lavado de activos de dicha red criminal.
Ambos imputados utilizaban las ganancias obtenidas por dicha actividad ilícita, bajo las órdenes de Santos Restrepo, quien cumple prisión preventiva y a quien el órgano persecutor presentó acusación formal el pasado 16 de abril, para adquirir bienes muebles e inmuebles lujosos y de alto costo, así como también, para constituir negocios con los cuales dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilícita.
Dentro de las acciones ejecutadas por Cuevas Charles con esta red delictiva, la cual introdujo al sistema económico nacional más 300 millones de pesos, está el transportar considerables cantidades de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico, por instrucciones Santos Restrepo los cuales entregaba a la madre de este, la fugitiva Diana Patricia Restrepo Nader.
Cuevas Charles también se encargó de adquirir, con dinero proveniente de actividades de narcotráfico, bienes y activos en provecho del Santos Restrepo y sus familiares, así como transformar parte de los fondos adquiridos en otros activos, específicamente vehículos que posteriormente entregaba al acusado.
En cuanto a Astacio, tenía entre sus responsabilidades recibir en los Estados Unidos el dinero procedente de la venta de drogas y sustancias controladas, el cual transfería a la República Dominicana, a Santos Restrepo o de terceros, para que este fuera utilizado por la organización criminal.
Astacio también intentó ocultar, en beneficio y provecho del acusado Santos Restrepo, bienes que ya han sido incautados por el Ministerio Público.
Las autoridades también recolectaron evidencias incriminatorias en los allanamientos realizados en las viviendas de ambos imputados.
El Ministerio Público ha dado la calificación jurídica provisional, por la participación en un grupo de crimen organizado, lo cual está tipificado y sanción en el artículo 4 letra E, 5-A, 6-A, 7, 75 Párrafo II Y 85 letras a, b y c, de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, en la categoría de traficantes, así como el artículo 2 numeral 26, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 4 numerales 7 y 9 y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, tipifica y sanciona el tipo penal de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige por un Reglamento de la institución para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.
Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.
El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.
- Activan Operación Pandora contra red criminal de policías
Puntos clave del reglamento
1. Asignación y control de armas:
El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.
2. Responsabilidad y sanciones:
En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.
3. Auditorías y supervisión:
Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).
4. Custodia y almacenamiento seguro:
Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.
5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción
Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.
Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.
6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas
El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.
De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.
Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.
7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas
La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.
El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.
8. Sanciones por negligencia o alteraciones
El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.
Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.
9. Transparencia en los informes semestrales
El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.
Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.
Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas
El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.
Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:
– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.
Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.
– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.
Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.
– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.
Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.
Santo Domingo, R.D.-Con el supuesto propósito de evitar la suplantación de identidad la Dirección General de Migración informó este lunes que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país.
«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identificad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.
El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».
«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.
La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.
«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros«, dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.
Además del pasaporte y ahora la cédula, los dominicanos que tienen planificado salir del país deben llenar el formulario digital E-ticket y presentar el código QR que se genera en el aeropuerto. Este también es requerido para entrar.
Este formulario es un requisito tanto para nacionales como extranjeros, el mismo debe ser llenado en un portal autorizado por el gobierno dominicano.
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El TC Tribunal declara constitucional acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos
Santo Domingo, R.D.-A través de una sentencia evacuada este lunes el Tribunal Constitucional declaró constitucional el acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos, el cual promete “abaratar” los precios de los tickets aéreos y ampliar las operaciones de las aerolíneas de ambos países.
El pasado 2 de agosto, el ministro de Turismo, David Collado firmó el acuerdo con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, en el Palacio Nacional.
Tras la declaración, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional.
La sentencia solo contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, donde explicó que el contenido del acuerdo “excluye el contenido de la soberanía” lo que significa que en este no se reconoce, implícitamente, que República Dominicana “tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio”.
Durante la firma el pasado agosto, el mandatario dominicano afirmó que el acuerdo es un paso para el fortalecimiento de nuestras conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
«Gracias a este acuerdo los viajeros y transportistas tendrán acceso a amplia gama de opciones de servicios. Las aerolíneas podrán ofrecer no solo tarifas competitivas, sino también servicios que respondan a las diversas necesidades de los ciudadanos y de nuestros visitantes. Se conectarán más puntos con mayores frecuencias y sobre todo con mejores precios», dijo